“Estoy muy orgulloso del país en el que vivo porque la Justicia funciona”. Entre esas declaraciones triunfalistas del empresario y fundador de Quality Food, Manuel García Gallardo, por una sentencia favorable del Tribunal Supremo por el caso Quality Food y su detención por un presunto delito de cohecho, sólo pasaron nueves días.

Cuando parecía que la soga se suavizaba y veía luz en el camino al tener que repetirse el juicio en la Audiencia Provincial por el que fue condenado a diez años de prisión, ahora tenía otro frente abierto por el intento de una presunta mordida en un concurso público de venta de test Covid al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En la investigación que ha llevado a cabo durante el último año el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en Sevilla trajo consigo que el pasado miércoles fueran detenidos en Sevilla tres personas, entre ellas Manuel García Gallardo. Todos quedaron en libertad con cargos pero el juez no le aplicó ninguna medida cautelar.

Lo que se está investigando, tal y como informó este periódico la pasada semana, es si los que fueron detenidos y también un ex asesor del consejero Jesús Aguirre, intentaron llevar a cabo una venta de test saltándose diversos procedimientos legales. En en este caso, García Gallardo tenía un presunto papel de comisionista, según la investigación, que podría ascender a cinco millones de euros.

La venta finalmente no se llevó a cabo y el intento de fraude se detectó después de que el proveedor original de los test avisara de la irregularidad.

Finalmente el asunto acabó con el despido del asesor de Aguirre, un miembro del Partido Popular de Córdoba y con el inicio de esta investigación que ha dado lugar a la detención de Manuel García Gallardo.

Este empresario que fundó la entonces modélica Quality Food se ha movido durante toda su vida haciendo negocios, pero muchos de ellos eran con administraciones públicas, como fue el caso de aquella y Brassica Group, con las que llegó por ejemplo a comedores escolares y a colectivos de las Fuerzas Armadas.

Tras la mediática Quality Food que acabó en un larguísimo proceso judicial que todavía está abierto casi 20 años después, Manuel García Gallardo ha tenido un perfil mucho más bajo en su labor como empresario durante todos estos años. Su nombre aparecía vinculado a posibles irregularidades en la gestión de Quality Food. En este caso tiene una segunda posibilidad en la Audiencia Provincial tras la anulación de su sentencia. En la otra ha empezado otro camino.