Los usuarios de la lonja pesquera impugnan la concesión del servicio

Las empresas Barreiropesca, la Sociedad Marítima de Estiba de Cádiz y Aprosur han impugnado, en primera instancia, ante la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz parte del articulado que ha regulado el desenlace de la concesión del servicio de gestión y explotación de la lonja pesquera de Cádiz. De momento, las citadas firmas privadas han procedido a la reclamación previa a la demanda civil con el objetivo de lograr que se anulen parcialmente las cláusulas quinta y sexta del contrato de gestión en lo relativo a la contratación civil de aquellos servicios generales que implican un ejercicio de autoridad propio únicamente para entes públicos y no privados.

Los reclamantes consideran que en el contrato firmado entre la APBC y la DAP, empresa que ha conseguido la concesión de la lonja pesquera de Cádiz, incluye una serie de tareas hasta ahora desarrolladas por empresas privadas.

Alejandro Barreiro, portavoz del colectivo demandante, considera que "el concurso se ha confeccionado a medida de la DAP". Para colmo, Barreiro denuncia que la resolución del concurso salió a mediados de agosto, en medio de un periodo vacacional, que le restó información pública al proceso.

Barreiropesca, la Sociedad Marítima de Estiba de Cádiz y Aprosur consideran que el contrato otorga una serie de poderes a la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP) que vulneran el principio de subsidiariedad y de libre competencia.

Hasta el día de la licitación, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz era el ente que asumía la titularidad de la lonja. Hasta entonces, la subasta y la comercialización del pescado fresco se llevaba a cabo por las firmas ahora reclamantes. A partir de la licitación, la APBC ha encomendado a la DAP el cien por cien de la gestión y la explotación de la lonja, quedando Barreiropesca, la Sociedad Marítima de Estiba de Cádiz y Aprosur, sin apenas sentido social y económico al quedar desligados del servicio que antes prestaban en la lonja de Cádiz.

Pero este no sería motivo suficiente. Los reclamantes encargaron a los servicios jurídicos que investigaran la validez de dos de las cláusulas del contrato que harían alusión a la casi omnipresencia de la DAP y a la contratación en favor de una empresa pública servicios generales que "implican ejercicio de autoridad", según aparece en el documento de reclamación remitido a la APBC. En el caso, según Barreiro, de que no reciban respuesta a su impugnación, pasarían a la vía jurisdiccional. En el documento que obra en manos de Diario de Cádiz, Barreiropesca, la Sociedad Marítima de Estiba de Cádiz y Aprosur piden, como medida preventiva la suspensión de la ejecución del contrato.

Además, la parte reclamante se reserva otra vía dado que en fechas próximas la DAP se convertirá en una Agencia de Régimen Especial en cumplimiento del Decreto-ley de la Junta de 27 de julio, extremo que aprovecha para insistir en que es otro motivo para anular el contrato establecido entre la APBC y la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP). Creen que el contrato firmado impide este tipo de subcontratación, según Barreiro.

Alejandro Barreiro, en nombre de los reclamantes, denuncia que la APBC "le ha puesto barra libre a la DAP y le ha facilitado 1.700.000 euros para que ellos exploten la lonja imponiendo su modo de trabajar y anulando a las navieras y vendedurías el poder de elegir a sus compradores".

El contrato al que se ciñe la concesión habilitaría a la DAP a proceder a la informatización de las subastas, restándole al proceso la intervención de algunas empresas que hasta ahora se dedicaban a esa labor.

De todas formas, las firmas reclamantes no descartan, si la APBC no procede positivamente a su favor , marcharse de Cádiz a otro puerto donde puedan ejercer su actividad. "Pero lo peor es que nos da la sensación que ese es el objetivo final de toda esta trama: asfixiarnos a todos de manera que Cádiz pierda del todo su actividad pesquera".