Los propietarios, "criminalizados" por el protocolo antidesahucios

En un proceso de desahucio son varios los actores que intervienen, cada uno con un peso específico considerable. Está la persona o familia, inquilino o propietario, que sufre ese desahucio, está el Juzgado que determina esta opción, está el abogado de esas familias, la Policía, los servicios sociales del Ayuntamiento... Pero también están los propietarios de esos pisos y fincas. Unos propietarios que hasta el momento no han intervenido en ningún punto de la lucha que el Ayuntamiento de Cádiz está haciendo contra los desahucios y que han levantado la voz de sus reivindicaciones.

A través de abogados y administradores de fincas, estos propietarios dicen sentirse "criminalizados" por el modo en que está actuando en este delicado asunto el equipo de gobierno actual. Y distintas fuentes consultadas por este periódico insisten en recordar que esta figura también "tiene sus derechos", los cuales hay que tener en cuenta a la hora de abordar un proceso de desahucio.

"El protocolo antidesahucios debe respetar los derechos de los propietarios", afirma el abogado de la Administración y Servicios a la Propiedad Urbana, Daniel de las Peñas (que precisamente fue quien llevó el caso del desahucio de Benjumeda, 35). "Cuando surgen este tipo de debates se suele criminalizar injustamente la figura del propietario como la parte detestable de la relación arrendaticia", lamenta el abogado, quien señala que el acuerdo que el Ayuntamiento anuncia con el Juzgado "no puede retrasar o paralizar de ninguna de las maneras un procedimiento judicial entre arrendatario y arrendador". No obstante, De las Peñas asegura que cualquier línea de colaboración "que se establezca entre los Juzgados y el Ayuntamiento con el fin de evitar por ejemplo los desagradables incidentes del lanzamiento de la calle Benjumeda es bien recibida, siempre y cuando no vulnere en ningún momento los derechos de los propietarios".

Sobre el protocolo aprobado recientemente por el equipo de Gobierno indican los administraciones de fincas y abogados de propietarios que hubiera sido "interesante" contar con su visión, con su opinión, con sus aportaciones. Así lo estima, por ejemplo, el asesor jurídico del colegio de Administradores de Fincas de la ciudad, Luis Ruiz, que indica que este colegio "es una parte importante de este problema de los desahucios", por lo que "si se hubiera contado con él habría sido mucho mejor", ya que "podríamos aportar" a ese documento y a esas soluciones que ciertamente el protocolo no resuelve. Y es que, como señala el propio Ruiz, "no se puede generalizar" con la figura del propietario y del arrendatario. "No todos los propietarios son malos ni todos los inquilinos buenos, o al revés", comenta este abogado.

Pese a considerar que tienen mucho que decir y aportar en este asunto, la figura del propietario no solo no ha participado en la elaboración del protocolo antidesahucios, sino que ni siquiera lo conoce a estas alturas. "Los propietarios se sienten ninguneados", afirma el abogado y administrador de fincas Juan Carlos Jurado, que entiende que el protocolo ha sido "unipersonal", poniéndose el Ayuntamiento en contacto el Ayuntamiento con los desahuciados, con el juez... "pero no con nosotros". "El colegio de Administradores de Fincas se habría tenido que sentar en la redacción de ese protocolo. Y podía haber aportado algo", reclama Jurado, que incluso cree que los derechos del propietario "no se contemplan" en el documento realizado por el equipo de gobierno de José María González, poniendo como ejemplo el caso de la propiedad de Benjumeda, 35 y las acciones que en aquel desahucio llevaron a cabo varios concejales de la Corporación.

Por todo ello, no parece que por ahora el protocolo vaya a servir para cambiar las situaciones que se están dando, no al menos con unos actores, los propietarios, que se sienten aislados del proceso iniciado por el Ayuntamiento y que lamentan la distorsionada imagen que de ellos se puede estar trasladando a la ciudadanía.