-Viene usted de una saga de magistrados. Su hermano es juez, nada menos que el presidente del TSJA, su padre también. ¿Alguno miembro más dentro del mundo de la judicatura?

-No hay ningún miembro más. El primero fue mi padre, que tiene ya 88 años y está jubilado. Él no venía de ninguna tradición de juristas. Lo que pasa es que es un enamorado de la Justicia. Lo suyo es auténtica pasión por el Derecho. Estudió en una época muy difícil, en plena posguerra, aprobando varios cursos a la vez. Fue número uno de su promoción y sacó la oposición en tan sólo seis meses. Nosotros somos ocho hermanos y solo nos dedicamos a esto Lorenzo, el mayor, y yo, que soy la pequeña. El resto de hermanos ejercen otras profesiones.

-Cuéntenos cómo fueron sus comienzos: dónde estudió, en qué momento decidió opositar a juez...

-Mi familia es de Jaén aunque vinimos a Cádiz en la década de los 70. Mi padre, Juan del Río, trabajaba como preparador de jueces, además de ejercer como tal. Así, gran parte de los magistrados de Cádiz han pasado por sus manos, entre ellos, mi hermano, el presidente de la Audiencia Manuel Estrella, Juan Carlos Campos, Antonio Marín, José de la Mata... Al principio yo quería ser fiscal porque mi padre decía que era muy difícil para una mujer ser juez. Me quiso quitar de la cabeza la idea de ser magistrada. No obstante, cuando terminé la carrera tenía claro que iba a estudiar la oposición. En esa época me hicieron una oferta de trabajo en el despacho de abogados de Ramón Dávila y acepté. Solo duré tres meses. Y es que nunca perdía la perspectiva del juez. Así, cuando me enfrentaba a un pleito me quejaba a mi jefe: Esto no es justo. Y él me replicaba: Olvídate, tienes que defender a tu cliente. Pero para mí era imposible dejar a un lado lo que era de Ley. Cuando estudié la oposición fue una época muy mala. Comencé a prepararla en el año 92, me examiné en el 95 y suspendí; y, justo en ese momento, cambiaron el programa, el régimen de oposición y entró en vigor el nuevo Código Penal. Así que tuve que volver a estudiarlo todo de nuevo. Pero a la segunda lo conseguí. Tal y como aprobé las oposiciones me trasladé a la Escuela Judicial de Barcelona; a continuación estuve un año de prácticas en Cádiz, en el Juzgado Mixto número 5; y después permanecí diez años en Sanlúcar, mi primer destino. Era un juzgado muy complicado. Allí trabajé muy duro, no se daba abasto. En un órgano como ese no puedes hacer las cosas como tú quieres, pues si te dedicas a estudiar mucho un caso, lo paralizas; además, la carga de trabajo es ingente, lo que, por otro lado, exige resoluciones más rápidas. Donde estoy ahora, en Instrucción 4, se trabaja también duro, pero dignamente.

-Por lo que me cuenta, en la mesa de los Del Río se habla bastante de Justicia.

-Se habla y mucho. No me puedo comparar con él, pero lo que sí puedo decir es que mi padre me ha trasmitido desde siempre una devoción, una vocación y un amor por la Justicia infinitos, además de un sentido de la responsabilidad grandísimo. Es un hombre con un sentido de la Justicia increíble. Yo lo veía siempre trabajando, a todas horas, bajaba por la mañana, subía para comer y otra vez a trabajar. Mi madre, que se dedicaba más a la casa, también estaba pendiente de los jóvenes a los que preparaba para mi padre, sobre todo, cuando se ponían tan nerviosos antes de examinarse.

-Tiene usted tres hijos. ¿Le gustaría que estudiasen Derecho y opositasen a jueces?

-Estamos hablando de una profesión que ha perdido prestigio con el paso del tiempo y de ello nos hemos encargado todos, incluso los jueces. En general, a nivel político, no interesa que la Justicia funcione bien. Por poner un ejemplo, politizar el Consejo General del Poder Judicial no nos ha hecho ningún bien. Dicho esto, no me disgustaría que mis hijos fuesen jueces en un futuro si deciden dedicarse a ello con pasión y disfrutando como yo lo hago. De hecho, doy gracias diariamente por estar trabajando donde me gusta. Me encanta mi profesión.

-¿Qué supone para usted la ciudad de Cádiz?

-Mi padre era un enamorado de Cádiz, de sus playas, sus paseos, su gastronomía. También del cine y de los toros. Bajo mi punto de vista, Cádiz es una ciudad maravillosa pero necesita mejorar en un aspecto: la mentalidad. Debemos involucrarnos más en su desarrollo. Y es que para obtener beneficios hay que sacrificarse. No se nos puede dar todo en mano. En mi profesión veo mucho "me corresponde esto", "me corresponde lo otro", y, aunque hay gente que realmente no tiene medios, otros se han vuelto cómodos. Hay que crear trabajo, generar inversiones, favorecer la instalación de nuevas empresas para que se genere un círculo de riqueza, consiguiendo así que Cádiz sea más atractiva. Creo que a la gente de esta ciudad le gusta trabajar pero, insisto, nos hemos vuelto cómodos, no hay cultura del esfuerzo.

