Hace diecinueve años tuvo lugar el último entierro en el camposanto de Cádiz. Abierto a principios del siglo XIX en los extramuros de la ciudad, el lento crecimiento de la misma había acabado por rodearlo de viviendas haciendo inviable su continuidad. Un nuevo modelo de cementerio, el mancomunado de Chiclana, abría sus puertas y permitía por fin el cierre de las instalaciones de la capital, sobre lo que se venía hablando desde hacía décadas.

Cerrado el viejo cementerio de San José se iniciaba entonces el proceso de desalojo de los más de 200.000 enterramientos realizados en dos siglos. Se asumía entonces que el proceso iba a ser lento. Lógico. Pero nunca se llegó a pensar que dos décadas más tarde el equipamiento fúnebre iba a seguir en pie. En estado ruinoso, pero en pie. Y el parque que allí se iba a construir sigue siendo un sueño eterno.

Cierto es que todos los nichos ya están vacíos e incluso han sido trasladados restos de gaditanos emblemáticos, como el alcalde Salvochea o Don Rosendo, pero aún queda medio centenar de panteones ocupados y con un difícil y lento proceso de desalojo pues se está chocando, primero, con la complicada localización de los familiares de los finados y, después, con la presencia de demasiados herederos sin interés por asumir el coste de estos traslados. Sólo en determinados casos y en estructuras con indudable valor histórico y arquitectónicos, se ha llegado a acuerdos con los propietarios de los panteones para su reubicación al mancomunado de Chiclana.

En todo caso, este es un problema muy secundario y que no justifica que no acabe de iniciarse el derribo definitivo de las cuarteladas ya vacías, a pesar que desde principios de 2009 hay un proyecto adjudicado a la empresa Volatec, por 141.000 euros, para ejecutar un trabajo nunca iniciado.

El gran problema del cementerio de Cádiz, el que retrasa su cierre definitivo, el que impide que su solar -tan estratégicamente situado en pleno paseo marítimo- se convierta en una zonas de equipamientos públicos, no es otro que la existencia de varias decenas de miles de inhumaciones que descansan bajo el cemento que cubre toda su superficie. Una cifra entre las que se encuentran varios centenares de víctimas de la represión franquista tras el golpe militar del 18 de julio de 1936, las víctimas de la Memoria Histórica.

Aquí reside el gran problema que retrasa la definitiva clausura del cementerio de Cádiz. Ya no son los 141.000 euros del coste del derribo de las cuarteladas que siguen en pie. Es el inmenso coste que supone levantar todo el cementerio, exhumar miles de restos, intentar localizar los que fueron asesinados tras el golpe del 36, y proceder a su traslado al cementerio mancomunado. Una operación muy costosa y, a la vez, muy dolorosa.

El gobierno del PP ya ha dejado claro que no tiene ninguna intención de agilizar el desalojo definitivo del camposanto; que asume que es una cuestión muy delicada para los ciudadanos y que no pondrá límites en el tiempo, fundamentalmente en todo lo relacionado con la Memoria Histórica.

Con esta premisa, el tiempo va para largo. Según datos de Cemabasa, la empresa pública que gestiona el camposanto de la ciudad, sólo se han realizado, previa petición, cuatro exhumaciones de restos incluidos dentro de la Memoria Histórica. Queda un quinto solicitado hace años pero que aún no se ha realizado ya que, según la documentación del cementerio, sobre el enterramiento hay una cuartelada, ruinosa y vacía, que hay que derribar. José María Aráuz, que junto a su familia lleva años reclamando la posibilidad de recuperar los restos de su familiar asesinado, ve como ya sólo queda él y sigue sin recibir respuesta positiva a sus peticiones, según comentan sus amigos.

El estado ruinoso de las cuarteladas vacías provoca que no se autorice la entrada al camposanto por motivos de seguridad, aunque no hay riesgo de caída de los muros exteriores, en buen estado. Sí funciona una oficina en San José que evita a muchos ciudadanos acudir a Chiclana para solventar papeleo burocrático. Sí se ha rehabilitado la capilla, que se mantendrá en pie cuando, algún día, se proceda al derribo de las instalaciones.

El Ayuntamiento podría decretar el cierre definitivo del cementerio y conceder el plazo de tres meses legalmente establecido para peticiones de familiares de fallecidos. No tiene intención de tomar la primera decisión porque considera que el asunto es lo suficientemente delicado como para todo el tiempo necesario a las familias. Así, el cementerio será eterno.