Un informe de Eléctrica de Cádiz (EC) encargado por el presidente de la compañía, el concejal David Navarro, al que ha tenido acceso este periódico, viene a corroborar lo que ya adelantasen hace meses el propio edil y la concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández: si la empresa de propiedad mayoritaria municipal se convirtiese en comercializadora de referencia (COR), requisito imprescindible para dar el bono estatal, podría incurrir en pérdidas y en causas de disolución. Además, causaría un grave impacto en las cuentas del Ayuntamiento, que vería muy mermados sus ingresos, y obligaría a la compañía a subir los precios, de manera que perdería todos sus clientes.

Pese a que el autor o los autores del informe se decantan claramente a favor del bono social local, al final del documento de 14 folios se reconoce en apenas tres líneas que con la ayuda local "el número de beneficiarios que podría asumir quedaría muy limitado por el importe económico disponible".

El Informe sobre potenciales alternativas e impactos del ejercicio de la actividad de comercializador de referencia por parte de Eléctrica de Cádiz, está firmado por el gerente de la compañía. Estaba previsto que se entregase el jueves a los miembros de la Mesa contra la pobreza energética, pero la reunión se aplazó por la concentración contra la sentencia de La Manada.

Sus conclusiones vienen a conocerse después de que, a través de este periódico, Vecinos de Cádiz-Federación 5 de Abril insistiesen en exigir que EC dé ya el bono social estatal, el único vigente hasta ahora y que consideran más ventajoso, ya que quienes lo necesitan "siguen pasando calamidades".

El informe concluye que convertir EC en COR sólo tendría sentido para facilitar el bono estatal porque es "una actividad claramente deficitaria" que implicaría costes adicionales de unos 141.000 euros anuales. Y que EC continuaría pagando su contribución al bono estatal, 470.000 euros en 2018.

La lista de desastres sigue: "EC no podría evitar ni limitar el traspaso de clientes a la nueva COR, de manera que cualquier repercusión de nuevos costes recaería en sus clientes de mercado libre, mayoritariamente pymes, comercios, familias medias y, fundamentalmente, en el Ayuntamiento, de modo que sus precios dejarían de ser competitivos y llegaría a perder todos sus clientes". A esto se añade que la comercializadora, por ley, no podría recibir préstamos, traspasos de fondos u otro tipo de auxilios financieros de la distribuidora.

Por último se concluye que con el bono local quedan claramente delimitados los costes, que serían pagados por la distribuidora como aportaciones a una fundación. Se reducirían a 81.000 euros por parte de los Servicios Sociales Municipales para la contratación de dos técnicos de apoyo y de 600.000 euros anuales pasa su aplicación. Esto tendría, además, la ventaja de una deducción fiscal del 30%, en el caso del visto bueno de la Dirección General de Tributos.