La concejala del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Natalia Álvarez, que informado que su formación pedirá en el próximo Pleno municipal que el Ayuntamiento de Cádiz muestre su apoyo a la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.

La edil ha afirmado que esta medida es necesaria "porque garantiza una práctica segura y legal del aborto basada en la salud y los derechos de las mujeres, que a día de hoy sufren actos molestos ofensivos, intimidatorios o coactivos que pretenden influir en la decisión de las mujeres de interrumpir su embarazo".

En España, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está reconocido y regulado por Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que goza de gran consenso y apoyo de la ciudadanía española. "Sin embargo, grupos ultraconservadores, organizados y con gran capacidad económica, acosan y hostigan a las mujeres y a los profesionales que lo facilitan, obstaculizando así el ejercicio de un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico", ha esgrimido Álvarez, quien ha advertido que el acoso a los centros sanitarios donde las mujeres interrumpen voluntariamente sus embarazos "es una constante" desde la aprobación de la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal, por la que se despenalizaba el aborto en tres supuestos, y sigue siendo, hoy, una realidad.

Por esta razón se está tramitando una proposición de Ley Orgánica impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, ha explicado la concejala, "para que sea delito obstaculizar el ejercicio de un derecho reconocido, como es la interrupción voluntaria del embarazo, mediante el acoso a las mujeres que toman esa decisión". "No se puede permitir ni un paso atrás con los derechos conquistados por todas las mujeres y que tanto nos costó conseguir", ha advertido.

Además, Natalia Álvarez ha detallado que en la moción se solicita que desde las competencias municipales se impulsen programas para la educación sexual y prevención de embarazos no deseados. "La política municipal debe ir de la mano de estos cambios importantes para las mujeres de nuestro país, y acompañar las modificaciones legislativas con programas locales es la mejor manera de garantizar los derechos sexuales y reproductivos que marca la Unión Europea, en el marco de la salud de las mujeres y como elemento esencial de una prestación sanitaria integral", ha concluido la edil.