El desalojo de la Corrala se ha hecho con tanto ruido como se produjo la ocupación ilegal que tuvo lugar en los primeros días de enero de 2015. En Sevilla se había hecho famosa la Corrala Utopía, que había sido desalojada poco tiempo antes y donde las 22 personas no estaban dentro del baremo de exclusión social del Ayuntamiento de Sevilla. Incluso, los integrantes rechazaron pisos que le ofreció la entidad bancaria propietaria de los edificios en municipios cercanos a la capital.

En Cádiz la situación que se ha dado ha sido distinta. Dinero, 5.000 euros, a cambio de marcharse y dejar libre para el fondo de inversión que se hizo con la propiedad los 28 pisos.

Este inmueble pertenecía a una promotora gaditana que no pudo rematar su construcción cuando estaba ya casi terminada en plena crisis económica, que afectó de lleno a la construcción. Un banco embargó el edificio y se convirtió en un atractivo para la ocupación ilegal. Y eso fue lo que pasó en los primeros días de enero de 2015, en plena efervescencia política, con el caldo de cultivo de los indignados y con la presión de nuevos partidos como Podemos.

Aunque en la Corrala no había ningún tema político, sino simplemente la ocupación ilegal de unas viviendas de familias que tenían problemas para acceder a un piso, sí hubo una utilización partidista y política de presión hacia el entonces Gobierno de Teófila Martínez.

Los partidos intentaron aprovechar una situación en una época en las que los plenos se convirtieron en un rosario de protestas unas detrás de otras con Inmaculada Michinina, la vendedora del rastrillo dominical, como máximo exponente.

En ese período unos y otros empezaron a hablar un día tras otro de la Corrala y en aventurar posibles soluciones o exigencias tanto a la propiedad como al partido que estaba en el Ayuntamiento, de manera que las familias se vieron en la primera línea informativa mientras iban escuchando cantos de sirena de unos y otros, cuando realmente lo único que se podía hacer era atenderlos desde los servicios sociales porque el edificio era propiedad privada. A lo sumo se podría interceder ante la entidad bancaria.

El cambio se produjo en el mes de junio de 2015 y la primera imagen pública del nuevo equipo de Gobierno de Podemos fue la de sus concejales tratando de parar un desahucio sin éxito ante la autoridad de una orden judicial. Poco después intentaron cambiar la cosas hasta donde les llegaba sus competencias y activaron un protocolo antidesahucio donde poder intervenir con las familias afectadas antes de que se llegara al momento del desalojo.

En el caso de la Corrala desde el gobierno local de Kichi se dieron de bruces con la realidad y sus competencias sólo se podían limitar a asistir a las familias que estaban dentro del edificio a través de los servicios sociales y al intento no correspondido de hablar con la propiedad para tratar de llegar a alguna solución parcial.

La Corrala empezó con unas familias y a lo largo de los años fueron saliendo unas y entrando otras. Los problemas allí dentro empezaron a estar a la orden día y la propia Policía Nacional empezó a poner el foco en este edificio, que empezaba a ser frecuentado por toxicómanos en busca de su dosis diaria porque en una de las viviendas se trapicheaba con estupefacientes. Otra intervención se produjo con una pelea entre dos vecinos que acabó con gente ingresada y la muerte unos días después de uno de los intervinientes en la misma.

Los vecinos de la zona alertaban de los problemas que estaba dando esta corrala con algunos de los últimos ocupantes. Finalmente toda la historia ha acabado con 5.000 euros en una solución que se está dando en algunos puntos de España, donde los inversores prefieren pasar por caja antes que esperar a una justicia lenta.