Cada vez resulta más difícil comprar un medicamento en una farmacia sin la correspondiente receta médica. La progresiva legislación del Gobierno ha ido estrechando el cerco a la compra de medicinas hasta lograr que la receta sea una herramienta imprescindible para hacerse con unas pastillas o un jarabe. La medida, no siempre bien entendida por el usuario, persigue acotar la peligrosa automedicación y también evitar una mala utilización posológica de estos medicamentos. Alberto Virués, secretario del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, ahonda en los objetivos de una medida que el sector comparte por necesaria y garantista de la salud pública, pero también revela algunas reivindicaciones del colectivo para mejorar aún más el sistema vigente desde la información a los ciudadanos y el uso de las nuevas tecnologías.

Los farmacéuticos están siendo, sin duda, el gran parapeto de esta estricta  medida. Quienes están tras el mostrador en una oficina de farmacia saben que la primera protesta del usuario la reciben ellos, aunque como señalar Alberto Virués no se cansarán de explicar el asunto: “Hay que asumir que este sistema es así. Además después de lo que hemos pasado con la pandemia, nos hemos dado cuenta de los errores y de la falta de información que hay sobre el uso racional del medicamento, así que todavía estamos más convencidos”.

Y es que los últimos estudios realizados arrojan preocupantes cifras de automedicación, en ocasiones favorecidas por las dificultades que los pacientes han tenido para acceder al médico en estos dos últimos años. A ello se une lo que se conoce profesionalmente como un problema de adherencia a la medicación, que consiste en no cumplir a rajatabla la posología marcada por el médico: saltarse conscientemente alguna toma o hacer un descanso farmacológico en el que, de manera arbitraria, se opta por no tomarse durante algunos días una medicación. Virués afirma que “la automedicación y la adherencia suponen un problema de salud pública y de seguridad para el paciente”, por lo que las autoridades sanitarias estrechan la normativa: “Entonces se establece un filtro más exhaustivo sobre la obligación de la receta médica, que lo entendemos en base a dos oportunidades: acotar la automedicación y el problema de salud pública y en base a una mayor información para que el paciente decida tomar la mejor decisión ante el medicamento”.

Cada paciente, cada usuario de farmacia, reacciona de una forma distinta a la negativa del farmacéutico a dispensar algún medicamento de receta obligatoria. La casuística es, de hecho, variada, aunque Virués señala que cuando se explica, hay un buen número de personas que lo ven coherente; aunque hay otras que rechazan la prohibición sin que logren ser convencidas de la peligrosidad de medicarse o de, simplemente, la necesidad de pedir una cita a su médico para que valore sus síntomas y les prescriba el tratamiento que necesitan.

En este punto radica uno de los problemas que surgen con la receta obligatoria: la dificultad manifiesta de lograr pronto una cita para el médico de familia, un defecto del sistema público de salud en la atención primaria que se agravó con la pandemia.

Virués recuerda en este punto un par de sistemas puestos en marcha durante la pandemia, una dispensación excepcional de medicamentos muy estricta, con determinados requisitos, y la llamada consulta administrativa con el centro de salud: “Se consiguió un acuerdo con el SAS donde, por un lado, existían las consultas administrativas dentro del propio centro de salud, y no tenías que pasar por el médico sino que directamente el administrativo le pasaba la información al médico y te podía realizar la renovación del tratamiento. Y también, en casos puntuales, se puso en marcha la dispensación excepcional, destinada por ejemplo a un paciente crónico con más de tres meses de tratamiento y con el cumplimiento de una serie de requisitos; entonces, la farmacia estaba autorizada a proporcionarle la medicación, y tenía la misma burocracia que una receta para su cobro. Para esos casos tenemos esa herramienta que sigue estando activa y que sigue resolviendo problemas”.

Para entender el sistema de receta obligatoria, es necesario distinguir entre los medicamentos de uso crónico, cuyo tratamiento se extiende en el tiempo, necesita receta y precisa de un control y seguimiento por parte del médico y el farmacéutico, y los de uso agudo o puntual. En este último caso, hay medicamentos, como pueden ser los antibióticos, que siguen necesitando la receta, pero hay otros, para una migraña o jaqueca según ejemplifica Alberto Virués, para los que la farmacia cuenta con productos que no necesitan receta y que pueden ser recomendados por el farmacéutico para resolver ese problema puntual de salud.

Las farmacias disponen también de envases más pequeños de medicamentos cotidianos indicados para algún caso puntual, que el profesional puede ofrecer al usuario informando de que su precio es superior al envase de más cantidad que sí está financiado por el sistema nacional de salud. También existen estas presentaciones menores para enfermedades crónicas. “La farmacia puede tener otra especialidad, muy parecida, con diez comprimidos solo por ejemplo; vale más caro, pero solucionamos el problema hasta que pueda ir al médico”, resume Virués.

El secretario del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz aclara también que para la mayor parte de las patologías hay una solución sin tener que recurrir a la receta, aunque no siempre el usuario confía en un medicamento que no sea el suyo: “Prácticamente para todas las patologías de síntomas menores hay una medicina sin receta: antitusivos, antimucolíticos, analgésicos, antiácidos, antihistamínicos, cremas para la piel, para una reacción alérgica... De todas tenemos. Creo que falta educación farmacéutica para el ciudadano”.

Los farmacéuticos saben que se enfrentan a una labor ardua. Son garantes de una exigencia que el ciudadano no siempre entiende ni comparte, en un trabajo en el que reconocen sentirse “solos e incomprendidos”. Reclaman una mayor coordinación con otros profesionales sanitarios, pero también que el sistema mejore y la obligatoriedad de la receta no se tope de bruces con el problema de citas que tiene la atención primaria.