La polémica sobre el coste del segundo puente

El fiscal ve un posible delito de prevaricación en las obras del puente

  • El Tribunal de Cuentas ya alertó ante el sobrecoste de 187 millones de euros acumulado por el proyecto

  • Pide información sobre tres ministros de Fomentos implicados en el desarrollo de la infraestructura

Magdalena Álvarez, entonces ministra de Fomento, visita las obras del puente en 2008 Magdalena Álvarez, entonces ministra de Fomento, visita las obras del puente en 2008

Magdalena Álvarez, entonces ministra de Fomento, visita las obras del puente en 2008 / F.C.

La ejecución de las obras del puente de la Constitución de 1812 va a terminar por dar un buen dolor de cabeza a los ministros de Fomento que pasaron por el Gobierno durante el largo proceso de construcción del tercer acceso a Cádiz: Magdalena Álvarez y José Blanco, del PSOE, y Ana Pastor del PP.

Al informe del Tribunal de Cuentas que hace unas semanas denunciaba el sobrecoste acumulado por las obras, cifrado en 187 millones de euros, se le une ahora el análisis realizado desde la fiscalía del propio tribunal que ve indicios de un posible delito de prevaricación administrativa de responsabilidad contable, según adelante el periódico digital El Español.

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, ha pedido diversos documentos incluidos en el informe sobre la ejecución de la obra como paso esencial para llevar el caso a la jurisdicción penal.

En su momento, relata El Español, Ana Pastor presentó alegaciones ante las dudas del Tribunal de Cuentas, indicando que las deficiencias detectadas "tienen que ver, de manera fundamental, con decisiones que se siguieron en el Ministerio de Fomento en el periodo anterior a mi nombramiento como ministra", etapa que correspondió a la socialista Magdalena Álvarez.

En esta etapa se introdujeron importantes cambios respecto al diseño original del puente, incluyendo una plataforma destinada para el paso del tranvía metropolitano, que nunca se ha utilizado para este fin. En su momento se indicó que la misma iba a ser financiada por la Junta, pero como ésta no contaba con fondos para ellos se encargaría, en un hipotético futuro, de los trabajos de dragados del canal de paso por el puente si fuera necesario.

La fiscalía destaca que el obligado convenio entre la Junta y el Ministerio de Fomento nunca llegó a firmarse.  De esta forma el Ministerio "carecía de una base jurídica suficiente que pudiera avalar las razones de interés público que motivaron la modificación del contrato, en una materia ajena a las competencias del departamento".

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