-¿Su apellido le abrió puertas o, por contra, puso zancadillas en su camino?

-Ni lo uno ni lo otro. La carrera judicial no entiende de nombres propios.

-Está usted al frente de uno de los casos más mediáticos de la provincia, si no el que más, Bahía Competitiva. Cada paso que da, cada decisión que toma, aparece al día siguiente publicado en prensa. ¿Cómo se vive esto?

-Lo primero que quiero aclarar es que a mí se me ha respetado muchísimo por vuestra parte. Jamás me he visto atosigada por ningún periodista. De otra parte, lo mediático de la causa no me afecta para nada en la forma de trabajar. No me he sentido cuestionada ni presionada por ninguno de los implicados. Lo único que sí he sufrido es que han presentado dos quejas ante el Consejo General del Poder Judicial porque ha habido partes que no han estado de acuerdo con mi forma de proceder. Por ello decidieron incoar sendos expedientes disciplinarios ante el CGPJ, pero los dos han sido archivados, lo que no quiere decir que no me haya dolido. De otra parte quisiera subrayar la buena relación que mantengo con el fiscal del caso. Estamos en continuo contacto, pues así lo requiere la causa, que es muy compleja. Precisa de un estudio muy grande y requiere de unos conocimientos en materia de blanqueo muy exhaustivos. Además, yo no estoy excluida del resto de asuntos. La prioridad es relativa en este sentido. Todos lo casos, mediáticos o no, son importantes.

-Antes de ser proclamado alcalde, José María González anunció, seguro con su mejor intención, que ya no habría más desahucios en Cádiz. Pero recién se estrenó el cargo no se hizo esperar la resolución judicial que ordenó el desalojo de los inquilinos de la calle Benjumeda, sin que 'Kichi' pudiera hacer nada por evitarlo. ¿La Justicia le dejó claro al nuevo alcalde quién se encarga de administrar las leyes y quién de legislar?

-A ver. Cuando yo tomo posesión, juro hacer velar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Los jueces debemos conseguir con nuestras sentencias la justicia material, que es la verdadera justicia, eso sí, aplicando la ley para que produzca efecto; de manera que, con independencia de que yo pueda considerar una ley más o menos justa, tengo la obligación de cumplirla y someterme a ella a la hora de dictaminar resoluciones. Esa es mi función. Si hay una normativa aprobada por un Gobierno -que hemos elegido entre todos-, puedo intentar ampliar un plazo, atender a los afectados por el desahucio, pero no saltarme la ley. Esto no quiere decir que a los jueces se nos escape la situación tan dramática que se produce cuando se acuerda un desahucio. Es muy duro. Y se adoptan muchas medidas para intentar paralizarlo, se negocia con los bancos, se estudian alquileres sociales... Pero cuando se va un lanzamiento ya se han agotado todas las vías.

-Sin dejar a un lado a Podemos, ¿qué opinión le merece que la alcaldía de una ciudad tan importante como es la capital de España esté en manos de una jueza?

-Me parece estupendo porque se le presupone una gran formación, además de ser una persona ecuánime, que sabe ponderar las circunstancias de cada caso. Si lo hace bien, puede ser muy positivo. Habrá que esperar a que su gobierno eche a rodar y comprobar cómo la propia realidad la deja aplicar su programa político.

-Es inevitable. La actualidad manda. ¿Qué opinión le merece la reforma del Código Penal?

-Tiene cosas buenas. Bastante buenas. Por ejemplo, determinadas faltas, como las injurias y las calumnias, se han despenalizado. Lo mismo ocurre con los hurtos leves si el acusado reconoce la autoría. Además, se le ha dado al Ministerio Fiscal la oportunidad de que aplique el principio de oportunidad para decidir si el caso en cuestión tiene o no la entidad suficiente. También estoy de acuerdo con que los accidentes de tráfico se hayan despenalizado y pasen a ser una cuestión civil. Ya no, pero hubo una época en la que los juicios por accidente se convirtieron en una manera fácil de conseguir una indemnización elevada. En general, veo que es una reforma muy positiva, ya que había aspectos del Código Penal totalmente obsoletos, aunque considero que se podría haber hecho más para alcanzar una reforma más contundente. En otros asuntos de más peso, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se les ha otorgado, no más poder, si no más autoridad. Así, lo que antes era una falta de respeto -y requería de una denuncia- ahora se puede convertir en una sanción administrativa directa. Depende de la mano izquierda del agente. Tendremos que ver cómo funciona el nuevo código en su aplicación diaria. En cuanto a la prisión permanente revisable... pues dependerá de cada caso. Como es revisable, permite la reinserción social del procesado. Creo que en este punto en concreto se ha intentado dar respuesta a un clamor de la sociedad.

