La política, entendida como ejercicio del poder público, corresponde en las sociedades libres a los gobernantes democráticamente elegidos, en los que el pueblo, titular de la soberanía, deposita su confianza; pero el ejercicio del poder público no es un fin en sí mismo, sino un medio instrumental ordenado a procurar el bien común y la determinación de qué es el bien común y cómo se consigue nos incumbe a todos los ciudadanos. No es tarea fácil, exige la toma de decisiones; son los gobernantes, los políticos a los que corresponde tomar estas decisiones, que deben adoptarlas contando con los sujetos a los que aquellas decisiones pueden afectar.

El proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz en las instalaciones de los Depósitos de Tabacalera afecta, en general, a todos los gaditanos, y, en particular, a determinados colectivos profesionales. Los colegios profesionales somos representantes cualificados de la sociedad civil, defendemos intereses colectivos que transcienden de los intereses particulares de nuestros colegiados, que en el caso de la abogacía alcanza la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos ante los tribunales en todos los órdenes jurisdiccionales, en los que ejercemos a diario nuestro trabajo asistiendo a nuestros clientes, los justiciables, los ciudadanos, que no olvidemos son los destinatarios del servicio público de administración de justicia, por lo que tenemos una opinión cualificada en un asunto tan importante como la Ciudad de la Justicia, en el que se ha omitido el debate y la participación de la sociedad civil, de la que la abogacía forma parte.

"Los gobernantes deben contar con la sociedad civil y con los profesionales afectados"

Y este debate no solo afecta a la ubicación prevista (la ubicación debe responder al fin perseguido, esto es, la Ciudad de la Justicia debe ubicarse donde mejor se pueda prestar el servicio público de administración de justicia al que va destinada, por razones de espacio, centralidad, comunicaciones, aparcamientos, etc; el aprovechamiento de instalaciones en desuso o la dinamización de una zona de la ciudad son aspectos importantes, pero no definitivos) o al abandono del proyecto nonato en el solar de la Institución Provincial (durante tantos años anunciado para nada, sin alcanzar a entender la razón de su abandono, más allá de los aspectos económicos), sino que habría permitido analizar qué modelo de Ciudad de la Justicia necesita Cádiz. Y es en este punto en el que la abogacía gaditana defiende -como hemos venido exponiendo reiteradamente en los medios- la construcción de un edificio de nueva planta, cuyo diseño permite una funcionalidad orientada específicamente al fin para el que va a ser destinado, planificando los espacios para cada una de las dependencias y necesidades de las sedes judiciales, lo que obviamente no se consigue con la adaptación de un edificio que fue construido para otros fines muy diferentes. Ésta era y es la posición de la abogacía: contar con un edificio judicial de nueva planta, moderno y funcional, con todos los medios necesarios, como se ha hecho en las capitales de Andalucía que ya cuentan con Ciudades de la Justicia, como Málaga, Almería o más recientemente en Córdoba, con inversiones muy superiores a las que se pretenden ejecutar en Cádiz y con volúmenes de edificación considerablemente mayores.

Con la firma del protocolo de colaboración entre la administración local y autonómica los gobernantes ya han tomado la decisión en cuanto al modelo de Ciudad de la Justicia; por el bien de todos esperemos que no se hayan equivocado.

Expuesto lo anterior, todavía estamos a tiempo para que el proyecto de Ciudad de la Justicia sea un proyecto ambicioso, para el que la abogacía gaditana exige que las inversiones proyectadas sean las mismas que se han hecho ya en las otras ciudades de Andalucía, en términos económicos y en metros cuadrados, porque aunque es cierto que la ciudad de Cádiz es más pequeña y tiene menos población que Málaga, Córdoba o Almería, no debemos comparar solo el tamaño de la ciudad, sino su condición de capitalidad de provincia (cuanto menos similar a Córdoba y Almería), condición que debemos defender los gaditanos, porque las sedes judiciales de la ciudad de Cádiz no solo ejercen competencias locales, sino que abarcan a parte de la provincia (como los Juzgados de Menores, de lo Penal, de lo Social o Contencioso-Administrativo) o a toda ella (como los Juzgados de lo Mercantil, la Fiscalía o la Audiencia Provincial); una Ciudad de la Justicia que no responda a la capitalidad provincial de la ciudad de Cádiz puede terminar afectando incluso a la ubicación futura de órganos judiciales ante posibles criterios de creación de nuevos juzgados, repartos de asuntos o incluso reformas de la planta judicial.

La Ciudad de la Justicia debe contar con todos los medios necesarios, con proyección de futuro, que le permita crecer, porque la ciudad de Cádiz (tan limitada por obvias razones de espacio para otras actividades económicas) no puede permitirse un proyecto que resulte insuficiente y frene las posibilidades de crecimiento que la actividad pública genera como consecuencia de su capitalidad: los servicios públicos administrativos. En definitiva, el proyecto que se haga de la Ciudad de la Justicia debe ser un proyecto definitivo, completo; no puede ser un proyecto "económico" de pequeñas dimensiones, no puede quedarse a medias, por lo que resulta obvio que debe incluir la Audiencia y la Fiscalía, organismos importantísimos en la estructura de funcionamiento de la administración de justicia, sin los que no se puede concebir una Ciudad de la Justicia completa y unificada.

Y en este proyecto los gobernantes deben contar con todos, con los gaditanos, con la sociedad civil y con los profesionales afectados, entre quienes juegan un papel fundamental los cerca de 3.000 abogados y abogadas que integran la nómina del Colegio de Abogados de Cádiz, que diariamente ejercen su trabajo en nuestros tribunales, defendiendo los derechos y libertades de los ciudadanos, como garantía de funcionamiento del Estado de Derecho.