Daniel Doña, gerente de Cadiz4Rentals, que gestiona actualmente el 10% de las viviendas con fines turísticos registradas en Cádiz, reconoce que el incremento ha sido grande, tal y como apunta el informe encargado por el Ayuntamiento, con el que colaboraron, y que las cifró en septiembre pasado en 1.224. Pero matiza que el número de viviendas inscrito en el registro de la Junta ta de Andalucía es mayor que las disponibles en la actualidad porque muchos de sus propietarios se han vuelto o se han integrado en el mercado de alquileres de larga estancia a partir de la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos del pasado mes de marzo y no las han dado de baja para no perder la autorización.

Esa modificación permite desde entonces que una comunidad de propietarios no permita el establecimiento de una vivienda turística con 3/5 de los votos y de participación, pero no con carácter retroactivo, de manera que las que lograron licencia antes no pueden perderla, aunque se dediquen los dos próximos años al alquiler residencial o de larga estancia.

Doña sostiene que el mercado está regulando los alquileres de viviendas turísticas y que “ya hay más oferta que demanda, de forma que, ahora, en plena temporada baja, sólo se alquilan las mejores, las más grandes y las que ofrecen un atractivo singular”.

Daniel Doña calcula que la demanda en temporada alta, es decir, en verano, da para ocupar unas 1.100 viviendas, mientras que en temporada baja sólo da para aproximadamente unas 700.

“Esta actividad tiene futuro y es un beneficio para la ciudad”, afirma el director de Cádiz4Rentals. “Hay que verlo como una oportunidad. Sólo hay que comprobar la repercusión económica que recoge el informe de Urbanismo: unos 60 millones de euros sólo en 2018. A eso hay que sumar los ingresos indirectos y los que hacen vía impuestos. Entre un 35% y un 40% de los ingresos de una vivienda turística se va en tributos y en pagos a proveedores locales, en el caso de que tengan contratado servicio de limpieza. Es decir, revierten en la ciudad mientras que el 100% de sus ingresos vienen de fuera. En otros casos, quizá la mayoría, son fuentes de autoempleo”.

Daniel Doña afirma que “se equivocan quienes sostienen que prohibiendo las viviendas turísticas va a haber más oferta de alquiler y a mejores precios en Cádiz”. Argumenta que “más de la mitad de los propietarios son de fuera, a veces de otros países, y esa fórmula es la única que tienen si quieren disfrutar de ella uno o dos meses al año. Esa flexibilidad, la inseguridad ante los impagos, los riesgos de que haya daños, es lo que hace que se decanten por ella: No hay impagos porque se cobra por adelantado y las estancias son cortas, de manera que no hay deterioro”.

“Es injusto que se condene a las viviendas con fines turísticos por que no haya alquileres, cuando eso sucede desde hace 50 años: Por falta de suelo, porque hay muchas viviendas vacías –también públicas– y porque no se construyen de protección oficial. No es justo que se culpabilice a los propietarios de mil viviendas que generan riqueza, empleo y pagan más impuestos que los demás”, concluye.