DIEZ años después de que publicásemos las primeras informaciones sobre las irregularidades de Manuel Rodríguez de Castro al frente de la Zona Franca de Cádiz; diez años después, el juez Luis de Diego Alegre ha resumido en un auto de procesamiento de tan sólo ocho folios todos los hechos que a lo largo de esta década se han contado en estas mismas páginas. Punto por punto, con una precisión de cirujano. Rodríguez de Castro, sencillamente un tunante, buscó a un matrimonio de origen colombiano afincado en Miami, Germán Leiva y su esposa Camila, y le adjudicó un contrato por valor de 4,2 millones de euros para fabricar un portal comercial que nadie entendía para qué iba a servir y que nunca sirvió para nada. Tras su dimisión, se asoció con ellos en varias empresas en Florida, una de ellas dedicadas a la exportación e importación de aceite de oliva, como hizo Vito Corleone a su llegada a Nueva York. Su sucesor, Miguel Osuna, el segundo de los delegados nombrados por el Gobierno del PP, terminó de pagar la jugosa cantidad que Rodríguez de Castro había adjudicado a la empresa del matrimonio Leiva después de dudarlo durante dos años. Dos años.

Osuna, que no es un impostor, aunque le perdió su bonhonomía, se dejó embaucar por más de un impostor, y por ello el juez considera que ha podido incurrir en la omisión de perseguir un delito. Osuna, que es posiblemente la persona que más ha perdido en todo este proceso, que ha somatizado el sufrimiento y que conoce las razones del porqué pagó a una empresa que ya olía, sigue siendo para el PP gaditano y su alcaldesa, Teófila Martínez, un ejemplo de "magnífico gestor". Bueno, podría pasar por lo de buena persona, pero su paso y el de Rodríguez de Castro por la Zona Franca ha estado a punto de llevarse por delante este consorcio, un ente público que tomó brío a raíz de la terrorífica explosión de Cádiz de 1947 y que ejemplifica la secular estatalización de la economía de la bahía gaditana.

Se acercaban las Navidades del año 2000, y Rodríguez de Castro -corte de pelo impecable, traje a medida, ligueros para sujetar sus calcetines y tono engolado- respondió desde su amplio sofá de cuero negro: una empresa como la Zona Franca debe gastar dinero en representación, promoción y publicidad. Así justificaba los jugosos datos de sus tarjetas de metales nobles: desayunos en el Ritz, viajes a ciudades americanas y asiáticas, alquiler de limusinas... "Como hace El Corte Inglés", espetó al periodista con un descaro agravado por el desacierto de señalar como ejemplo a una empresa caracterizada por la austeridad de sus directivos. Pero así eran: a diferencia de los anteriores gestores de la UCD y de los socialistas, allí estaba Rodríguez de Castro para enseñar a medio país cómo se podía dirigir un ente público con la solvencia de una empresa privada. Hasta la revista Actualidad Económica le concedió un premio.

Efectivamente, si la Zona Franca hubiera sido privada, hace tiempo que habría cerrado y es que el paso de ambos por allí ha costado a las arcas públicas 48,5 millones de euros, según consta en las últimas auditorías del consorcio. Ése es el quebranto: 37,9 millones de euros en créditos y participaciones en la empresa Quality Food y 10,6 millones, correspondientes a Rilco. 48,5 millones que el actual delegado, el socialista José Mier, verá cómo aumenta por el pago de los intereses.

Rilco fue la empresa fundada por Rodríguez de Castro y la que contrató el portal con el matrimonio Leiva. El juez mantiene que José David Sánchez, como jefe de informática, se encargó de los asuntos del Rilco una vez que su delegado dimitió. Por eso también le imputa, aunque él mantiene que sólo era un contratado en prácticas sin demasiadas atribuciones. Sí, es que hay becarios que se ganan su puesto en la historia.

Para completar este círculo mágico de la gestión popular en la Zona Franca, Miguel Osuna terminó por impulsar y, posteriormente, comprar Quality Food, una empresa fundada por Manuel García Gallardo, un empresario que procedía de Nuevas Generaciones y hoy está casado con una delegada de la Junta en Cádiz. Según el auto que abrió el proceso penal por el caso Quality, y que fue redactado por la jueza Rosa María García Jover el 18 de octubre de 2007, el tal García Gallardo engrandeció la empresa bajo el paraguas de los fondos públicos de la Zona Franca, "sin poner un euro" gracias a un artificioso mecanismo para el que contó con la participación necesaria de un director de una oficina bancaria.

El caso de Rilco y el de Quality se encuentran en juzgados, y sólo los tribunales resolverán las responsabilidades penales de sus protagonistas, pero hay un hecho claro que desmiente al PP de Cádiz: si la Zona Franca fuera privada, hoy estaría cerrada. Unos gestores espectaculares.