Vivienda

Del problema social al problema político

  • Las administraciones no son capaces de cerrar un acuerdo común en este asunto. El Ayuntamiento gastará este año cerca de 3 millones en ayudas sociales y la Junta plantea reactivar el Plan de Rehabilitación

La vivienda se ha convertido en el principal problema de la ciudad. La crisis económica que atenaza a todo el país, y especialmente al sur, desde 2008, ha agravado un déficit histórico en Cádiz, cuyo término urbano siempre ha sido insuficiente para dar respuesta a la demanda de nuevos pisos de sus vecinos. La crisis, que ha provocado a la vez un espectacular incremento del desempleo, ha llevado a una situación de escasez de recursos a cientos de familias mientras que otras, que vivían con lo justo antes de 2008, han pasado a engrosar el grupo de ciudadanos que bordean la ruina económica, empeorando con ello lo que siempre ha sido una necesidad. Quienes hasta hace uno o dos años aún tenían posibilidades económicas para afrontar el pago del alquiler de sus casas, la mayoría con costes desorbitados, ya no tienen capacidad para ello pues tienen antes una prioridad: la de comer; antes de ellos, han quedado fuera del mercado quienes en los años previos a 2008 ya no tenían fondos para pagar un piso de alquiler y sólo podían subsistir en una vivienda social, financiada por las administraciones. La fuerza devastadora del tornado se ha incrementado, por si fuera poco, con la paralización del plan de rehabilitación del casco antiguo por parte de la Junta y las dificultades que el Ayuntamiento se está encontrando para activar determinados proyectos, empeorando aún más la situación. Por si fuera poco, el censo del INE de 2011 fijaba en 6.874 el número de viviendas vacías en la ciudad, la cifra más elevada en toda su historia, mientras, según un cuenteo realizado por este periódico, sólo en el casco antiguo hay más de un centenar de fincas sin inquilinos, aunque un tercio de ellas correspondan a vecinos de otras capitales del país que viven en Cádiz, y usan estas casas, durante la temporada estival.

El incremento en los casos de desalojos o de desahucios en las últimas semanas ha provocado momentos especialmente tensos en la calle, rompiendo la tensa normalidad social con la que Cádiz estaba viviendo, y sufriendo, la crisis económica. Y en el horizonte no se vislumbran soluciones rápidas a este problema: ni hay viviendas sociales suficientes para atender a la demanda ni hay empleo con el que incrementar los ingresos de las familias y, con ello, las posibilidades de pagar el alquiler de un piso. Así, se prevén meses complicados pues este problema social ha traspasado límites en el que determinados colectivos lo exprimen por intereses puramente ideológicos aprovechándose de familias sin recusos, aunque la razón no les asista.

En una situación que, lejos de cualquier exageración, bien podría considerarse como rozando la social, urge un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sociales de la ciudad. Es cierto que Cádiz no tiene capacidad para atender a todas las necesidades de vivienda por la circunstancia más que evidente de que no dispone de suelo, pero sí se podría plantear en común una serie de medidas para paliar esta crisis y para decidir fórmulas de acción que se eviten conflictos cada vez que hay que buscar una vivienda de urgencia para una familia en situación de emergencia.

Una medida de ellas sería la más que deseable implicación de la administración regional, que desde el decreto de 1999 asume la política de vivienda en Cádiz,en las políticas sociales. Resulta injustificable que sea la admistración local la que asume la totalidad de las ayudas que reciben centenares de familias de la ciudad para el abono de los alquileres. Este año el Ayuntamiento destinará cerca de 3 millones de euros para estas ayudas sociales, a pesar de su situación financiera. Aquí sería urgente la implicación económica de la Junta que, salvo cambios de última hora, también dispone de una Consejería de Servicios Sociales, aunque en esta ciudad parece invisible.

Diario de Cádiz ha sondeado a las dos administraciones directamente implicada con la vivienda en la ciudad y a varias de las entidades ciudadanas que más trabajan en este sentido. Las segundas coinciden en la necesidad de un acuerdo de ciudad. Desde el poder político también asume la importancia de este acuerdo, pero no se toman decisiones para conseguirlo.

Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz, tiene claro que lo que deben hacer las administraciones es cumplir sus propias responsabilidades y aquí menciona que "la Junta se ha olvidado de la vivienda social. Se han olvidado del que no tiene nada, y que por ello nadie le alquila un piso. Aquí acude el Ayuntamiento, que le abona el 90% de la renta, algo que no existe en la administración regional, que lo cierto es que no quieren un acuerdo porque ellos no tienen dinero. Y si están dispuestos a ello, no hace falta que yo vaya a peregrinar porque saben perfectamente lo que desde el Ayuntamiento pagamos de ayudas a estas familias. Pues que ayuden ellos también. No tienen dinero para viviendas y sí tienen seis millones de euros para el carril-bici".

Recuerda Martínez las limitaciones de suelo que tiene la ciudad. El nuevo PGOU prevé 3.500 nuevas viviendas, de las que más del 50% son protegidas (la ley exige un 30%). "Todas estas viviendas se tienen que construir sobre suelo reutilizado", lo que retrasa muchas operaciones, como pasa con la reordenación del polígono de la Zona Franca, donde para actuar en materia de vivienda es necesario mover una serie de pequeñas industrias que ocupan el terreno. Igualmente reconoce que hay promociones que no han podido iniciar en el casco antiguo "porque se ejecutan en convenio con los propietarios privados, y éstos ahora no tienen capacidad financiera para afrontar su parte". En todo caso, algunas asociaciones de vecinos sí han denunciado la existencia de fincas vacías en el casco antiguo que son de propiedad municipal. Hoy Procasa culmina pequeñas promociones, especialmente en Puerta Tierra, y se prepara para ejecutar el complejo en el solar de la Guardia Civil, para cuya préstamo bancario ha consumido dos años de negociaciones.

Lamenta Martínez como desde la oposición, y en especial desde IU, se aprovecha el problema de la vivienda para actuar contra el gobierno municipal. "Tienen poquísima vergüenza. Ellos no dan la cara pero sí actúan por detrás. Y no se atreven a decir todas las fincas vacías que tiene la Junta en el casco antiguo, con 23 edificios con las licencias de obras ya caducadas porque nunca las han iniciado. ¿Cuántas viviendas serían con todas en funcionamiento? Después intoxican a los medios de comunicación y a la gente denunciando a los propietarios privados por los pisos vacíos y al Ayuntamiento, y son ellos los que acumulan más viviendas sin arreglar. O sin construir, como las de Matadero, que llevan más de diez años de espera"

Junto a las ayudas que se aportan desde Servicios Sociales, Teófila Martínez defendió la labor municipal recordando las más de 2.000 viviendas que en distintas modalidades ha construido Procasa en estos años, "así como los requerimientos que cada semana hacemos a los propietarios de fincas para su mantenimiento. Claro que en el caso de la Junta ¿para qué vamos a ponerles una multa si nos deben hasta el IBI?"

Asume la delicada situación en la que vive mucha gente a la vez que constata que una parte de estos problemas se podrían solucionar con la segunda fase del Matadero ya concluida "que la Junta debería de haber concluido en 2004". Afirma con rotundidad: "No voy a tener a nadie en la calle. Mientras que haya un informe social, habrá dinero para los Servicios Sociales. Y buscaremos una solución como sea, asumiendo que no tenemos pisos libres porque en cuanto queda vacío es rápidamente ocupado.

Desde la Junta de Andalucía, Manuel Cárdenas no duda en afirmar que un acuerdo de ciudad sobre el problema de la vivienda es fundamental. "Con la situación con la que amanecemos cada mañana sólo podemos dedicarnos a estos. Es un problema muy preocupante, sobre todo tras las circunstancias familiares que se están produciendo cada día. Mantenemos en el plano técnico un nivel de cooperación muy importante con el Ayuntamiento de Cádiz que espero que no se rompa", a pesar de que constata que en las ultimas semanas se han producido más fricciones.

