La Asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz (Apdh) ha elaborado un extenso informe sobre la situación y el funcionamiento de los servicios sociales dependientes del Ayuntamiento. El documento se registró en San Juan de Dios el pasado viernes dirigido al alcalde, José María González. A la vez, la asociación ha trasladado una carta al defensor del pueblo sobre este mismo asunto.

El informe es contundente, muy contundente, demoledor, con la política social del gobierno de Podemos y Ganemos. Un auténtico mazazo a la coalición de izquierdas pues procede de una entidad ciudadana progresista, muchos de cuyos miembros son simpatizantes o militantes de las formaciones hoy en el gobierno de la ciudad. Y termina con una reflexión igualmente contundente y que toca de lleno a la línea de flotación de la propia Concejalía a cuyo frente está Ana Fernández, a la que consideran que no es la persona adecuada para seguir en este cargo: "el panorama es verdaderamente inquietante e insostenible. Y, en nuestra opinión, todo ello descalifica a la actual dirección para seguir intentándolo. Además, parece evidente que el apoyo del conjunto del gobierno a la gestión y a la solución de los problemas de los servicios sociales puede calificarse de prácticamente nula. El tiempo se acaba y así no se puede seguir. La dignidad de quienes necesitan de la atención de los servicios sociales, no puede continuar siendo ignorados".

Aunque desde el minuto cero del actual gobierno, y antes en los debates ciudadanos previos a las elecciones municipales de 2015, Derechos Humanos siempre ha estado al frente de las reivindicaciones relacionadas con los grandes problemas de la ciudad, especialmente los servicios sociales y la vivienda, las imágenes de las últimas semanas con decenas de personas ante la sede de la concejalía en la calle Zaragoza esperando durante horas para conseguir cita con las trabajadoras sociales, ha encendido aún más las alarmas en esta organización.

Así, se tiene claro que estas colas son ejemplo "de la falta de capacidad para gestionar la situación". Tras evidenciar que la forma de dar cita en la etapa del PP. también era deficiente, se considera que ahora se ha empeorado, lo que ha provocado "que se hayan producido las denigrantes colas ante las puertas de Servicios Sociales, ante las que muchas personas han tenido que pasar la noche para conseguir la cita con su trabajador social. Colas que al suspenderse el sistema en los últimos días han desaparecido de la calle Zaragoza, pero que hemos visto como en otros centros se ha reproducido".

Todo ello ha provocado, según el análisis de Derechos Humanos, "un trato indigno a nuestros conciudadanos que se agrava cuando el primer filtro se realiza a través de guardias de seguridad, que ni tienen la formación ni es su función la atención a las personas, la cual la realizan de forma poco adecuada, desabrida y con criterios más de orden que de atención social. Resultado: un trato indigno a nuestros ciudadanos, que han tenido que recurrir a situaciones denigrantes, como apuntar su número en la muñeca".

El documento hace un recorrido por lo que consideran que son problemas esenciales para los servicios sociales, sobre la base del importante incremento que en estos años se ha experimentado en cuanto al número de personas atendidas en las dependencias municipales.

Falta de personal: Esta situación "no sólo está afectando a la atención ciudadana, sino que está pasando factura a los profesionales que soportan diariamente mucha presión y ello provoca desánimo, desorientación y deterioro de su salud física y mental, disparándose en 2016 los días de baja labora, hasta el punto de que algunos trabajadores cogen vacaciones no remuneradas para sobrellevar la situación".

Aquí, aunque se recuerda el despido de 24 trabajadores sociales durante la última etapa del gobierno del PP, se deja claro que pasados dos años de gobierno de izquierdas esta situación "todavía no se ha solventado".

Falta de medios y recursos:Se critica la existencia de equipos técnicos e informáticos "obsoletos" que "más que facilitar la gestión ralentizan la labor diaria". Hay razones externas que pueden justificar esta situación, como la falta de ayudas de la Junta, la deuda heredada y las limitaciones inversoras impuestas por el gobierno central, pero Derechos Humanos recuerda que el compromiso del Ayuntamiento de dar "prioridad máxima en los presupuestos para fines sociales, está lejos de ser observados. Comprendemos que son muchas las tensiones e intereses contrapuestos a atender en una ciudad, pero insistimos en la prioridad máxima". Aquí se lanza un dardo contundente al mencionar el esfuerzo del gobierno de José María González a la hora de rebajar la deuda bancaria: "Aquí la prioridad es la deuda y se dedican partidas a temas que no deberían ser atendidos en detrimento de los servicios sociales en la situación que se está viviendo".

Infraestructuras:Se constata que las de la delegación en la calle Zaragoza son insuficientes y no están preparada para la atención de las personas. "Naturalmente buscar otro espacio más adecuado choca con una cierta filosofía por la que da la impresión de que se destinan los espacios más nobles de la ciudad a los temas más nobles entre los que no está, claro, el atender a las personas desfavorecidas".

Se supone que todos estos déficit debían tener su solución a través del Plan Estratégico que se está redactando desde hace meses que, constata Derechos Humanos, está incumpliendo los plazos de redacción, además de utilizarse para el mismo una metodología insuficiente y contar con unos objetivos poco definidos: "resultado que puede ser un fiasco", aunque sobre todo ello ya se advirtió en su día por la propia Apdh al mismo gobierno local.

Aunque sí se destacan aspectos ya conocidos del documento municipal, también se hace notar la ausencia de análisis de problemas de gran gravedad como la existencia de pobreza externa en nuestra localidad. "Cuánta hay, cuál y dónde se concentra", se pregunta. Por todo ello se teme que al final del Plan Estratégico acabe siendo "una modesta reordenación de los servicios sociales", sobre todo cuando se recuerdan los diversos planes que se han elaborado en los últimos años, incluida la etapa del PP, y que han quedado en meros papeles.

En este sentido la preocupación de Derechos Humanos es aún más evidente cuando se habla del problema de las personas sin hogar. "El compromiso del gobierno de activar un protocolo de actuación urgente para personas sin hogar que garantice la cobertura de sus necesidades básicas, ha quedado olvidado". Se menciona la muerte de algunos ciudadanos en la vía pública y aunque se advierte que "no nos atreveríamos a afirmar que fruto de este olvido se han originado" estas muertes, "también es cierto que esas muertes deberían de habernos llevado ya, sin más dilaciones, a la reflexión y sobre todo a la acción".

"Se ha intentado desactivar en la práctica la mesa de Personas sin Hogar, no se activan o se hacen mal los protocolos de frío. Sobre el Centro de Baja Exigencia no sabemos que estén previstas partidas presupuestarias para ponerlo en marcha, se han producido desalojos cuestionables de personas sin hogar. Y sobre la puesta en marcha de equipos de atención de calle, seguimos sin noticias.

"El panorama es verdaderamente inquietante e insostenible", concluye el extenso informe de Derechos Humanos. Algo más que un toque de atención sobre el que iba a ser uno de los pilares de la acción de gobierno de la coalición entre Podemos y Ganemos.