El Partido Popular ha podido escaparse hasta ahora de todas las sombras que se han tratado de poner sobre su gestión en lo que se refiere a presuntas irregularidades sobre su gestión el frente del Ayuntamiento durante 20 años y que hayan acabado en sede judicial.

Hasta ahora ha habido más debate político y en los medios que el resultado final, que no ha sido otro que el archivo de las causas pendientes.

El último de todos es el caso Alumbrado, que afectaba principalmente a uno de los técnicos municipales que ha tenido más poder por las áreas que manejaba durante los años de Teófila Martínez al frente del Ayuntamiento de Cádiz.

Germán Molina no era el único afectado, sino que también estaba en la causa el que fuera director de Contratación, Félix Merchán, que se vio salpicado por este asunto sin todavía saber muy bien por qué. Y de lejos, el que presidía la Mesa de Contratación, el concejal del PP José Blas Fernández. El archivo de la causa deja a todos libres de culpa.

Otro de los más recientes ha sido el caso del agua de Loreto, donde el actual equipo de gobierno entregó en la Fiscalía un informe que se había realizado desde la actual dirección de Aguas de Cádiz sobre lo que había sucedido en los días previos a los cortes de agua que hubo en esta zona de la ciudad y en la gestión de los días siguientes. En ese informe se ponía el foco acerca de que no se había dicho la verdad sobre el origen y que se había tardado más de la cuenta en realizar el corte de agua.

Paralelamente se inició otro proceso donde el Partido Popular denunció al alcalde y a dos miembros más de su equipo tras decir en la asamblea de Loreto que se había suministrado agua contaminada al barrio de Loreto. El primero de los casos fue archivado por la Fiscalía. El segundo sigue abierto en los juzgados y se está a la espera de las calificaciones de las distintas partes.

Y el otro que también ha dado mucho que hablar y que incluso originó que los partidos de la oposición entraran de lleno en el tema fue el caso Matadero, donde se acusó a las concejalas del Partido Popular, Mercedes Colombo y Carmen Sánchez, de haber ejercido presiones para conceder viviendas de Matadero y que contravenía el criterio de algunas de las trabajadoras sociales. Esta denuncia se lanzó a través de los sindicatos municipales y en la que participaron los partidos que entonces estaba en la oposición. En Fiscalía en principio se dijo que podía haber indicios de que se habían cometido irregularidades y comenzó una instrucción donde fueron a declarar todas las partes implicadas. Sin embargo, finalmente todo quedó en nada, es decir, archivado.