El PSOE pide dos años y tres meses más de prisión que el fiscal para Osuna

El PSOE presentó ayer su escrito de conclusiones definitivas en el que coincide en gran parte con el presentado por el fiscal en cuanto a su redacción y a las penas con la salvedad de que solicita para Miguel Osuna, uno de los dos ex delegados de la Zona Franca de Cádiz acusados en el juicio del caso Rilco, dos años y tres meses más de prisión hasta superar los 10. En este sentido pide dos años y una multa de ocho millones de euros por un delito continuado de fraude, seis años por malversación de caudales públicos y los dos últimos años y tres meses de prisión por encubrimiento.

Uno de los párrafos que aparecen en este documento realizado por la acusación ejercida por el PSOE, que ha recaído en el abogado Gabriel Escalante, dice que Miguel Osuna, "de profesión inspector de tributos del Estado, pese a ya conocer las prácticas delictivas de su antecesor (Manuel Rodríguez de Castro) ideó una maniobra para justificar un cierto control del pago de las cantidades que él mismo transfirió" por importe de más de 2,8 millones de euros a la cuenta corriente que Miami Free Zone tenía en una oficina del BBVA en Cádiz.

Así, según este escrito, Osuna convino con Rafael Ortiz, entonces director general de Rilco "no remitir durante un tiempo a otra cuenta de la sociedad fuera de España el dinero, intentando con ello aparentar controlar el dinero, pese a haberlo pagado en su integridad".

Para el otro delegado del Estado de la Zona Franca, Manuel Rodríguez de Castro, mantiene los diez años del fiscal por fraude en la obtención de ayudas públicas (2 años) y uno conjunto también de fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos (8 años).

Cuatro años para cada uno de los integrantes del matrimonio Leiva, dueños de Miami Free Zone y 11 para el ex director general de Rilco, Rafael Ortiz. El fiscal, al no imputarle ningún cargo a José David Sánchez de Medina, que fue entre otras cosas jefe de Nuevas Tecnologías del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y posteriormente director general de Rilco.

Este escrito lo entregaron en la mañana de ayer en la sede provincial del PSOE, el presidente provincial de esta formación, Manuel Jiménez Barrios; y los diputados en el Congreso Francisco González Cabaña y Mamen Sánchez, en el transcurso de una rueda de prensa.

Jiménez Barrios desveló que algunos consejeros del Partido Popular en el Consorcio de la Zona Franca han estado pidiendo información al ente que ha sido aportada en el juicio por las defensas de los dos ex delegados acusados. Jiménez Barrios afirma que con ello se demuestra "la connivencia total entre el PP, el Consorcio y los ex delegados que ya han sido condenados por el Tribunal de Cuentas" y ha reiterado que "la actual Zona Franca regida por el PP tiene que defender los intereses generales y no los particulares", no entendiendo de esta manera "que quieran que la Zona Franca pierda el juicio".

En este sentido Mamen Sánchez va a realizar una pregunta mañana en la sesión de control dirigida al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para saber si el Gobierno defiende los intereses públicos de la Zona Franca. González Cabaña, por su parte, hará lo propio en la Comisión de Industria en la que interpelará al Gobierno para saber si van a reclamar los 4,3 millones que tienen que devolver los delegados: "Este es el gran escándalo del PP en la provincia de Cádiz y es obligación del Gobierno actuar y pedir la devolución de los fondos Profit que fueron concedidos y de los que se hicieron una utilización presuntamente ilegal".

González Cabaña hizo referencia a los gustos "por los trajes a medida" de Rodríguez de Castro al decir que desde el Gobierno "se le ha hecho uno ya que el informe del Ministerio elaborado antes de 2003 es una coartada debido a que se refiere exclusivamente al procedimiento y se quiere plantear ahora como un instrumento que da visos de legalidad, busca ser una tapadera desde el actual Gobierno de España para con los principales inculpados".

Por último, Jiménez Barrios criticó al presidente provincial del PP, Antonio Sanz, al marcar unos días antes del inicio de juicio la estrategia de la defensa de los ex delegados de la Zona Franca "de acoso y derribo a los abogados del Estado".