El concejal del Partido Popular Ignacio Romaní ha escapado esta tarde vivo del consejo de administración de Aguas de Cádiz en el que se tenía que dilucidar si se llevaba a los tribunales el pago de 42.000 euros que se hizo en varios plazos desde la empresa municipal al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa cuando Romaní era presidente de esta sociedad. Se daba la circunstancia de que este observatorio estaba presidido por Carlos Guillén, que fue director de la tesis de Romaní.

En el consejo de administración, los consejeros del equipo de gobierno querían presentar directamente una denuncia en los tribunales, mientras que el PSOE optaba por poner el caso en  manos de la Fiscalía para que investigara. Al final ni una ni otra propuesta salieron adelante por la abstención respectiva y lo que ocurrió es que la empresa Aguas de Cádiz como tal no va a ejercer ninguna acción judicial en el caso, pese a que tenía un informe realizado en el seno de la propia sociedad en el que se decía que se habían podido cometer hasta cuatro delitos. También hay otro de la Universidad en el que se desvinculaba de la investigación del organismo de Carlos Guillén.

Ante esta falta de acuerdo, los consejeros del equipo de gobierno (Podemos y Ganar Cádiz) han decidido presentar una denuncia ante el juzgado de primera instancia, mientras que el grupo municipal socialista va a llevarlo a la Fiscalía, tal y como lo hizo en el de Matadero.

Mientras tanto, el PP calificó de "paripé" el consejo y señaló que nadie había querido asumir llevar al juzgado "otro informe de Aguas de Cádiz hecho a medida o meter la pata como en Matadero".