El 30 de septiembre de 1968, hace ahora casi cincuenta años, un empresario madrileño, Eloy Porres de Miguel, adquirió un terreno de más de 47.000 metros cuadrados en Santibáñez, en la zona del antiguo cuartel de la Guardia Civil y la Casa del Gallego. Pagó por el suelo 9.620.000 pesetas. Fue la primera fase de una operación de compra de varias parcelas en el límite del término municipal de la ciudad que tras completarse acumulaban hasta medio millón de metros cuadrados de superficie total.

Porres de Miguel y sus socios planteaban una operación urbanística de calado, con viviendas (se llegaron a proyectar 3.047 pisos) y diversos equipamientos, así como zonas verdes en lo que debía convertirse en el Cádiz-3, la expansión urbana de la capital que ya en esos años veía como se le agotaba su últimos suelo en extramuros.

El empresario contaba con buenos amigos en las altas esferas de la última etapa del franquismo, lo que le ayudó a presionar ante el Ayuntamiento para obtener los permisos para iniciar las obras.

El proyecto fue evolucionando, hasta alcanzar las 12.270 viviendas, a medida que pasaba el tiempo y el plan urbanístico no lograba los permisos administrativos necesarios. Porres, ya a principios de los años setenta, contactó con diversos inversores extranjeros incluyendo al rey de Arabia Saudí y al Sha de Persia e incluso con promotores suecos.

El planeamiento urbanístico fue rechazado por el Ministerio de la Vivienda. Estamos ya en la frontera entre el franquismo y la democracia. A partir de ahí, los propietarios replantearon los usos por otros más lúdicos, sin éxito alguno.