El derribo de la Aduana y la construcción de un hotel en la tribuna del Estadio Ramón de Carranza son dos proyectos de calado en Cádiz que el Ayuntamiento ha reactivado de manera decidida este viernes con el apoyo unánime del Pleno de la Corporación. Los dos puntos figuraban en el orden del día del Pleno que se está celebrando y ponen en marcha la maquinaria necesaria para su consecución.

En primer lugar se ha aprobado el expediente para sacar nuevamente a subasta la enajenación del módulo de la Tribuna del estadio Ramón de Carranza destinado a uso principalmente hotelero aunque también (gracias a la modificación que se acordó en 2018) comercial y terciario. 17.000 metros cuadrados de un edificio que sale a la venta por 9,8 millones de euros y para el que el concejal de Patrimonio, Paco Cano, ha anunciado que hay ha "gente interesada".

Este interés no es nuevo respecto al Carranza, aunque lo cierto es que hasta el momento nunca ha cristalizado en una oferta formalizada en el período habilitado de subasta o de venta directa que en varias ocasiones se ha habilitado por parte del Ayuntamiento. Ahora, una vez que el expediente sea publicado en el portal de Contrataciones del Estado, se abrirá un período de dos meses para la presentación de ofertas.

Los concejales de la Corporación han llamado la atención sobre la importancia de esta operación en el Carranza, puesto que la enajenación del módulo hotelero permitirá al Ayuntamiento ingresar 9,8 millones de euros que se destinarán a inversiones. Una cifra que supone "casi el 70% de las inversiones previstas en el presupuesto", según ha señalado el concejal no adscrito Domingo Villero.

La Aduana

Seguidamente, y sin que haya mediado siquiera debate alguno, la Corporación también ha acordado por unanimidad elevar a la Junta de Andalucía el expediente elaborado por la delegación de Urbanismo para solicitar la descatalogación del edificio de la Aduana respecto al Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.

El informe, como publica este viernes Diario de Cádiz, incorpora rotundos posicionamientos tanto del propio Ayuntamiento (por medio del arquitecto municipal, Alejandro Jones) como del Colegio de Arquitectos de Cádiz, así como tesis ya conocidas de González-Capitel en 2017 o extraídas del proyecto que el ingeniero Javier Cortezo realizó en 2010 para la demolición de la parte trasera del edificio.

Con este trámite municipal, se pone en marcha la maquinaria que aspira a derribar el edificio. No obstante, ese extremo se antoja aún largo en el tiempo y de difícil consecución, teniendo en cuenta la necesidad en primer lugar de que la Junta de Andalucía atienda la instancia de descatalogarlo, para después proceder a la modificación del PGOU respecto a la Aduana y entonces plantear el derribo, que para algunos profesionales de la Arquitectura es un debate distinto al de la protección concedida en 2009.