El fiscal retira los cargos a uno de los seis acusados en el caso Rilco

En su escrito de conclusiones estima que José David Sánchez no ha tenido responsabilidad en las irregularidades A Osuna se le rebaja a ocho años y a De Castro se le mantiene los diez

El fiscal retira los cargos a uno de los seis acusados en el caso Rilco
El fiscal retira los cargos a uno de los seis acusados en el caso Rilco
Melchor Mateo Cádiz

13 de junio 2013 - 01:00

El fiscal ha retirado los cargos contra uno de los seis acusados en el juicio del caso Rilco, José David Sánchez de Medina, el ex jefe de Nuevas Tecnologías del Consorcio de la Zona Franca, al estimar que no ha tenido responsabilidad en las presuntas irregularidades que se han cometido en el caso Rilco, el portal de internet que pretendía servir para realizar transacciones comerciales entre Europa y América.

El fiscal, de hecho, no hace mención alguna a su persona durante el escrito de conclusiones definitivas y desde el lunes dejará de sentarse en el banquillo de los acusados. Sánchez de Medina entró en el juicio por una petición de pena de cinco años de prisión por sendos delitos de fraude y malversación de caudales públicos pese a que en el escrito provisional antes del juicio estimaba que se podía haber beneficiado económicamente.

A la misma pena se enfrentaba el ex director general de Rilco, Rafael Ortiz, persona que fue nombrada por el ex delegado de la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro, el mismo día en el que dimitió.

A Ortiz no sólo se le imputa un nuevo delito que antes no tenía, el de la falsedad en documento oficial, que es de tres años de prisión, sino que se les amplía las peticiones en los de fraude de uno a dos años, y en el de malversación de caudales públicos de cuatro a seis.

El fiscal mantiene la petición de pena de diez años para Manuel Rodríguez de Castro, repartidos en dos años por un delito continuado de fraude a la hora de obtener las ayudas públicas; y otros ocho por otro de fraude, prevaricación y malversación.

También mantiene los cuatro años de prisión para cada uno de los Leiva, Germán y Camila, los dueños de Miami Free Zone, por fraude, malversación y prevaricación.

El delegado del Estado que sustituyó a Manuel Rodríguez de Castro, Miguel Osuna, ya se vio beneficiado por una reducción de cuatro años al inicio del juicio cuando el tribunal aceptó la petición de su defensa de que no se había hablado en ningún momento de la instrucción de falsedad en documento oficial, que equivalía a cuatro años de prisión. Además, se le ha quitado también el de encubrimiento, lo que significa un año menos y pasa finalmente a los ocho años.

En el escrito de conclusiones definitivas, el fiscal vuelve a incidir en que Manuel Rodríguez de Castro "se había concertado" con los Leiva para adjudicarles uno de los dos contratos que iba a sacar la Zona Franca para deasarrollar Rilco "pese a ser consciente de que carecían de que carecían de cualquier clase de titulación, experiencia profesional y solvencia técnica". Entre otras cosas también dice que "los tres habían planeado sustraer la mayor parte del precio del contrato que perfeccionasen, cuya financiación procedería de ayudas públicas y fondos procedentes del Consorcio". Así deja claro que "se las arreglarían" para no tener que cumplir con las obligaciones del contrato para el desarrollo de Rilco y que estas "serían ejecutadas por una tercera sociedad de reconocida solvencia tecnológica a la que le sería adjudicado un segundo contrato".

De hecho, el fiscal no entra en si realmente se hizo el portal informático, tal y como declararon muchos de los testigos que pasaron por el juicio en la Audiencia Provincial, sino realmente si el concurso para su desarrollo se hizo de manera irregular.

En su relato el fiscal también hace referencia a que Rodríguez de Castro pidió al Estado ayudas a través de sendas solicitudes para dos proyectos distintos "que en realidad consistían en la misma actividad" y que previamente se había conseguido una ayuda para una parte de este proyecto. El total de ayudas públicas que se consiguieron ascendieron a más de 4,8 millones de euros.

Sobre Osuna y Rafael Ortiz reitera que tuvieron conocimiento "de las gravísimas irregularidades cometidas por el señor Rodríguez de Castro tanto en la solicitud como en la adjudicación del contrato" con Miami Free Zone, "en lugar de proceder a resolver el contrato o, en su caso, resolver las prestaciones del mismo y el precio señalado, se aprestaron a cumplir en la forma que fuese el mismo, sabiendo que sería ejecutado en su mayor parte por Telvent Interactiva.

stats