La marcha de la naviera alemana OPDR de Cádiz a Algeciras y Huelva ha destapado la caja de los truenos y ha plagado de desánimo a unos empresarios que se sienten en su mayoría víctimas de la dejadez por parte de las distintas administraciones.

"Llevamos más de 15 años pidiendo unos cuantos metros de vías para unir La Cabezuela con el resto del mundo por tren y es como predicar en el desierto". Así se mostraba ayer el empresario gaditano Emilio Medina, propietario de la consignataria Cadiship y actual presidente de Apemar, una asociación que aglutina a buena parte de los empresarios que viven del puerto de Cádiz.

Medina se lamenta de la situación que se vive a día de hoy tras la marcha de la naviera de contenedores OPDR, que este martes hizo su última escala en Cádiz después de una relación con el muelle gaditano que ha durado 123 años. El gerente de Cadiship afirma que la fuga de OPDR a Huelva o a Algeciras es el resultado de "una Ley de Puertos que sigue haciéndole daño a puertos como el de Cádiz".

Se reafirma en su idea de que esta nueva norma, aprobada hace ya cuatro años, está provocando que "los puertos grandes sean más grandes y los pequeños, cada vez más pequeños". Para este empresario gaditano, con la marcha de la OPDR, ha llegado el momento de tratar de poner fin a esta situación. Medina ha contactado con varios abogados y está estudiando llevar ante el Tribunal de la Competencia a Puertos del Estado por esa le y que está motivando situaciones de "roces continuos" entre puertos cercanos que deberían aspirar a ser complementarios en vez de "tener que estar siempre en estado de alerta para que no te roben un tráfico".

Medina, al igual que otros empresarios del sector portuario defiende que esta Ley de Puertos brinda a las autoridades portuarias la posibilidad de "jugar" con sus tasas y con unos coeficientes correctores que "benefician" a aquellos que tengan una mejor cuenta de resultados a final de año. Y lo mismo pasa con las bonificaciones: los puertos que obtienen mejores resultados económicos pueden, gracias a esta nueva norma, jugar con bonificaciones con las que atraer a nuevos clientes. La intención inicial era que los puertos pudieran mejorar sus cuentas en aquellos tráficos que ya poseían. Lo que no contaba la Ley es que muchos puertos, como así lo hacen en Huelva o Sevilla, estén ampliando su cartera de tráficos a expensas de quitarle tráficos a puertos colindantes que, al ser más pobres como el de Cádiz, tiene cercenada esa posibilidad de jugar con las tasas y las bonificaciones.

Es por esto que Medina lo tiene claro y anda liado con abogados con la intención de llevar a Puertos del Estado ante el Tribunal de la Competencia al considerar que esta Ley está provocando la "competencia desleal" entre las autoridades portuarias.

La intención del propietario de la consignataria Cadiship es conseguir más adeptos a su causa ya que dice saber que son muchos los empresarios relacionados con el puerto de Cádiz los que se están perjudicando por esta aplicación de la Ley.

De hecho, esta forma de aplicar la norma llevó al puerto de Huelva a pugnar con Cádiz por el tráfico con Canarias, una situación que llevó al anterior presidente de la APBC, Rafael Barra, a acusar directamente a Huelva de llevar a cabo una "competencia desleal".