"Yo sé que estoy ilegal"

Estefanía Talavera decidió hace dos meses ocupar una vivienda en el número 11 de la calle Soledad. Tiene 28 años y una niña de nueve. No era la primera vez que entraba en una casa que no era suya, ya que estuvo habitando durante unos meses un piso en la Corrala de la Bahía. Sin embargo, algunos problemas de convivencia hicieron que saliera de aquella finca y se buscara la vida por su cuenta.

No tuvo que tirar la puerta de su actual hogar, ya que la entrada ya estaba destrozada. De hecho, un candado hace de cerradura cuando no está en el piso. Cuando se encuentra en él, un palo le sirve para atrancar el portón y evitar que se abra durante la noche. "Yo sé que estoy ilegal, pero quiero estar legal, como todo el mundo", reconoce la okupa. Vive en un pequeño espacio de dos dormitorios en malas condiciones. Tiene el agua enganchada y hoy espera que le corten el suministro.

Un cúmulo de circunstancias han llevado a Estefanía a su complicada situación, con especial implicación de los problemas de su entorno familiar. "Mis hermanos y yo hemos sufrido el maltrato de mi padre a mi madre durante 24 años. Mi madre se quiso separar de mi padre y a él eso no le entraba en la cabeza, por lo que la apuñaló. Se ha llevado 11 años metido en la cárcel hasta que hace un mes salió de prisión. Desde que entró en la cárcel, mi hermano y yo nos tuvimos que meter a trabajar porque mi madre no percibía nada y no podía trabajar porque tenía obesidad mórbida. Mi hermana pequeña siguió estudiando. Desde ahí, mi vida ha sido un desastre", relata Estefanía.

Al verse obligada a tener que buscar un empleo, dejó los estudios en 2º de ESO. A este problema se une que se quedó embarazada de su niña con 18 años. Una hija que, según Estefanía, "no ha sido reconocida por su padre", por lo que ella ha asumido su manutención en solitario.

En todo este tiempo ha trabajado en todo lo que le salido de camarera, ayudante de cocina o limpiadora. Durante dos años estuvo viviendo en Sanlúcar al trabajar de comercial entre esta localidad y en Chipiona. A principios de abril se volvió a Cádiz y entró a formar parte de la Corrala de la Bahía. "Volví porque me habían dado las llaves de una casa de la Corrala. Me enteré por una amiga, pero quien me ayudó fue Alexis, de Podemos, que fue el que lo hizo casi todo por mí", explica.

De su vida en el edificio de la Segunda Aguada comenta que "han sido cuatro meses sin luz y sin agua. Allí hay muchas personas muy peleonas. Había peleas en las reuniones que se hacían. Aquello era una ruina total y mi niña ya estaba cayendo mala de estar allí. Ella me decía que no quería estar allí. A una vecina del primero le dio por mí porque empecé a trabajar en una empresa. Me mandó a su hermana, que es excarcelaria, y entró en la casa a darle palos a los muebles. Por eso, cogí mis cosas, las saqué de allí y me fui".

En medio de este proceso, su último trabajo ha sido en una empresa de ayuda a domicilio. En ella llegó a estar dada de alta durante cuatro horas a la semana, por las que cobraba un salario de 74 euros al mes.

Ahora, con la ocupación, su situación se ha vuelto alarmante. El principal inconveniente que sufre es que, tras volver de Sanlúcar, no ha podido empadronarse en Cádiz al no tener un hogar propio. "Sin eso no puedo optar a un piso de Procasa o a un curso. Entregué un escrito en Asuntos Sociales contando mi situación y unos días después recibí una carta que me decía que lo sentían, pero que no podía recibir ninguna ayuda al no estar empadronada", asegura.

En el tiempo que lleva de okupa apunta que ha mandado escritos al alcalde, José María González, y a la edil de Asuntos Sociales, Ana Fernández, pero no ha recibido respuesta. Con quien sí ha podido hablar es con la concejala de Vivienda, Eva Tubío. "Me metió en su despacho y le conté mi situación. Ella me dijo que no me preocupara y que me iban a ayudar, pero que intentara empadronarme".