Los abogados del Estado, los elementos de la discordia

La frase que hizo el ex delegado de la Zona Franca de Cádiz Miguel Osuna al término de la primera ssión por el juicio Rilco, en el que se sienta en el banquillo de los acusados y se enfrenta a una pena de 13 años de prisión, no responde a una casualidad: "Me parece increíble que una persona que nos ha estado asesorando sobre lo que debíamos de hacer, ahora esté como acusación en este juicio".

La declaración de Osuna se producía justo después de que su abogado pidiera la suspensión del juicio por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva entre otras cuestiones, porque el abogado del Estado presente en la sala, José Aurelio Ruiz, tiene que declarar como testigo y no debe estar en los testimonios de los acusados. Asimismo, pidió que su papel lo ejerciera otro letrado del mismo cuerpo pero independiente.

Y todo eso después de que en las vísperas del juicio desde las filas del Partido Popular también se pusiera el foco acusador en los propios abogados del Estado y el papel que han jugado en todo este asunto. Osuna ha defendido desde siempre que él realizó los pagos que quedaban para Miami Free Zone, la empresa que en teoría tenía que haber desarrollado el portal informático Rilco, porque así se lo había aconsejado la Abogacía del Estado.

Esto ha originado también una batalla política porque desde el PSOE se ha tratado de defender la integridad de los abogados del Estado. En este sentido uno de los temores que hay por parte de las filas socialistas es que se prescinda de estas personas en la Zona Franca y se sustituya por otros con los que pueda haber menos roces.

El tribunal de la Audiencia Provincial debe pronunciarse mañana si va a aceptar la solicitud de nulidad del juicio por parte de los abogados respectivos de Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, así como también por parte de José David Sánchez.

Además de haber puesto el foco en la figura de los abogados del Estado, las estrategias van a ir en el sentido de demostrar que el portal informático Rilco se puso en marcha y ha funcionado, que no ha sido una mera invención.

En esa estrategia se han entregado como pruebas unos cronogramas realizados por Telvent, la empresa a la que subcontrató Miami Free Zone sus trabajos y también la encargada de la segunda fase, y los 5.000 papeles que sorpresivamente aparecieron después de seis años en la sede de los Leiva en Florida.

Miguel Osuna se enfrenta a 13 años de prisión por diversos delitos como la malversación de caudales públicos, el fraude y el encubrimiento. Su antecesor en el cargo y al que la Fiscalía acusa de ser el urdidor de la trama, Manuel Rodríguez de Castro, se enfrenta a otros diez años, también por malversación, fraude y prevaricación. Mañana empezarán a declarar si continúa el juicio.