Podrían ser algo así como los enfermeros de la economía, los que están en la primera línea de fuego para ayudar a las otras víctimas de la pandemia, las económicas. La actividad ha quedado absolutamente parada en muchos sectores, por lo que en un sistema en la que todos estamos encadenados los unos con los otros, lo que viene en el futuro no es muy alentador. Los tres profesionales consultados por este medio están en el día a día con muchos profesionales, empresarios, autónomos y propietarios e inquilinos de pisos y locales comerciales y todos coinciden en que lo que queda por venir desde el punto de vista económico va a ser complicado.

Emilio Trigueros, agente de la propiedad; Antonio Rosado, economista y asesor fiscal; y José Blas Fernández, graduado social, se mueven estos días entre moratoria de alquileres, expedientes de regulación temporales de Empleo (ERTE), aplazamiento de pago de tributos o la congoja que muchos de sus clientes llevan consigo.

En Administraciones Trigueros un 15% de los clientes que administran han llegado a distintos acuerdos para el pago de las rentas de alquiler entre propietarios e inquilinos. Emilio Trigueros cree que “lo mejor en estos casos es que se llegue a un acuerdo entre las partes y, la verdad, es que casi todo el mundo está poniendo de su parte. En una situación así, o nos ayudamos todos o se complica mucho más”.

Independientemente del Real Decreto que se estableció por el estado de alarma, lo que se ha llegado es a acuerdos a nivel particular.

En algunos casos se ha tratado de una rebaja en la renta mientras que dura esta situación; en otros la suspensión del alquiler o la moratoria, que es cuando se deja de pagar el alquiler y en el plazo de tres años se recupera todo lo que no se ha abonado durante ese período.

Trigueros asegura que “Cádiz es una ciudad pagadora en las rentas. Curiosamente ocurre que los que están en situación de vulnerabilidad tienen mayor interés en pagar”.

El Real Decreto diferenciaba entre los grandes tenedores de viviendas y los que son propietarios más normales. En Cádiz la inmensa mayoría son de los segundos. Por eso, Trigueros insiste en que lo que se recomienda es que se lleguen a acuerdos. Esta administración, que es de las que lleva más años operando en la capital gaditana, recomienda “pensar en largo plazo. A veces es mejor llegar a un acuerdo y hacer una rebaja de la renta pero seguir manteniendo al inquilino que perderlo y tener que sacar al mercado una propiedad en una situación como esta”.

Trigueros, en este sentido, resalta que se está produciendo mucha comprensión por parte de los propietarios con la situación que se está viviendo, al igual que en la otra parte. “La gente quiere cumplir y pagar”.

Aunque en esta administración no llevan apartamentos turísticos, éste sí que puede ser un problema que pueda dar la cara en el futuro, porque hay propietarios que se han hipotecado para estos proyectos y, encima, la actividad turística se ha paralizado totalmente debido al estado de alarma.

En otro campo de batalla está José Blas Fernández, graduado social y presidente de este colectivo en la provincia de Cádiz. “Estamos desbordados estos días con los ERTEs y todo lo que conlleva”. Así, relata que en este aspecto tienen que tratar con dos administraciones, por un lado con la Junta de Andalucía y por otro con el Estado a través del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).

Fernández respira porque, al menos, todo el asunto telemático de los trámites funciona bien: “Esto nos llega a pasar en el año 95 y hubiera sido mucho peor”.

El problema es, a juicio de Fernández, “que se está tardando mucho en resolver estos ERTEs. Están a tope y es incierto que estén resolviendo los expedientes en cinco o diez días”. En este sentido, añade que “de todos los que hemos mandado, sólo han resuelto el 30 o el 40%.

Así, también asevera que casi todas las empresas que están presentando los ERTEs utilizan como argumento el de fuerza mayor. Para poder solicitar esta modalidad la empresa deberá acreditar debidamente que existen pérdidas de actividad cuya causa directa sea el Covid-19, bien sea por la suspensión de actividades, cierre temporal de locales, restricciones de transporte, falta de suministros, contagio de la plantilla o aislamiento. Y se puede aplicar de dos maneras, bien con las suspensión temporal del contrato o con la reducción de la jornada laboral de los empleados.

