Además de atender a una de las históricas demandas ciudadanas, con la clausura definitiva del cementerio de San José se abre una nueva puerta para las reivindicaciones tanto de SOS Bebés Robados Cádiz como para la Plataforma de Memoria Histórica y familiares de las víctimas del Golpe del 36 y la Guerra Civil. Así, tal y como anunció el concejal de Memoria Democrática, Martín Vila, "hasta que no terminemos las tareas de reparación, de verdad y justicia" con estos colectivos "no pasaremos a la urbanización de la zona".

Tarea ingente de la que es sabedor el concejal que hace unos días en conversación con este periódico admitía "la complejidad" a la que se enfrentan en la llamada segunda fase de los trabajos de memoria democrática en el camposanto gaditano, la de la localización e indagación de la fosa común.

"Si una sepultura vertical bien documentada presenta luego mucha complejidad, imagínate una fosa común que, primero, hay que localizar porque no sabemos exactamente dónde se ubica y, segundo, localizar en ella los restos de personas que pertenecen a las víctimas del Golpe de Estado puesto que en esa fosa se inhumaron diputados doceañistas, enterramientos posteriores a la Guerra de personas que no tenían recursos para otro tipo de enterramientos e, incluso, fue utilizada como escombrera para igualmente inhumar amputaciones de partes del cuerpo que salían del hospital", recordaba el primer teniente de alcalde que, sin embargo, no dejó duda alguna ante "el compromiso" del Consistorio de "localizar, indagar y detallar dónde se ubica dentro del cementerio la fosa común, y realizar las catas pertinentes para ver, si conforme a la documentación que tenemos, podemos ir tomando indicios de dónde se ubicarían los restos de las víctimas".

De esta forma, con los datos extraídos de la futura cata "se elaborará el informe técnico y científico" que "nos aclarará cómo continuar y cuáles serán los siguientes pasos", informaba.

En cuanto a las solicitudes de exhumación de SOS Bebés Robados, Vila admitió "el compromiso que tenemos recogido con ellos en el programa electoral de dar respuesta a sus peticiones" y la materialización de esta implicación "con el convenio pendiente de rúbrica por el que hemos liberado de Cemabasa 50.000 euros para ponerlos a disposición de la asociación para que puedan iniciar sus exhumaciones".

Un montante que, sin embargo, la presidenta de SOS Bebés Robados Cádiz, Chary Herrera, considera "insuficiente" para llevar a cabo las "cerca de cincuenta" solicitudes de exhumaciones que requieren desde la asociación. "Con el convenio el Ayuntamiento, a través de Cemabasa, nos da el dinero para que nosotros contratemos a los arqueólogos y lo necesario para realizar las exhumaciones y, por nuestros cálculos, creemos que nos harían falta unos 4.000 o 5.000 euros más, pero bueno, nos tenemos que sentar y verlo bien y también ellos, desde Cemabasa, van a estudiar qué se puede hacer", aseveraba la presidenta del colectivo que se presentó, junto a varios de los miembros de la asociación, en el acto de la firma por la que la Junta de Andalucía autorizaba al Ayuntamiento de Cádiz a clausurar el cementerio de San José.

"De todas formas, creo que podremos llegar a un acuerdo y firmar el convenio y el protocolo de actuación porque para nosotros la clausura del cementerio ha sido algo muy importante", reconvenía Herrera sobre un acuerdo que, según el concejal, "supera con creces los alcanzados en otros lugares y territorios sobre esta materia".

Una vez que se apruebe el convenio con Cemabasa, se acordará " el protocolo de actuación para en todo momento guardar la cadena de custodia para que desde el Ayuntamiento se de la fe pública necesaria para, en el caso de que no se encuentre el resto que se está buscando, la familia puede ir a denunciar la desaparición forzosa y, en el caso de que se encuentre, se mantenga la cadena de custodia de cara a la prueba de ADN y que sea la ciencia quien resuelva", barajó Vila.