Se conmemora hoy el 69 aniversario de la proclamación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una declaración a la que se han adherido la práctica totalidad de los países del mundo, incluida España -no podía ser de otra manera- desde el advenimiento de la democracia.

Hace unos días conmemoramos también el aniversario de la aprobación de la Constitución Española de 1978. Una Constitución que, en cuanto a los derechos fundamentales de los españoles, no sólo establece que tales derechos se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España (art. 10.2) sino que reproduce casi literalmente muchos de los recogidos en la Declaración Universal.

Hace falta una ciudadanía que exija y luche por los derechos humanos activamente

Partiendo de esos mimbres no podría sino establecerse desde el primer artículo de la Constitución el carácter social y democrático de derecho de nuestro Estado, lo cual podría quedar un poco abstracto si a continuación no especificara que los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Mucho ha llovido desde entonces. Y, aunque haya habido algunos pasos positivos, la realidad que percibimos la ciudadanía es que nuestros derechos -los proclamados en la Constitución o en la Declaración Universal- han sido ignorados y violentados de forma flagrante y vergonzosa. Por más que diga la letra de la Constitución los derechos de las personas son pisoteados, tirados a la basura una y otra vez. Y lo más indecente de todo es que quienes los pisotean son precisamente los que tienen la responsabilidad de hacerlos respetar.

Alberto Garzón, el coordinador de IU, realizó el experimento de reproducir uno de estos artículos constitucionales en su twitter, concretamente el 128.1: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general". Y recibió todo tipo de ataques por ultraizquierdista y otros calificativos de ese tenor.

Pero lo cierto es que en realidad este artículo es, como la mayoría, verdadero papel mojado. Sólo hay que recordar que el Banco de España da por perdidos más de 42.000 euros de dinero de todos, de los 57.000 que el Estado aportó a la Banca. Una Banca de beneficios incalculables y sueldazos obscenos de sus directivos ¿ese es tal vez el interés general?

¿Fue acaso el interés general el que llevó a la modificación exprés -con nocturnidad y alevosía- del artículo 135, realizada por Zapatero en 2011? ("Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta") Prioridad que resulta en la práctica acabar con el carácter social de nuestro Estado que proclamaba el primer artículo de la Constitución. Y cuyas consecuencias hoy estamos sufriendo todos y todas bajo la férula de un siniestro ministro de Hacienda.

Siguiendo la Declaración Universal se escribió el Art. 47 de la Constitución: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". Convengamos que como menos pertenece al género del sainete para las 40.000 personas que viven en la calle, los que siguen siendo desahuciados o los que no logran encontrar un techo donde formar una familia. Sainete para quienes han especulado con el terreno y se han enriquecido corruptamente en ese negocio con la protección de los poderes públicos que deberían impedirlo y perseguirlos.

Y así podríamos seguir con uno y cien artículos de nuestra Constitución. ¿Cómo, por ejemplo, se atreven a hablar de igualdad cuando acaba de denunciar nada menos la Comisión Europea que España se sitúa a la cabeza de toda Europa en niveles de desigualdad? ¿Cómo no referirnos a las personas en situación de pobreza y exclusión de las que nuestra provincia soporta las más altas tasas de toda España? ¿Dónde queda para ellas el artículo 35?: "Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo".

Si, porque obligación hablar de la igualdad entre los sexos precisamente, que también está negro sobre blanco en la Constitución. ¿De qué igualdad hablamos cuando se perpetúan -después de 40 años- las graves discriminaciones que sufren las mujeres en nuestra sociedad? Entre ellas sin duda la situación de violencia de género, que muestra cifras alarmantes no sólo de muertes, sino de violencia cotidiana. A veces se tiende a olvidar que los derechos de las mujeres son también derechos humanos.

No hablemos de derechos y libertades consagrados por la DUDH y la Constitución como las libertades de expresión, reunión y manifestación socavadas por la Ley Mordaza. Por no referirnos al ancho, largo y ajeno mundo de la Justicia, no sólo en la más baja consideración ciudadana, sino altamente politizada, condicionada y manipulada; de tal forma que no son pocas veces que de la Justicia no haya que esperar ninguna justicia.

Pero todo esto cuenta poco para quienes nos gobiernan. Parece como si el único articulo que exista en la Constitución es el nº 2: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles". La vulneración de este precepto constitucional ha llevado a la aplicación del artículo 155 a Cataluña. Pues bien, la gente que defendemos el estado de derecho y los derechos humanos tal vez nos gustaría que hubiera una especie de artículo 155 social para aplicar a todos los que han convertido nuestro país en un erial de recortes, de miseria y de desigualdad, pasándose por el forro la Constitución casi completa. Pero claro, el problema es que los que nos gobiernan son los mismos que tendrían que aplicárselo, cosa que parece poco previsible. Así que ciertamente poco podemos confiar en que la justicia o los políticos hagan respetar de verdad la Constitución y por tanto los Derechos Humanos. Pero llegado el día de su conmemoración de su 69 cumpleaños, nos toca insistir y si acaso decirlo más alto y más claro. Porque pensamos que hace falta una ciudadanía que exija y luche por los derechos humanos de forma comprometida, activa, cívicamente y de forma altamente solidaria. Quizás resucitando con más fuerza que nunca aquel viejo y sabio lema de la revolución francesa: ¡Libertad, igualdad, fraternidad!