Los casos Quality Food han sufrido un giro radical en los últimos que tendrá su escenificación el próximo lunes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, cuando el exdelegado de la Zona Franca de Cádiz Miguel Osuna (PP) comparezca como imputado a declarar. Lo más increíble del caso es que Osuna fue quien puso la denuncia hace siete años contra el propietario de esta empresa alimenticia, Manuel García Gallardo, al sentirse engañado en los procesos de ampliación de capital y en la compra de acciones que llevó a cabo el Consorcio de la Zona Franca en esta firma que durante unos años fue presentada como modelo. García Gallardo de momento sigue imputado en este caso que se prolonga ya siete años en los juzgados, pero ahora pasa a tener un papel de cooperador necesario para llevar a cabo esta presunta malversación de fondos.

La Abogacía del Estado que representa a la Zona Franca en este litigio ha presentado un nuevo informe en el que se asegura que este cambio se produce por la aparición de nuevas pruebas y porque se había producido la ocultación de otras. Según informó en el día de ayer Radio Cádiz, en el informe de los abogados se hace mención expresa de un informe que hizo en su día uno de los técnicos del Consorcio que ahora los letrados consideran que era "parcial y lleno de falsedades".

Hasta ahora los únicos que estaban en este proceso en calidad de imputados eran el propio García Gallardo y algunos de sus familiares. En la causa se investiga un posible quebranto de 30 millones de euros que supuso para las arcas de la Zona Franca el mantenimiento de esta empresa y los supuestos engaños que pudo cometer el propietario de Quality Food.

Sin embargo, en el nuevo informe de los abogados del Estado se especifica que Miguel Osuna pudo desviar fondos públicos de la Zona Franca y de la sociedad Sogebaq hacia Quality Food.

Se da la circunstancia de que Miguel Osuna ya se enfrenta a una petición de condena de 13 años de prisión en el caso Rilco, el portal informático que creó su predecesor Manuel Rodríguez de Castro y que sirvió finalmente para desviar dinero hacia la empresa Miami Free Zone, propiedad de los cubano-estadounidenses Leyva, con los que el entonces delegado del Estado tenía intereses comerciales. Ese portal nunca llegó a cumplir su cometido.

El fiscal de este caso pide para Osuna 13 años por malversación de caudales públicos, fraude, encubrimiento y falsedad en documento oficial. Sin embargo, para el que presuntamente ideó toda esta trama, Rodríguez de Castro, el fiscal solicita tres años menos.

Tanto el caso Rilco como el de Quality Food ha sido tema de disputa política entre PSOE y PP. Ayer los socialistas, a través del presidente provincial Manuel Jiménez Barrios, pedía explicaciones a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, por la defensa a ultranza que ha tenido el PP hacia la figura de Osuna, en contraste con el alejamiento hacia Rodríguez de Castro.

Desde el Partido Popular, su secretario provincial, Antonio Saldaña, pedía que no se sacaran conclusiones precipitadas y que "lo que no se puede hacer es un linchamiento público".