La plantilla de Navantia-San Fernando logró ayer poner firme a todo un Gobierno de España. El convencimiento por parte de los trabajadores del astillero isleño de que se iba a producir por parte de Arabia Saudí la "cancelación inminente" del contrato de construcción de cinco corbetas para este país de Oriente Medio soliviantó a primera hora de la mañana de ayer a la plantilla, que se echó a la calle cortando el tráfico en la autovía CA-33. Querían que así se visualizara su indignación con el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que entienden que la reacción de Arabia Saudí, en caso de confirmarse, sería en represalia por la decisión del Ministerio de Defensa español de anular la venta a este país árabe de un pedido de 400 bombas láser. Defensa adelantó a principios de esta semana esta medida, que contó con el respaldo de partidos políticos como Podemos y Compromís y de varias ONGs, y que fue justificada por el temor de este departamento ministerial a que esas bombas fuesen utilizadas por el Ejército saudí para atacar a la población civil de Yemen.

El corte de la carretera en La Isla se convirtió en noticia de calado nacional y a ella le siguió un aluvión de reacciones de partidos políticos y de los agentes sociales contrarios a que Navantia perdiera el que ya ha sido calificado como el contrato más importante de su historia con un cliente extranjero. Al frente de esas críticas políticas se situó curiosamente una socialista: la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que exigió una salida inminente a esta crisis.

La consecuencia de todo esto fue que el Gobierno de España terminó ayer poniéndose firme. No hubo una rectificación al uso, porque Isabel Celaá, portavoz del Gobierno, no dijo en ningún momento que el Ejecutivo de Pedro Sánchez iba a dar marcha atrás e iba a mantener en pie el contrato de las 400 bombas para Arabia Saudí. Pero lo que sí hizo el Gobierno fue al menos frenarse en seco. Y es que Celaá dijo que la suspensión de ese contrato de las bombas no estaba aún cerrada porque tendría que ser abordada en una comisión interministerial previa. Y a última hora de ayer fuentes del Ejecutivo central y de la SEPI aseguraron en declaraciones a este periódico que las relaciones diplomáticas con Arabia Saudí se han terminado salvando y que el contrato de las corbetas no corría ya peligro alguno.

Durante la jornada de ayer los responsables de la Embajada de Arabia Saudí en España prefirieron optar por el silencio. Lo que sí trascendió es que las autoridades de este país de Oriente Medio le habían dado un ultimátum al Gobierno español. Así lo confirmaba el presidente del comité de empresa de Navantia-San Fernando, Jesús Peralta, que aseguraba que la Embajada saudí había exigido una rectificación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre el contrato de las bombas como condición inexcusable para que el acuerdo de las corbetas se mantuviera en pie. "Y como la ministra Robles no quiere bajarse del burro, el contrato de las corbetas se va a cancelar de forma inminente", aseveró Peralta antes de apostillar que la imagen de Navantia en todo el mundo "podía caer por el suelo" y antes de precisar que aún quedaba un "hilo de esperanza" y que se centraba en las negociaciones que pudiera cerrar el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, con las autoridades saudíes durante su visita de estos días a Siria.

Lo que sí estaba confirmado en la mañana de ayer es que el Gobierno de Arabia Saudí había cancelado ya el viaje que iba a realizar la próxima semana a San Fernando la máxima autoridad militar de la Armada saudí -un cargo similar al Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada (Ajema) en España- junto a su equipo de colaboradores para seguir de cerca el inicio del proceso de construcción de estas corbetas. Y es que el corte de chapas está previsto inicialmente para antes de que acabe este año, después de que haya acabado ya el trabajo previo en el departamento de ingeniería.

Ante este panorama, Peralta dijo que en la plantilla de Navantia-San Fernando hay "mucha desolación y mucha ira" e indicó que sin las corbetas "no se hunde sólo este astillero sino que lo hace toda la compañía al completo porque ese acuerdo era fundamental para el futuro de Navantia". Y volvió a recordar que, de manera indirecta, quedarían igualmente en el aire los negocios de otras empresas españolas "como el proyecto de técnicas reunidas, la construcción de cazas eurofighters o los contratos con Airbus", precisó.

El temor a que se pierda este contrato de las corbetas, con una inversión prevista de 1.800 millones de euros y unos 6.000 empleos anuales en el astillero isleño hasta el año 2022, llevó a más de un millar de trabajadores de Navantia-San Fernando a cortar ayer el tráfico durante casi una hora en la autovía CA-33, que conecta el nudo de Tres Caminos con Cádiz, a la altura del kilómetro 11, en la variante de San Fernando. Ello provocó un considerable colapso de tráfico en toda la Bahía de Cádiz. Y antes de terminar la protesta, Peralta informó que el lunes se reunirá el comité de empresa para elaborar un calendario de movilizaciones más amplio.

Esta protesta mayúscula generó una cascada de reacciones contrarias a la decisión adoptada por la ministra de Defensa. Estas críticas tuvieron un claro protagonismo por parte de los dirigentes del PP, que recordaron que el contrato de las corbetas fue cerrado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy tras varios años de complicadas negociaciones y que ayer volvieron a echar en cara al Gobierno socialista que adopte decisiones que ponen en peligro muchos puestos de trabajo "por seguir los dictámenes populistas de sus socios de Podemos".

Pero de todas estas críticas llamó la atención la de una socialista como Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, que reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez que encuentre una solución "cuanto antes".

Desde Francia, Díaz dijo que comprende y comparte la preocupación de los trabajadores de Navantia que ayer se lanzaron a la calle "porque hemos trabajado mucha gente durante mucho tiempo para cerrar ese contrato".

La presidenta andaluza explicó que desde que se tuvo conocimiento de la posibilidad de que fuera rescindido este acuerdo con Arabia, la Junta se puso en contacto con el Gobierno de España "a todos los niveles" para trasladarle su preocupación y la posición del Ejecutivo andaluz. "Le hemos pedido al Gobierno que tiene que garantizar el empleo, el contrato y ese horizonte de esperanza que la Bahía merece", remachó Díaz.

Todo este chaparrón de críticas cayó de manera inesperada sobre un Gobierno de España que no encontraba ayer la manera de apagar el incendio originado por la ministra de Defensa. Cargos como la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, o la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, optaron por frases habituales en estos casos como que el Gobierno "no va a dejar tirado a los trabajadores de Navantia" u otras que eran evidentes como que en el Ejecutivo central "somos conscientes de la importancia de este contrato y en ningún momento lo vamos a poner en riesgo".

Pero, en todo caso, el problema seguía estando en la decisión final que adoptara Arabia Saudí. Y sobre esta cuestión Celaá negó que haya surgido una crisis diplomática entre ambos países. "En todo caso puede que haya habido un intercambio de opinión originado por alguna discrepancia que yo creo que se resolverá".

Y preguntada sobre si el Gobierno iba a recular e iba a mantener en pie el encargo de las 400 bombas láser del Ejército español para Arabia Saudí, la portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez no quiso confirmar este extremo, aunque sí adelantó que sería una comisión interministerial la que tendría que determinar si ese contrato que data del año 2015 continúa o no en vigor.