El presidente de los graduados sociales señala que “si no llegan a estar legislados los ERTEs de la reforma laboral del PP, no se podría acudir a esta fórmula que tenemos ahora”.

Fernández afirma que ha habido un poco de lío y contradicciones con el asunto de las actividades esenciales: “Por ejemplo, un fabricante de muebles podía seguir con la actividad pero, sin embargo, lo que hace no puede venderlo porque las tiendas que hacen llegar el producto a los clientes están cerradas”.

También otras de las incógnitas era si los fijos discontinuos, que hay mucho en la hostelería y en los hoteles, si pueden ser incluidos o no en los ERTEs.

Una de las grandes víctimas que se produce en este período es el de la gente que vive de la economía sumergida: “Ahí han sufrido un bocado tremendo y es brutal. Por ejemplo es el caso de las empleadas del hogar que trabajan por horas y que no están aseguradas”. También están teniendo que dedicar parte de su tiempo en el asunto de los juicios. Para que se suspendan tienen que llegar a un acuerdo con la otra parte.Fernández afirma que está trabajando en su despacho pero se encuentra cerrado al público y atendiendo de manera telemática y por teléfono a todos los clientes.

En el ámbito del asesoramiento económico y fiscal está Antonio Rosado de la firma Antonio Rosado Economistas, que describe muy bien la situación que tiene que vivir en el día a día: “Esto es un drama. La mitad del tiempo estamos asesorando y la otra mitad parecemos el teléfono de la esperanza”.

Eso y los continuos cambios de normativa que se están produciendo en una situación excepcional como esta. Antonio Rosado envía a sus clientes circulares con las modificaciones que hay en la normativa. En todo el año pasado hizo 31 envíos y en lo que llevamos de estado de alarma hasta hace una semana ya había remitido 12 de la 29 va en este ejercicio. Ha habido ya siete reales decretos “que rectifican los anteriores. Eso produce de todo menos seguridad jurídica”.

Hace unos días vivieron una circunstancia curiosa y es que justo el día antes en el que acababa el plazo para el pago de los impuestos trimestrales y cuando ya prácticamente todo el mundo lo había cumplimentado, llegó una orden ministerial por la que se producía el aplazamiento de un mes: “Esto es algo que habíamos pedido por activa y por pasiva desde que todo esto comenzó. Está muy bien pero lo podían haber hecho un poco antes”. Esto se hizo para las empresa que facturaban menos de seis millones de euros.

Antonio Rosado explica que “esta prórroga llegó sobre la bocina y en mi despacho el 90% ya se había buscado la vida”.

Uno de los sectores que más preocupa a Rosado es el de los hoteles y los restaurantes. “Hay que tener en cuenta que cuando se produce el estado de alarma estos establecimientos no habían prácticamente empezado el año, ya que las tres cuartas partes de los hoteles empiezan en Semana Santa”.

Otro de los problemas que se están encontrando muchas empresas es que pese a que se encuentran cerrados y, por lo tanto, no pueden tener ingresos, hay muchos gastos que sí se producen: “El que está cerrado se encuentra asfixiado” y por ello entra la negociación para poder hacer frente a los gastos. En este sentido, “te quedas maravillado de que la gente trate de llegar a acuerdos”.

Antonio Rosado tiene muy claro que “todavía no nos hemos enterado de las consecuencias reales que va a tener para la economía el coronavirus”. De este modo señala las ayudas públicas para los ERTEs, las líneas de créditos ICO para las empresas o los aplazamiento de los distintos pagos. Lo peor puede llegar a partir del mes de junio”. Y lanza un mensaje que da una idea de lo que estamos viviendo y es que “esta crisis no la vamos a volver nunca más”.