El principal de ello es sobre el futuro del solar de Matedero, donde está pendiente la segunda fase de construcción de más de un centenar de viviendas públicas.

"Si el problema son los terrenos del Matadero, haremos lo que haga falta para que no lo sea, aunque nos parece más razonable que el Ayuntamiento vaya completando los solares de su propiedad que están sin uso. Nosotros estamos en disposición para cerrar un acuerdo. Si el Ayuntamiento tiene un planteamiento serio, riguroso, nos sentamos a hablar. Pero no quiero que Matadero sea un arma de controversia política", afirmó el delegado.

Reflexionando sobre el problema global de la vivienda, constata Manuel Cárdenas que "Cádiz cuenta con viviendas más que suficientes para no vivir este drama", entre las que se encuentran vacías, más de seis mil en toda la ciudad, y los proyectos públicos y privados que están pendientes.

Considera, sí, que es necesario adoptar una serie de medidas como es el fomento del alquiler asequible para atender a cientos de familias con recursos muy limitados y reactivar la vivienda pública.

En el primero de los casos, recuerda la norma que aprobó la Consejería de Fomento en un intento por evitar que promotores privados y entidades bancarias acumulen viviendas sin ocupar o con precios abusivos. Esta ley ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional, por lo que se encuentra paralizada, lo que supone una importante incidencia en una ciudad como la de Cádiz donde la elevada tasa de pisos vacíos va pareja a la importante necesidad de viviendas sociales, como agrega el delegado de la Junta.

En cuanto a las actuaciones por parte de la administración, tiene claro que "Cádiz necesita más vivienda pública que otras ciudades", lo que no ha evitado que desde hace dos o tres años la propia Junta haya paralizado casi completamente la actividad de la antigua Oficina de Rehabilitación, como han denunciado las propias asociaciones de vecinos.

Aunque en la planificación de la Oficina, hace unos meses, se anunciaban cambios más centrados en el mantenimiento de lo ya realizado, ahora Manuel Cárdenas reconoce la necesidad de reactivar nuevos proyectos, ya sea mediante la rehabilitación de fincas como construcción de nueva planta en los solares que hay libres. "Vamos a hacer todo lo posible para que se concreten próximamente nuevas actuaciones, especialmente en el casco antiguo (donde la Junta ya es propietaria de varios edificios, hoy sin uso alguno). Eso sí, deja claro que dentro del extenso parque de viviendas que la administración regional tiene en la ciudad "no hay ninguna vivienda vacía".

La Consejería de Fomento, según Cárdenas, va a dedicar los fondos que reciba del Marco Comunitario Europeo, "a rehabilitar viviendas, más que en actuaciones de grandes infraestructuras", lo que implicará, si así se cumple, un cambio radical de lo que ha venido pasando en los últimos años.

En todo caso, cualquier promoción pública que ahora se inicie no estará terminada hasta dentro de 18 o 24 meses, por lo que sería una parte de la solución al problema a medio o largo plazo. Eso sí, la Junta va a dedicar buena parte de la promoción de Osorio, ya en marcha y con medio centenar de pisos, a atender las necesidades urgentes que se están planteando en la ciudad por el aumento de los realojos o desahucios.

Cárdenas sí cree que tendría un efecto más ágil que por parte del Ayuntamiento de Cádiz se incrementen las inspecciones de viviendas con graves situaciones de habitabilidad y salubridad, lo que no impide que reconozca que "el municipio se gasta un dinero muy importante en ayudas sociales centradas en la vivienda".

Con todo, la gravedad del problema deja al final a cada uno en su sitio. El mejor ejemplo es el de un conocido agitador social, habitual productor de vídeos en youtube que recientemente anunciaba que buscaba alguien para compartir su piso. Cuando desde las mismas redes sociales se le recordó los nombres de varias mujeres que en esos días salían en los medios de comunicación por sus problemas de vivienda y que bien podría acogerlas, optó por borrar de forma inmediata su ofrecimiento.

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