La Alameda y la Constitución

El primer centenario de las Cortes de Cádiz, celebrado en 1912, dejó recuerdos permanentes en la ciudad, como es el caso del Museo de la calle Santa Inés o el Monumento a las Cortes de Cádiz levantado finalmente en la plaza de España. El segundo centenario, en 2012, pese a la gran cantidad de medios empleados no dejó recuerdos importantes en Cádiz.

La idea de recordar las Cortes de Cádiz en su primer centenario partió del alcalde Luis José Gómez Arámburu, en 1905, pero la realización no se llevaría a cabo hasta unos años más tarde y debido fundamentalmente al trabajo de tres grandes políticos, Labra, Toro y Moret.

El senador Rafael María de Labra fue el hombre que consiguió implicar a las repúblicas hispanoamericanas en los actos del Centenario. Cayetano del Toro, incansable y eficaz alcalde, gestionó y llevó adelante casi todos los proyectos. Segismundo Moret, gaditano y amigo político y personal de Toro, desde la Presidencia del Gobierno prestó toda clase de ayuda y colaboración.

La primera idea del Centenario fue la de levantar un gran monumento que recordara la obra de los legisladores de 1812 y la defensa realizada por los gaditanos ante las tropas francesas de Napoleón. El alcalde Cayetano del Toro tuvo la gran habilidad política de recordar que el monumento era un acuerdo de las propias Cortes de la Nación y que por lo tanto debían ser esas Cortes, y no la ciudad de Cádiz, las que sufragaran los gastos. Y en efecto, con la ayuda de Segismundo Moret y otros destacados políticos, las Cortes Españolas asumieron el gasto de la obra que hoy podemos admirar en la plaza de España.

Ya en 1812 habían quedado establecidos los requisitos que debía contar el monumento. El primero de ellos que se levantara frente a la iglesia del Carmen, en la Alameda, “donde las Cortes y la Regencia dieron gracias al Dios de los ejércitos por la conclusión de tan importante obra y para que los navegantes pudieran verlo al entrar o salir de Cádiz”.

El segundo requisito establecía que el monumento debía contar con un recuerdo para Inglaterra por la ayuda prestada en la guerra contra los franceses. A este respecto la Junta del Centenario recordó un acuerdo tomado en la Isla de León, en noviembre de 1810 “para levantar un monumento en recuerdo del rey Jorge III, que desde el primer grito de la Independencia aportó dinero, armas, tropas y navíos”.

El tercer requisito, que la obra contara con una explanada o anfiteatro “donde pudiera reunirse el Ayuntamiento y las autoridades de Cádiz” y que además sirviera como lugar para recordar la Constitución de 1812 y el restablecimiento de las libertades individuales.

Las Cortes, reunidas en Madrid, aceptaron pagar el monumento, pero acordó designar presidente de la comisión organizadora, por encima del alcalde de Cádiz, al conde de Romanones, presidente del Congreso de los Diputados. Esta “jugada” fue contestada por Cayetano del Toro apartándose definitivamente de la política y de la Alcaldía de Cádiz.

La primera polémica sobre el monumento estuvo relacionada con su ubicación. Las autoridades de 1812 habían pensado, como antes señalamos, en la Alameda, frente a la iglesia y convento del Carmen, pero el Ayuntamiento de Cádiz con su nuevo alcalde, Ramón Rivas Valladares, a la cabeza fue de la opinión de que el lugar más adecuado sería la plaza de San Antonio, ya que allí se había dado lectura solemne a la nueva Constitución.

Romanones, las Cortes y el historiador Pelayo Quintero insistieron en la Alameda y así consta en los primeros concursos convocados para levantar el monumento. Finalmente el arquitecto municipal, Juan Cabrera Latorre, convenció a Madrid que situar el monumento frente al Carmen sería un grave error ya que no había espacio alguno para un obra de tal magnitud y también que habría graves problemas de cimentación.

Por si fueran pocas las discusiones, el senador Ramón de Carranza y el ingeniero Adolfo García Cabezas pensaron que el lugar indicado para el monumento a las Cortes era el actual paseo de Canalejas que por aquellos años, 1910, era una gran explanada a la que aún no se la había dado uso. Esos terrenos, decían, estaban frente al muelle y sería el lugar idóneo para que los turistas que llegaran a Cádiz pudieran admirarlo adecuadamente.

Finalmente el problema de la ubicación vendría a ser resuelto por la propia tardanza en comenzar los trabajos. Ya en 1910 había continuado la obra del derribo de la muralla y hasta san Carlos y la zona de Puerto Piojo presentaba una gran explanada libre de todo obstáculo (la actual plaza de España).

Por su parte el conde de Romanones, cansado de tantas discusiones entre la Alameda y la plaza de San Antonio para acoger al monumento a las Cortes, en mayo de 1912, decidió enviar a Cádiz al famosísimo escultor Mariano Benlliure y al prestigioso arquitecto Enrique María Repullés para que realizaran un informe sobre la ubicación idónea de la obra.

Ambos recorrieron la ciudad examinando la plaza de San Antonio y la zona cercana de la Alameda a la iglesia del Carmen, descartando ambos lugares. Posteriormente acudieron al Palacio de la Aduana para examinar las explanadas que habían quedado resultantes del derribo de la muralla, decidiéndose finalmente por la que sería más tarde plaza de España.

También decidieron que el monumento quedara como está actualmente, es decir, mirando al mar y no a la ciudad para que fuera observado por todos los que llegaran a Cádiz por el muelle.