Menos de la mitad de los jueces hacen huelga pero trabajan

Sólo 51 de los 115 jueces y magistrados de la provincia de Cádiz se sumaron ayer a la huelga. Eso significa que únicamente el 44,3% del colectivo secundó la medida de protesta a la que se habían opuesto la mayoría de los jueces de la provincia cuando el pasado mes de enero se reunieron para decidir si hacían huelga en febrero o en junio. Entonces, los jueces optaron por un paro de una hora el 18 de febrero. Pero anteayer hubo un movimiento de última hora que acabó modificando todo y promoviendo que la provincia gaditana también se sumase a la huelga. El resultado de tal cambio de posición no se tradujo ayer precisamente en un éxito sino en una jornada que si algo anotó fue una huelga bien peculiar: los jueces que la hicieron acudieron en su mayoría a sus puestos de trabajo, atendieron asuntos varios y alguno hasta celebró algún juicio.

Huelguistas trabajando. Así quedó ayer dibujado parte de un panorama en el que buena parte de los otros, los jueces que no secundaron la huelga, sí cumplieron la hora de paro acordada en enero.

La insólita jornada huelga contó con una concentración a las puertas de los Juzgados de San José de la capital gaditana. Encabezados por la juez decana de Cádiz, Nuria Orellana, que hizo de portavoz y leyó un comunicado, jueces y magistrados de Juzgados unipersonales y de la Audiencia Provincial participaron en la concentración silenciosa y sin pancartas que sorprendió a mediodía a viandantes que se preguntaban de qué iba aquello. Ningún indicio permitía averiguarlo.

Entre los magistrados que acudieron a la concentración hubo varios de la Audiencia Provincial, en la que los huelguistas si sobrepasaron el 50%: de 24 que forman parte de las Secciones ubicadas en Cádiz, Jerez y Algeciras, 15 secundaron la protesta. No alcanzaron el 50% los jueces huelguistas en los Juzgados unipersonales de la provincia (de Instrucción, Primera Instancia, Social, Contencioso, Penal, Menores...): de 91, hicieron huelga 36, según los datos recogidos por el presidente de la Audiencia Provincial, Lorenzo del Río, quien fue portavoz de la asociación Francisco de Vitoria (FdV), una de las dos convocantes de la huelga. Del Río dimitió cuando la FdV cambió su primera posición, posponer la huelga hasta junio y seguir dialogando con el Gobierno, por la llamada al paro en febrero.

Los jueces pretendían mostrar ayer las sedes judiciales a los medios de comunicación. Las carencias de las sedes, en realidad. Pero se encontraron con la oposición de la Delegación de la Consejería de Justicia, que para obstaculizar esa pretensión, ordenó ayer que fuese impedida la entrada de periodistas en los Juzgados. La prohibición se fue acomodando a lo razonable a lo largo de la mañana y quedó limitada a impedir la entrada en todas las estancias de las sedes judiciales. Esto es, lo que se supone que es una jornada de puertas abiertas.

La delegada de Justicia se encargó por la tarde de recordar a los medios de comunicación que la celebración de ese tipo de jornadas va precedida de un estricto protocolo, con la oportuna solicitud, el que interviene desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Pese a todo, los periodistas que acudieron a cubrir la concentración de jueces fueron invitados posteriormente a visitar las dependencias del Juzgado de Guardia de la capital gaditana, ubicado en el mismo edificio que alberga el mercado de abastos de San José.

La visita terminó en el sótano del edificio, donde se encuentran los clausurados calabozos que deberían acoger a los detenidos que son puestos cada día a disposición del Juzgado. Los calabozos están clausurados desde el pasado verano. La dependencia, ubicada bajo el mercado de abastos, se encuentra apuntalada, con evidente riesgo de derrumbe y en unas condiciones realmente pésimas.

Los jueces explicaron ayer que los detenidos son trasladados ahora desde la Comisaría al Juzgado de Guardia uno a uno porque, en ausencia de calabozos, no hay forma de ubicarlos con unas mínimas normas de seguridad mientras esperan para declarar ante el juez. Todo ello supone un engorro que afecta también a la Policía, que debe destinar un buen número de agentes a los continuos traslados de detenidos.

El estado del Juzgado de Guardia fue mostrado como un ejemplo de lo que sucede en numerosas sedes judiciales de la provincia. Precisamente la juez decana de Cádiz, Nuria Orellana, explicó ayer que las exigencias de los jueces van encaminadas a mejorar la Administración de Justicia, algo que, dijo, "redundará en beneficio del personal de justicia y en definitiva del ciudadano". "Se trata", comentó, "de hacer una justicia de calidad, eficaz, rápida y moderna, no como la de ahora, que es del siglo XIX, arcaica y con una deficiente gestión pública". Orellana dijo que los jueces han pedido al CGPJ que haga un estudio "razonable y serio" para conocer la carga de trabajo de cada órgano judicial y sobre esa base establecer cuántos son necesarios.

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