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Chiclana

Freno a las renuncias por el incremento de precios

  • El Ayuntamiento encuentra la fórmula para renegociar las adjudicaciones

Maquinaria en las calles de Chiclana para unas obras de asfaltado, en una imagen de archivo.

Maquinaria en las calles de Chiclana para unas obras de asfaltado, en una imagen de archivo.

El incremento de los precios como consecuencia de la guerra de Ucrania ha puesto en jaque a las administraciones locales. Las empresas adjudicatarias amenazan con no asumir los contratos de obras que habían sido adjudicados ante una realidad innegable: los materiales cada vez son más caros y la viabilidad de algunas licitaciones es cada vez más limitada.

El Ayuntamiento de Chiclana ha intentado poner fin a esta situación utilizando una herramienta aprobada por el Gobierno de España y actualizada y ampliada por la Junta de Andalucía recientemente: la revisión de precios de sus contratos por el aumento del precio del material.

“Nos hemos acogido al decreto de la Junta que permite modificar los precios también a los ayuntamientos”, explica Mari Ángeles Rico, concejala de Participación Ciudadana, Obras y Servicios y Tercera Edad.

El equipo de Gobierno ha lidiado con varias empresas que en los últimos meses advertían de la dificultad de asumir los precios pactados en un primer momento ante el aumento del precio de los materiales.

Dos de ellas siguen en espera. Es el caso de la adjudicación de un concurso para acerado y mantenimiento del viario público, en el que “la empresa no quería firmar porque había subido mucho el precio”, y el de una subvención de Diputación valorada en 300.000 euros para reparaciones de asfalto, donde “la compañía también solicitó esa revisión de precio”. En este último caso, las obras llevan cuatro meses de retraso por este motivo.

La moción de urgencia aprobada en el Pleno de este jueves permitirá sacar adelante estos proyectos, así como otros que encuentren las mismas dificultades. Los técnicos municipales preparan un modelo de documento con el que el Ayuntamiento se acogerá al citado decreto y podrá llegar a un acuerdo con las empresas afectadas.

No es una carta blanca, ni mucho menos. Las modificaciones de precios de los materiales –no se contemplarán otros aspectos del contrato como los salarios– no podrán ser superiores al 20% y Urbanismo comprobará que la empresa aporta la justificación necesaria. Además, es el Ayuntamiento el que decide en última instancia si amplía los fondos que aporta a la empresa dependiendo del presupuesto del que disponga.

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