Cádiz y el lunar de los chiringuitos

“A poco que des una vuelta por cualquier playa podrás disfrutar de chiringuitos y espacios espectaculares. Eso no lo tenemos en Cádiz”. Esta reflexión, casi queja, posiblemente haya llegado también a sus oídos. La lanza un gaditano cualquiera que en los últimos años ha visitado las playas de Sanlúcar, Chipiona, Chiclana y demás localidades sin necesidad de salir de la provincia, donde el atractivo de la hostelería se suma a la oferta del verano. Algo por lo que apostaba Cádiz allá por el año 2014, cuando culminó un proceso de adjudicación que transcurrido todo este tiempo (doce años ya) ha evidenciado su fracaso.

La operación que entonces puso en marcha el Ayuntamiento (en tiempos de Teófila Martínez) para renovar las instalaciones de hostelería que ya tenían las playas de la ciudad buscaba dinamizar la temporada de verano con nuevos quioscos y también en mayor número. Se hablaba entonces de cumplir “los máximos estándares de calidad” o de mantener “la imagen de excelencia” en las playas, asegurando que se iba a ser “muy exigente” con las condiciones en las que había que acceder a las concesiones y luego mantenerlas.

Pero la realidad actual es bien distinta. Empezando por el número de negocios, que de los 10 iniciales ya sólo funcionan 7. Por el camino se quedó el de Santibáñez en el mismo concurso, quedando desierto; y los otros dos perdieron la concesión en estos últimos años, habiendo desaparecido incluso ya del paisaje playero (el último de ellos en la antesala de este verano, cuando el Ayuntamiento procedió a su desmontaje por razones de salubridad y seguridad).

Un escenario complejo

Desde el Ayuntamiento se da cuenta del dificultoso proceso envuelto además en un escenario jurídico que tampoco es sencillo. Y es que el punto de partida es el de un espacio que es titularidad del Estado (como suelo del dominio público marítimo terrestre), que cede a la Junta las competencias para su gestión y ordenación; y que esta, a su vez, otorga al Ayuntamiento como concesionario de las parcelas de los chiringuitos. Parcelas donde se instalan los chiringuitos cuya explotación, al mismo tiempo, se adjudica a los hosteleros correspondientes. Un pequeño galimatías que a lo largo de estos años ha desembocado en varios episodios polémicos que de alguna forma tienen consecuencias en la actividad hostelera.

El primero de ellos, al poco de iniciarse la actividad en los nuevos chiringuitos fue el de la temporalidad de la apertura de estos negocios. El pliego inicial permitía que estuvieran abiertos entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de cada año; pero ya tras el primer verano (en 2014) hubo empresarios que empezaron a solicitar una ampliación del período de apertura. Es más, querían que no hubiera limitación alguna en ese período, además de reclamar el doble de espacio que el inicialmente concedido en el pliego de condiciones (que era de 150 metros cuadrados cada chiringuito) y el triple del período de concesión (de los 10 años iniciales a los 30).

Esta patata caliente derivó en otro polémico proceso, que se inició a finales de 2017: que los titulares de los chiringuitos pasaran a ser concesionarios directos de la Junta de Andalucía, dejando así el Ayuntamiento de ser, de algún modo, intermediario en esa espiral de titulares y responsables de cada parcela de arena.

Así, el Ayuntamiento aprobó en noviembre de 2017 (ya en tiempos de José María González) un decreto para la transmisión de los títulos de concesión en favor de los propietarios de los chiringuitos; proceso que inició la Junta de Andalucía. No obstante, en julio de 2018 el mismo equipo de gobierno que había aprobado ese decreto nueve meses antes quiso dar marcha atrás y desistir de esa petición inicial a la Junta. Y la Junta (entonces gobernada por el PSOE) rechazó esta petición municipal alegando que el expediente estaba iniciado y seguiría adelante.

Empieza aquí una disputa judicial entre Junta y Ayuntamiento que se mantiene en la actualidad, a la espera de que los tribunales resuelvan. Y es que entiende el Ayuntamiento que el expediente de traspaso de la concesión a favor de los empresarios de hostelería estaba iniciado por la Junta, pero no culminado cuando el gobierno de González pidió su anulación. Y entiende la Junta que una vez iniciado no tenía vuelta atrás.

En este punto se inicia un nuevo conflicto. Previamente, hay que señalar que de los nueve propietarios de chiringuitos, siete sí solicitaron pasar a ser concesionarios directos de la Junta y otros dos no se sumaron a la propuesta, por lo que siguen dependiendo del Ayuntamiento. De los siete que la Junta entiende que están ya bajo su tutela directa se iniciaron cuatro “subexpedientes” de modificación sustancial del título, con objeto a ampliarles ese período de concesión, a materializar la apertura durante todo el año y ampliar las instalaciones hasta los 300 metros cuadrados. Y a ello se opone de manera contundente el Ayuntamiento, al considerar que se pretendía “una modificación sustancial contraria al principio de libre concurrencia” y que se incumplía también el PGOU al pretender superar los 150 metros cuadrados de ocupación.

Llegó la Junta a dictar una resolución, a principios de 2018, autorizando en precario a los empresarios a abrir todo el año y a ocupar esos 300 metros cuadrados. Pero el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Cádiz dio la razón al Ayuntamiento respecto a los metros de ocupación, dando la Junta marcha atrás; aunque sí mantuvo la opción de abrir todo el año, como viene ocurriendo hasta ahora.

El escenario presente

Así las cosas, y superada ya la década desde la inauguración de estos chiringuitos que iban a estar en las playas por un período de diez años, ¿cuál es la situación ahora? ¿En qué punto está el presente y qué futuro se presenta para esta actividad hostelera en plena arena?

De momento, explican fuentes municipales que todo sigue estando en los tribunales, que deberán resolver si la razón la tiene o no el Ayuntamiento, que sigue manteniendo que nunca se produjo la transmisión de la concesión de la titularidad de los chiringuitos; extremo que rechaza la Junta.

Hasta que se produzca esa resolución de lo contencioso-administrativo, la Junta sigue tratando directamente con siete de los empresarios de los chiringuitos, aquellos que en 2017 solicitaron la medida que inicialmente permitió el Ayuntamiento. Y dos chiringuitos siguen bajo la titularidad municipal.

Pero conviene precisar que de los siete chiringuitos en manos provisionales de la Junta, dos perdieron ya la concesión. Por lo que la Junta trata directamente con cinco y el Ayuntamiento con dos. Tres se han perdido por el camino estos años.

En medio de todo esto, hay que precisar otro apunte; y es que la Demarcación de Costas sigue considerando al Ayuntamiento como titular de todas las concesiones (incluidas las siete que la Junta cree suyas), por lo que sigue girando anualmente el canon de ocupación de los 1.500 metros cuadrados. Es decir, de los 10 chiringuitos. Lo que abre otro limbo con el canon que están abonando, se entiende que directamente a la Junta, los cinco chiringuitos que siguen bajo el paraguas andaluz, pero que el Ayuntamiento no recibe y tiene que satisfacer a la Demarcación de Costas, que es el Estado.