En la España del siglo XIX, Cádiz fue la ciudad mercantil y liberal por excelencia. En ella se articuló el más importante grupo defensor de las ideas y prácticas librecambistas, que propuso una reforma general de la política económica, eliminando todo tipo de prohibiciones y trabas al comercio; abandonando los privilegios exclusivos y las medidas artificiosas de protección; reorganizando las aduanas exteriores y reduciendo sensiblemente sus aranceles hasta que adquiriesen sólo un carácter fiscal, con el ideal puesto en su completa abolición; y estableciendo puertos francos, en los cuales la práctica mercantil fuera absolutamente libre.

La emancipación de los territorios hispanoamericanos, con la consiguiente pérdida de sus mercados, tuvo efectos demoledores para la economía española en su conjunto, y muy especialmente para la economía gaditana. En Cádiz, se fue generalizando la idea de que la franquicia portuaria era la única salida para una situación tan adversa y, tras largos años de continuada petición, el ansiado puerto franco fue concedido en febrero de 1829. En la ciudad, se permitiría el comercio de todo tipo de productos, con la única excepción de la pólvora, mixtos y municiones de guerra, sin que recayese pago alguno de derechos aduaneros de entrada o de salida. La concesión tuvo carácter de gracia real, y fue considerada como indefinida; si bien se contempló la posibilidad de ser anulada en el futuro, debiéndose cumplir una moratoria de un año para la supresión desde la publicación de la disposición derogatoria. A cambio de gozar el puerto franco, Cádiz se obligaba a satisfacer a la Hacienda lo que ésta dejaba de ingresar por los derechos de consumos, rentas estancadas y contribuciones directas.

El puerto franco fue inaugurado el 30 de mayo de 1829, coincidiendo intencionadamente con el día onomástico del rey Fernando VII, y perduró hasta septiembre de 1832. Su límite físico fue, por tierra, la Cortadura de San Fernando; y, por mar, el espacio comprendido entre una línea recta tirada desde el castillo de Santa Catalina hasta el castillo de Matagorda, y otra desde el castillo de Fort-Luis a la Cortadura de San Fernando. La concesión de la franquicia supuso cambios administrativos importantes en la ciudad de Cádiz, ya que la Intendencia, Oficinas de Provincia y Aduana, se situaron fuera de las líneas de demarcación de la franquicia. La Aduana fue trasladada a San Fernando, mientras que la Intendencia y demás Oficinas provinciales se ubicaron en Jerez. La provincia de Cádiz pasó a denominarse provincia de Jerez de la Frontera.

El puerto franco tuvo una influencia muy importante en la prosperidad de la ciudad, que se manifestó nítidamente en el aumento de su población: mientras que en 1828 sus habitantes no superaban los cuarenta y seis mil, en 1830 pasaban de los sesenta y siete mil. Cádiz atrajo hacia sí buques mercantes de las más importantes naciones, que transportaron una amplia variedad de productos. Entre éstos destacaron las manufacturas textiles de algodón, de procedencia inglesa, y el tabaco. Eran tales las perspectivas de negocio, que varias sucursales de casas de Manchester se establecieron aquí. Las ingentes cantidades de muselinas e indianas eran, luego, introducidas en el resto de España de manera ilícita.

Con relación al tabaco, ha de señalarse que procedía de Cuba y Virginia, mayoritariamente, y que se importaba también de manera extraordinaria, en hojas, cigarros, picado, polvo y rapé. Como en el puerto franco el género no estaba estancado, su elaboración y venta fueron del todo libres. Al finalizar el primer semestre de la franquicia, existían en la ciudad doscientos cuarenta y cuatro establecimientos de venta y numerosos talleres de elaboración que se hallaban en manos privadas. En el momento, se calculó que se ocupaban en la actividad tabaquera alrededor de seis mil personas. Desde Cádiz, se proveía furtivamente de tabaco a los puertos y costas de España. En el territorio circundante, el contrabando se efectuaba, preferentemente, por medio de los faluchos y candrays de Rota, El Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando y Chiclana. Uno de los métodos más usados fue el de colocarlo dentro de hojas de lata, que iban amarradas a las embarcaciones por la proa, debajo de la línea de flotación. Por tierra, eran sobre todo las mujeres las que lo llevaban en unas prótesis elaboradas al respecto. A Sevilla llegaba a través de la línea fluvial-marítima de los barcos de vapor Betis y Coriano. Los manufactureros gaditanos fueron acusados de realizar los cigarros comunes con los mismos modelos y tablillas que los elaborados por el Gobierno en sus fábricas.

El comercio fraudulento del tabaco desde el puerto franco supuso una preocupación enorme para la Hacienda, cuya renta llegó a casi desaparecer en las provincias litorales y limítrofes, a pesar de las actuaciones desarrolladas por los buques guardacostas, el resguardo de los puertos, los carabineros de costas y fronteras, y el resguardo interior. A la ineficacia no era ajeno el hecho de que el fraude se practicaba fácilmente en un país donde el soborno a los oficiales públicos estaba muy generalizado. Así fue como Cádiz sustituyó a Gibraltar, que había tenido hasta entonces el monopolio del contrabando de la costa española; lo que tuvo consecuencias ruinosas sobre la colonia británica, hasta el punto de que muchas casas de comercio gibraltareñas llegaron a establecer sucursales en el puerto franco gaditano, en número no inferior a veinticinco.  

Para la derogación del puerto franco, se tomó como excusa la muerte en atentado del gobernador político y militar de la plaza, y subdelegado especial de policía en la misma, Antonio del Hierro y Oliver, al que seis embozados acuchillaron en la esquina de las calles Verónica y Carne el 3 de marzo de 1831. La acción formaba parte de una conspiración liberal auspiciada por el general Torrijos desde Gibraltar, y provocó en la Bahía un levantamiento popular y un alzamiento militar, que fracasaron. A la fuerte represión contra los liberales, algunos de los cuales fueron pasados por las armas, se unió un castigo general a la ciudad, que se pretendía ejemplarizante, derogándose el puerto franco por un decreto emitido en la Granja de San Ildefonso el 18 de septiembre de 1831.