En caso de crisis, medidas anticíclicas. Lo siento, así se llaman. Keynes sigue siendo mano de santo para tiempo de mudanzas. Que las familias consumen menos porque están endeudadas y las inmobiliarias no venden porque quien no puede acecha, el Estado inyecta dinero en obras públicas y baja, si puede, los tipos de interés. Sostiene la caída. Al contrario: que se recalienta la economía y escalan los precios, restricciones al crédito para evitar esos subidones que alegremente se convierten en burbujas. La cuestión están en casar los tiempos. Le ha pasado a la Junta: un plan para construir 300.000 viviendas de protección oficial con el que paliar la crisis del sector de la construcción, aunque para ello ha tenido que si no matar, si dejar en aguas de borraja el famoso POTA, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Una rectificación en toda regla, a pesar de que el sector financiero ya sabía lo que se barruntaba en la construcción cuando la Consejería de Obras Públicas andaba encantada con su estrella hoy mortecina. No es ningún secreto que en el Consejo de Gobierno de Manuel Chaves había consejeros a los que nunca les gustaron la restricciones del POTA, y mucho menos a los alcaldes socialistas de la Sierra y de La Janda, que no alcanzaban a comprender por qué el crecimiento de sus pequeños pueblos se limitaba al 40 por ciento. Y, por fin, el ministro de Economía, Pedro Solbes, admitió el jueves en La Coruña que había minusvalorado lo que él creía ser un "aterrizaje suave" del sector de la construcción. No sólo lo dice Solbes, según varias personas consultadas por Diario de Cádiz en los distintos sectores que conforman esa gran industria el frenazo es mayúsculo. Y en esto llegó el decreto publicado el jueves en el BOJA, el 11/2008.

Ante la crisis, la Junta respondió en diciembre con el denominado Pacto Andaluz por la Vivienda: 300.000 viviendas de protección oficial. Inyección de dinero público para promocionar algo de combustible a la industria de la construcción, responsable en gran parte del crecimiento del empleo en Andalucía de la última década. Pero para ello, el POTA resultaba incómodo. Se sabe que el propio presidente Chaves así se lo comentó a un representante empresarial gaditano en el mes de diciembre.

La medida principal del citado decreto es que, desde ahora, los municipios y la Junta podrán expropiar suelos para construir viviendas públicas, al margen de sus planeamientos generales, pero atención: todo tipo de suelos, los no urbanizables y los urbanizables, sectorizados o no. Es decir que, mediante el procedimiento de urgencia que se arbitra, se sortea la lenta y dificultosa modificación de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), y se va directamente a la delimitación de una reserva de suelo que, eso sí, debe contar con un plan especial. Hay control, pero no tanto, y es que la mayor parte de los PGOU de las grandes y medianas poblaciones estaban además en proceso de adaptación al POTA, lo que frenaba aún más la mortecina actividad. La intención es bien clara: ahora que cae el mercado de la vivienda de renta libre, la administración promociona el de las protegidas.

El decreto contiene cambios sustanciales para el POTA. Este plan limitaba el crecimiento urbano de todas las poblaciones al 40 por ciento y al 30 por ciento, el de su población. Esto ya no será así. Ahora se permite a las poblaciones de más de 2.000 habitantes aumentar su crecimiento territorial (o de población, aún no se sabe) un 60 por ciento; a los municipios de entre 2.000 y 5.000 habitantes, un 50 por ciento, y a los de entre 5.000 y 10.000 habitantes, un 40 por ciento. Siempre que justifiquen que su crecimiento anterior fue inferior al 10,2 por ciento, el de la media andaluza. Pero es que hay más: los suelos industriales no computan en el cálculo de estos crecimientos, con lo que en realidad habrá municipios que puedan expandirse hasta un cien por cien.

Y una corrección más, de gran importancia. Para calcular el aumento de la población, el POTA multiplicaba el número de viviendas por un coeficiente poblacional. Por ejemplo: si se construyen 1.000 viviendas y se le aplica el coeficiente general de 2,7, el aumento de población es de 2.700 habitantes. El caso es que el nuevo decreto establece que "se computará el número de habitantes por vivienda con un coeficiente inferior al marcado con carácter general en función de la tipología de viviendas protegidas". Si volvemos al caso anterior, en vez de multiplicar 2,7 por 1.000, haremos 2 por 1.000, con lo cual nos sale un crecimiento menor en 700 personas o, al revés, se podrán construir más viviendas sin rebasar los 2.700. Sin embargo, estas medidas no comenzarán a surtir efectos en el sector en un plazo que va del año y medio a los dos. Y es que vienen duras.