El Grupo Municipal del Partido Popular ha acusado al presidente de la Sociedad Municipal de Fomento Cádiz 2000, Adrián Martínez de Pinillos, de retener durante 35 días las alegaciones presentadas tanto por los consejeros del PP como por los del PSOE en esta entidad municipal a las diligencias que mantenía abiertas el Tribunal de Cuentas por la denuncia presentada por los populares por la actuación durante el proceso de municipalización del anterior dirigente de esta empresa dependiente del Ayuntamiento, Álvaro de la Fuente.

Desde el PP denunciaron que estas reclamaciones de los dos partidos de la oposición se enviaron al Tribunal de Cuentas el pasado 5 de abril, según figura en el matasellos del documento en cuestión. Esto significa que la entrega se produjo un día antes de que se diera a conocer el auto que archivaba la denuncia firmada por el consejero del PP Bruno García.

Afirma que es "un engaño que tendrá consecuencias" para el dirigente de la sociedad

El Grupo Municipal del Partido Popular denunció en una nota de prensa que el PP y el PSOE entregaron sendos escritos de alegaciones en el Consejo de Administración de Cádiz 2000 que se celebró el pasado 1 de marzo.

Los populares consideraron que la mayoría del Consejo de la sociedad municipal habría aprobado, tal y como sucedió en la sesión que se convocó el pasado 20 de marzo, que la contestación pedida por el Tribunal de Cuentas a la denuncia hubiera incorporado los argumentos de los populares y de los socialistas. Sin embargo, responsabilizó el PP a Martínez de Pinillos de no tener en cuenta estas reclamaciones ni el 1 de marzo, fecha en la que se presentaron, ni el 20 de marzo, día en el que se tomó el acuerdo, sino que finalmente esperó al 5 de abril para enviar al Tribunal de Cuentas los escritos de los miembros del Consejo.

El 22 de febrero, según el Grupo Municipal del Partido Popular, Martínez de Pinillos remitió sus alegaciones "sectarias evidentemente, de nuevo a espaldas del Consejo y omitiendo los motivos que ponen en duda la legalidad del proceso de municipalización".

A esto se suma que el propio auto de archivo señala que "el Ministerio Fiscal interesó el archivo" el 12 de marzo, a la vista de las alegaciones presentadas por el representante legal de Cádiz 2000, que llegaron a este Tribunal el 22 de febrero, un día después de ser ratificado Martínez de Pinillos como presidente de la sociedad municipal, sin el visto bueno del resto del Consejo. Estas alegaciones, por tanto, no reflejaban las opiniones del Consejo de Administración, cuyos escritos se remitieron el pasado jueves, lo que fue calificado por el Grupo Municipal del Partido Popular como "un engaño que tendrá sus consecuencias".

Asimismo, los populares gaditanos señalaron a tenor de la información obtenida en estos días que "han vuelto a cometer las mismas irregularidades que se denunciaron en su día; tomar decisiones a espaldas del Consejo y sin el mandato del mismo".

Por ello, el Grupo Municipal del Partido Popular también recordó que "el proceso de municipalización no sólo está viciado de irregularidades en su aspecto económico, ya que se basan en un coste del servicio teórico y no real, algo que intencionadamente el Gobierno local ha ocultado al Tribunal de Cuentas, sino de irregularidades administrativas, lo que también se verá en otros procesos judiciales que ya están en marcha".

Con todo, los populares concluyeron lamentando que ni el alcalde, José María González, ni Álvaro de la Fuente hayan entrado a valorar los otros dos procesos judiciales relacionados con la municipalización que ya han concluido. "Era una oportunidad estupenda para que hubieran explicado quién va a correr con los gastos de esos dos juicios perdidos contra trabajadores que fueron despedidos por Podemos de manera sectaria, y sobre todo que explicaran a esos trabajadores que despidieron que esta municipalización la hacen para defender sus intereses", dijeron