Un pequeño cambio con el que contentar a las comunidades. La mesa sectorial de Educación, celebrada en pleno mes de agosto, acabó ayer con el compromiso del nuevo ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, de retrasar el decreto que regula las evaluaciones finales -conocidas como reválidas- en la ESO y el Bachillerato. Esta pequeña modificación no supone ninguna alteración en el programa de aplicación que contempla la polémica Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), heredada de su antecesor en el cargo, el no menos polémico José Ignacio Wert, pues las reválidas en las enseñanzas medias -que condicionan la promoción del alumno- no llegarán hasta 2017. Sin embargo, dicha decisión se interpreta como un cambio de postura del Gobierno y el restablecimiento del diálogo con unas autonomías -a las que se traspasaron las competencias educativas- que ahora están gobernadas en su mayoría por partidos distintos al PP.

Satisfacción en el Gobierno y en las comunidades. La primera mesa sectorial a la que acude el nuevo ministro de Educación ha acabado con un cambio de talante. Del enfrentamiento férreo en la época de Wert a un nuevo cauce de diálogo con Méndez de Vigo. La aplicación de la Lomce seguirá como estaba planteada. "Es una ley orgánica y hay que cumplirla", aseguró el ministro minutos después de que concluyera la reunión, que duró cuatro horas. Méndez de Vigo lanzó un mensaje de tranquilidad a toda la comunidad educativa: "el curso va a comenzar con total normalidad". Por tanto, la Lomce se implantará a partir de septiembre en los cursos pares de Primaria y en los impares de las enseñanzas medias, como está previsto.

No habrá, pues, cambio alguno en el calendario de aplicación, pero sí un compromiso de abrir el debate sobre el aspecto de la reforma educativa que más polémica ha suscitado desde que se conoció. Las reválidas en los institutos, cuyo decreto que las regula se posterga. Dicha dilación, en principio, no afecta a la fecha prevista para que estas pruebas externas -controladas por el Ejecutivo central- se apliquen. Las primera convocatoria par la ESO y el Bachillerato entrarán en vigor en 2017. Es decir, quedan prácticamente dos cursos por delante para aprobar esa normativa. Tiempo en el que se celebrarán unas elecciones generales que, tras lo sucedido en los comicios autonómicos y municipales, puede cambiar bastante el panorama político. El Gobierno con esta decisión -que en nada repercute al desarrollo de la reforma educativa- gana por un lado tiempo y por otro, contenta a las comundidades tras el cierre en banda del anterior ministro. Mengua, pues, la confrontación.

El plan de aplicación de la Lomce prevé que las evaluaciones finales lleguen a Primaria en 2016. Sin embargo, las reválidas en la primera etapa educativa obligatoria no tienen la repercusión que en los institutos, donde condicionan la promoción del alumno y su acceso a la universidad. El Gobierno sí desarrollará el decreto que regula la pruebas en sexto de Primaria, pero no hará lo mismo con las de Secundaria y Bachillerato. "Se hará más adelante", añadió el ministro.

La noticia fue acogida con gran satisfacción por las comunidades. La demora en los decretos de las reválidas en los institutos servirá, según el Gobierno, para "debatir" con las autonomías. Ese diálogo que las regiones que desde un principio se han mostrado reacias a la Lomce habían exigido horas antes de la conferencia sectorial. En concreto, fueron 12 comunidades las que mantuvieron un encuentro previo a la reunión con Méndez de Vigo, ninguna gobernada por el PP: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Canarias, Cantabria, Cataluña, Navarra y País Vasco.

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, celebró el cambio de postura del Gobierno, al que califica de "marcha atrás". Sin embargo, considera "insuficiente" la decisión del ministro. "Esperaba mucho más", señaló De la Calle, quien lamentó que Méndez de Vigo no haya accedido a la petición de la mayoría de las comunidades de aplazar la aplicación de la Lomce, una reforma que, según la consejera, "sólo sirve para segregar y separar".

Andalucía, como ocurrió el año pasado en los colegios, contará el próximo curso con un periodo de transición para desarrollar la reforma en los institutos. Su implantación definitiva -siempre que el PP continúe en el Gobierno central- llegará cuando se apruebe una normativa autonómica para desarrollarla que sea fruto del consenso con la comunidad educativa. La consejera, además, considera "insuficiente" la financiación de la ley.