-Hablando de reformas. Son reiteradas las quejas de la ciudadanía, fundamentalmente, por la lentitud del sistema judicial, que pide a gritos cambios para que, entre otras cosas, se agilicen los procesos. ¿Qué opina usted al respecto?

-A mi entender, hay dos factores: uno, el legal, el punto de vista legislativo. Tenemos unos códigos anquilosados. La Ley de Enjuiciamiento Criminal es muy antigua. Está pensada para unos juzgados distintos a los actuales, donde no había la carga de trabajo que hay ahora. Así que hace falta una reforma que agilice los procedimientos. Pero, como cualquier cambio -y entra en juego el segundo factor-, debe ir acompañado de una dotación presupuestaria. Y la Administración de Justicia no cuenta con los recursos suficientes.

-¿A quién le lanzamos la indirecta para que afloje el bolsillo?

-Para grandes temas, entre los que se incluye la Justicia, debería existir un pacto entre gobernantes independientemente del color político. Ahora bien, a los dos factores antes expuestos añadiría un tercero: nuestro trabajo, las ganas, el empeño de cada uno, la dedicación, la implicación personal.

-A nivel de infraestructuras, Cádiz presenta graves carencias. ¿Cómo influye eso en su trabajo diario?

-En Cádiz, cuando los jueces de instrucción estamos de guardia asumimos Violencia y Menores. Y cuando están de vacaciones los titulares de ambos juzgados, también nos encargamos de ello. ¿Qué pasa? Que Menores está en el Estadio y Violencia en la Audiencia. Imagínese los malabares que hacemos en agosto. No tenemos medios para trasladarnos, corre por nuestra propia cuenta, ya sea el autobús, el taxi... Por eso pedimos que, al menos, esos dos penales estuvieran juntos, aunque de momento esa propuesta no ha prosperado. Sería fantástico poder estar todos juntos en una única Ciudad de la Justicia. Es más que necesaria. Pero volvemos a lo mismo, la dotación presupuestaria. Aunque si te pones ha echar números y sumas lo que se paga de un alquiler de aquí, de otro de allá, pues... Es necesario también que exista más conexión entre el Ministerio de Justicia y el Consejo a la hora de abordar las carencias que sufrimos, sobre todo en materia de infraestructuras.

-Si estuviera en su mano, si solamente dependiera de usted, ¿qué cambiaría inmediatamente del sistema actual de Justicia?

-La desvinculación absoluta de los jueces de cualquier partido político. Y si alguien quisiera militar bajo las siglas de algún partido -como opción personal- que lo haga. Pero no debería volver a ser juez. Es un tema complicado. Me gustaría que el ciudadano tuviera el convencimiento de que los jueces están al margen de la política. Estamos aquí para trabajar con independencia y con observación a la Constitución y a las leyes. Claro, después se lee que tal partido propone al tal candidato para el Consejo... Eso al ciudadano no le gusta. Los jueces somos un servicio público y en nosotros tiene que imperar el sentido común.

-Lamento tener que hacerle esta pregunta a estas alturas de la película. ¿Se ha sentido discriminada en su trabajo por una cuestión de género?

Nunca. Jamás (se muestra tajante). Tampoco potenciada por serlo.

-¿Está usted a favor de la institución del jurado o forma parte del grupo de magistrados que lo rechaza?

-No está dando mal resultado. En general, creo que la Justicia debe ser impartida por profesionales. Pero el jurado está muy controlado, según se contempla en nuestras leyes. El presidente siempre ilustra. Las decisiones no están en manos de personas totalmente profanas en temas jurídicos. Eso sí, el jurado puro-puro lo veo muy peligroso.

-¿Está de acuerdo con el proyecto que plantearon los socialistas para que la instrucción de los casos estuviese en manos de los fiscales?

-Aquí juntamos la tremenda lucha entre jueces y fiscales. Los jueces somos independientes, inamovibles y sometidos solo al imperio de la ley. Eso quiere decir que nadie, absolutamente nadie, puede visar mis resoluciones. Por contra, el Ministerio Fiscal forma parte de una estructura jerarquizada y sus resoluciones están visadas. En teoría, su imparcialidad puede verse más cuestionada que la nuestra. A la práctica, puede que sea todo lo contrario. Así las cosas, creo que lo correcto es que actuemos como hasta ahora, es decir, con una comunicación fluida entre magistrados y fiscales. Aunque la instrucción debe estar en manos del juez, por la imparcialidad e inamovilidad que nos define. Y aunque lo fiscales son independientes en si mismos, repito, dependen de una estructura jerarquizada. En definitiva, no se trata de quién dirige, si no de cómo se dirige para que el ciudadano sea, al fin y al cabo, el mayor beneficiado. La instrucción conjunta, mano a mano, es lo ideal.

-Si pudiera volver atrás, ¿volvería a ser juez?

-Sin duda.