IU quiere blindar las 400 viviendas protegidas previstas en Navalips

El partido Izquierda Unida quiere blindar la parte pública de la operación que va a desarrollar el Estado en Navalips. Tras el último avance de la tramitación previa a las obras, acaecido el viernes en el Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cádiz que dio el visto bueno final al plan de reforma interior, IU ha vuelto a insistir en la necesidad de confirmar que la parte destinada a vivienda pública derive en 400 pisos "permanezca en manos públicas y se destine a alquiler social y asequible, de modo que este plan sea una herramienta eficaz que facilite el acceso de los gaditanos y gaditanas que no encuentran oportunidad por los elevados precios de alquiler y de compra".

Recuerda esta formación política que por ahora no se sabe bajo qué figura legal estarán esas 400 viviendas protegidas, y defiende que sean "viviendas protegidas públicas y en régimen de alquiler". Entre las otras opciones existentes estarían la VPO o el régimen de venta de precio limitado, que para IU significaría "que esas 400 viviendas protegidas puedan ser vendidas a un precio desorbitado", recordando que tras la última modificación de precios aprobada por la Junta de Andalucía "se puede elevar el precio del metro cuadrado a los 2.500 euros". "En pocas palabras, supone que el precio de una vivienda de 80 metros cuadrados puede superar los 300.000 euros, ya que como está sucediendo en otras promociones, repercuten garajes, trasteros y zonas comunes, por lo que el precio se dispara", precisan, a lo que suman además que en este tipo de promociones el período de protección se reduce a siete años, "por lo que transcurrido ese plazo podrían volver al mercado libre sin ninguna restricción o a cualquier otro uso".

Por todo ello, pone el foco en el Gobierno central, en Zona Franca, en el Sepides, en el Sepes y en el Ministerio de Vivienda para reclamar que al amparo del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 anunciado recientemente y de las operaciones desarrolladas en ciudades como Huesca, Zaragoza, Madrid, Córdoba, Sevilla, Denia, Segovia y Burgos, donde el Ministerio de Interior va a traspasar a Sepes terrenos e infraestructuras para construir viviendas "protegidas y asequibles", el plan de Navalips en Cádiz sea también incorporado a esas políticas de promoción de vivienda pública en alquiler.

De hecho, "no tiene sentido que el mismo Gobierno Central cuando actúe en Cádiz, rompa esa estrategia y promueva vivienda en venta en esos suelos que están en manos públicas", considera IU, convencido de que otorgar ese régimen a las 400 viviendas públicas "garantizaría que este nuevo barrio tendría a gaditanos allí viviendo".

De nuevo en el Congreso de los Diputados

Esta posición de IU en Cádiz es compartida por el grupo parlamentario Sumar, que ha vuelto a elevar este plan de Navalips al Congreso de los Diputados, como ya ocurriera a principios de este año 2025. Así, el diputado Juan Antonio Valero ha preguntado directamente al Ministerio de Vivienda si va a reclamar al Ministerio de Hacienda que le ceda el suelo de Navalips para construir vivienda protegida, o que si va a establecer conversaciones con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz "para que mediante un convenio de colaboración entre administraciones se pueda alcanzar el objetivo de que esas 400 viviendas protegidas se mantengan en manos públicas bajo la modalidad de alquiler y se incorporen al Plan Estatal de Vivienda 2025-2030". "¿Estaría dispuesto el Ministerio de Vivienda a construir de forma directa a través de la futura empresa pública estatal de vivienda estas 400 viviendas públicas para destinarlas a alquiler?", termina preguntando Valero al Congreso, criticando el "llamativo silencio" del Ministerio de Vivienda ante lo que consideran "una oportunidad" en Cádiz, "una de las ciudades que sufre en mayor medida la emergencia habitacional".