Todo dio un vuelco aquel día en el que Teófila Martínez, alcaldesa de la ciudad, y un miembro de su equipo de gobierno llegaron al aeropuerto de Barajas y mientras esperaban a un taxi para ir hasta Madrid, vieron a Manuel Rodríguez de Castro, entonces aún delegado del gobierno en la Zona Franca de Cádiz, salir de Barajas rumbo a la capital... a bordo de un coche oficial, porque él tenía claro que era una autoridad del Estado y como tal debía ser tratado. A partir de ese día, cuando arreciaban las críticas y denuncias por la gestión de Rodríguez de Castro en el Consorcio, el PP gaditano asumió que debía dejarlo caer y forzó una dimisión con aires de cese.

Rodríguez de Castro había llegado a Cádiz de la mano del grupo popular en el Congreso y con el objetivo de trabajar en el Plan Urban, obtenido por el PSOE de Carlos Díaz pero gestionado ya por el gobierno de Teófila Martínez a partir de 1995. Pronto ascendió a la delegación de la Zona Franca, cargo por el que lucharon destacados miembros de la familia conservadora de la ciudad, dejando notar desde un principio su peculiar forma de gestionar la institución pública.

Cuando el PP asumió que la defensa de Rodríguez de Castro era inviable, aunque curiosamente nunca llegó a afectar electoralmente a Teófila Martínez, aún le costó un tiempo que éste aceptase su marcha.

Desde entonces, en más de una ocasión amenazó con tirar de la manta, aprovechando sus supuestos conocimientos de la vida interna de esta formación, aunque nunca dijo nada, ni durante el juicio ni tras ser condenado.

Curiosamente, él que tanto gustaba de los actos oficiales se vio obligado a huir de ellos cuando la justicia lanzó una orden de búsqueda y captura.