El Caso Matadero saltó a la luz pública en el año 2013, cuando la Junta de Personal del Ayuntamiento, Izquierda Unida y Partido Socialista denunciaron a las concejalas populares Mercedes Colombo y Carmen Sánchez, del anterior equipo de gobierno, por prevaricación en la entrega de viviendas protegidas de la promoción de Matadero, al existir -supuestamente- un listado de beneficiarios elaborado por el PP que provocaba que familias con más necesidades se quedaran fuera de esas viviendas, denunciando también presiones de estas dos concejalas a empleados de Servicios Sociales para modificar sus informes en favor de ese presunto listado.

La anterior coordinadora de Servicios Sociales, Pilar Tubío, que es hermana de la actual concejal de Vivienda y entonces técnico municipal, fue una de principales artífices de la denuncia; pero su argumento se fue diluyendo durante la instrucción del caso y los posteriores testimonios que se recabó en el Juzgado de Instrucción tanto a trabajadores municipales como a algunos de los usuarios de esas viviendas.

Finalmente en noviembre de 2016, el Juzgado archivó la causa, al no quedar constancia de la existencia de ese listado redactado por el PP y ante los testimonios de los empleados negando esas presiones denunciadas y que motivaron la causa; incluso la propia Tubío (Pilar) llegó en la instrucción a manifestar "que en ningún momento recibió órdenes para modificar el sentido de un informe", según reseñaba la sentencia de noviembre de 2016.

"Nadie resultó adjudicatario sin cumplir los requisitos al efecto requeridos, y nadie que cumpliera los mismos resultó excluido en beneficio de otra persona o unidad familiar con menor derecho a la familia", concluía esa sentencia, que fue recurrida por los demandantes y posteriormente reafirmada por la Audiencia Provincial, que archivaría el caso de forma definitiva el pasado mes de junio.