Podríamos decir que la pandemia no se cebó con Nazaret ni con su marido, repartidor de comida a domicilio –”no perdió el trabajo con todo esto, ya es algo, así que para comer tenemos”–, sin embargo los escasos ingresos con los que sobreviven desde la antigua normalidad erigen a esta familia (un hijo de 11 años y una hija de 8) como paradigma de la realidad de muchas familias gaditanas. La de una situación de vulnerabilidad que queda fuera del Real Decreto 11/2020 del 31 de marzo porque no está derivada de la Covid-19. La familia de Nazaret es el rostro tras el dato porque tiene “el desahucio en la puerta”.

“El día 9 de septiembre tendría que haber estado fuera de la casa pero envié un burofax a la dueña con la prórroga de seis meses que salió del Estado y con la prórroga estoy hasta febrero y luego... Luego dios dirá”, se lamenta la gaditana que no pudo pagar la casa en la que vive “porque no pude renovar la ayuda de alquiler en agosto y el Ayuntamiento me debe todavía ese mes y julio”, argumenta Nazaret que se queja de que “con las administraciones cerradas” fue “imposible” que le atendieran “por correo”.

Si se llega a consumar, será el tercer desahucio que acumula pues perdió una primera casa al quedarse parada con lo que estuvo “de ocupa unos cuatro años” y “cuando me sacaron me dieron la ayuda del alquiler que me pagaban el 90%”. Nazaret asegura que le costó encontrar un nuevo hogar porque “los propietarios no se fían de los pagos del Ayuntamiento” pero lo consiguió y estuvo 6 años aunque los últimos dos la situación volvió a complicarse con un recorte económico de esta subvención. Pagaba cuando podía, limpiaba la casa del propietario para compensar la deuda pero cuando la situación se hizo insostenible la denunció y se tuvo que ir. Encontró este nuevo hogar y teme volver a vivir otra vez la misma situación.