La UCA debe 642.000 euros al Consistorio, según una sentencia del TSJA

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestima el recurso interpuesto por la Universidad de Cádiz (UCA) y "obliga" al centro universitario a pagar 642.556 euros al Ayuntamiento por incumplir su compromiso económico en la puesta en marcha del Centi (Centro de Nuevas Tecnologías de la Información), según explica José Blas Fernández, concejal de Hacienda en el Ayuntamiento.

El motivo, según el dictamen pericial previo a la sentencia y que ha sido redactado por un auditor propuesto por la universidad, aclara Fernández, es que el Consistorio gaditano "cumplió con sus compromisos económicos sobradamente ya que aportó 106.911.768 pesetas -alrededor de 642.556 euros- más de lo que debería haber aportado" para la puesta en marcha del Centi. Es más, el perito que redacta el dictamen considera que el Ayuntamiento "debería reclamar a la Universidad la cantidad que ha aportado de más, es decir, 106.911.768 pesetas en lugar de las 90.588.808 que reclama" teniendo en cuenta los perjuicios sufridos por el Consistorio. Entiende que "ha existido incumplimiento por parte de la Universidad, de sus compromisos económicos" y, por tanto, "es pertinente la reclamación del Ayuntamiento". Una reclamación que, según el dictamen, "se basa en un incumplimiento de lo pactado entre las partes", es decir, entre Ayuntamiento y la Universidad. Asegura que la inversión admitida fue de 5.746.967,55 euros, de los cuales 4.310.225,66 llegaron de los fondos Feder. Del resto, la Universidad aportó "sólo" 515.461,30 euros y el resto lo cedió el Ayuntamiento, cuando únicamente tenía que poner 278.727,92 euros. El responsable de Hacienda asegura que la aportación municipal debía ir destinada a la construcción del edificio, junto al dinero que añadía el Ministerio de Hacienda y el de Industria. La Universidad "tenía que encargarse del equipamiento del inmueble, pero no pudo justificar sus gastos".

Por ello, y teniendo en cuenta el fallo de la sentencia, Fernández asegura que el interventor municipal "nos ha dado la orden de que a partir de ahora no se ejecute ningún pago que tengamos pendiente con la Universidad, se compensará hasta que la deuda alcance los 642.556 euros". Según la sentencia, "la Universidad es deudora", y por ello "el acuerdo municipal de reclamar su pago" aparece "como totalmente acorde a derecho".