"Vamos a seguir insistiendo en nuestra propuesta de ubicar la Ciudad de la Justicia en los antiguos terrenos de Altadis. No renunciamos a ella. Insistiremos para que la respuesta de la alcaldesa sea sí, puesto que la propia Zona Franca ve bien la operación y también la respaldan profesionales del gremio". El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, incide en su propuesta de emplazar el complejo judicial en dos edificios administrativos de la antigua fábrica de tabacos, y lo hace esgrimiendo razones que considera de peso. Una de ellas es el "sustancial ahorro" que supondría para las arcas públicas el desarrollo de este proyecto, ya que construir de nueva planta la Ciudad de la Justicia costaría unos 60 millones de euros, mientras que instalarse en la Zona Franca apenas implicaría las obras de adaptación de las actuales oficinas. Aunque la Junta no maneja aún cifras concretas, sí se estima que el ahorro podría rondar los 55 millones. Eso sí, la Administración regional verá incrementado el pago de alquiler a la Zona Franca, que actualmente ronda el millón de euros anual. En concepto de arrendamiento sí habría un aumento importante, también pendiente de fijar si las negociaciones acaban en buen puerto.

"La operación de traslado es, sin duda, la más factible. Diversas sedes judiciales están repartidas actualmente por varias dependencias. La dispersión es enorme. Muchas de ellas se encuentran en el estadio Carranza, y por el alquiler de esas instalaciones la Junta abona anualmente a la Zona Franca en torno al millón de euros. Si dejamos sus instalaciones y la Ciudad de la Justicia no se materializa en los edificios de Altadis, la Zona Franca perdería esos ingresos. Pero si conseguimos aglutinar las sedes judiciales en dos inmuebles de la antigua fábrica de Altadis, se incrementarían las relaciones contractuales de la Administración andaluza con la Zona Franca al aumentarse la puesta a disposición de metros cuadrados; y esta ampliación aumentaría el montante. Podrían ser en torno a los dos millones". A ello, el dirigente añade que si finalmente la Junta se viera obligada a retomar el proyecto de la Ciudad de la Justicia en los terrenos de la antigua Institución Provincial Gaditana, "tendríamos que realizar una modificación del proyecto (presentado en 2007) porque las necesidades judiciales y la situación económica han cambiado". "En estos tiempos hay que apostar por la reutilización de los espacios públicos, con el fin principal de ahorrar dinero público". Y agrega que su alternativa cubre más necesidades de la Administración autonómica empleando menos recursos.

Otro de los motivos que esgrime López Gil es que trasladar el complejo judicial al recinto exterior de la Zona Franca no conllevaría un cambio de calificación del suelo industrial. "Nuestros técnicos han analizado el PGOU actual y nuestra propuesta encaja perfectamente en los antiguos terrenos de Altadis. No hay que modificar el Plan General para sacar adelante esta iniciativa. En la carta que le remití a la alcaldesa el pasado día 10 argumentándole nuestra alternativa, le aseguré que se mantendría la calificación del suelo, conservando su ordenación como actividad económica". Y agrega: "En suelo de actividad económica cabe perfectamente un juzgado, como ocurre en el polígono industrial Las Salinas de El Puerto de Santa María. Justo en ese suelo se ubica el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 10. Pero es más, la Zona Franca me propuso el arrendamiento, en Algeciras, de un edificio administrativo que se está construyendo ahora -en la avenida Juan Pérez Arriete, junto a la Cámara de Comercio- en un suelo con esa misma calificación, y allí se van a instalar los juzgados".

El dirigente socialista no considera razonable que la regidora del Ayuntamiento gaditano rechace el traslado de la Ciudad de la Justicia con objeto de evitar así la pérdida de suelo que podrían reclamar posibles empresas. "Si existiese una demanda de empresas para instalarse en el recinto exterior y precisaran de todo ese suelo de Altadis, por supuesto que le daríamos prioridad a esas compañías, ya que su asentamiento supondría creación de empleo. Pero desgraciadamente esa demanda no existe, y para que las instalaciones estén vacías... ". Y apunta que la propia Zona Franca le ha informado de que los edificios con uso administrativo de la fábrica tabaquera no son los inmuebles que interesan a las empresas que se han mostrado interesadas por esos suelos. "La Zona Franca tiene mucho suelo industrial no ocupado, y entiendo que tanto nuestra opción como la de las compañías interesadas son compatibles".

El delegado del Gobierno también expone que profesionales de la Justicia le han transmitido de forma extraoficial su respaldo a la propuesta. La consideran, según sus palabras, "mejor iniciativa" que la de emplazar los juzgados en San Severiano, entre otras cosas por su situación, ya que es un espacio más accesible y cuenta con parking subterráneo (170 plazas) y también con aparcamiento en superficie. "Para que este proyecto se ejecute es clave el consenso de los profesionales del sector. En este sentido, tengo previsto reunirme con los profesionales de la Justicia para explicarles la iniciativa de forma detallada".

A todo lo expuesto suma la propuesta añadida -que ya adelantó este medio días atrás- de permutar la parcela de la antigua Institución Provincial por el solar propiedad de la Zona Franca donde se proyecta la construcción del futuro Hospital Regional. Una permuta que podría ser "ventajosa" para el Ayuntamiento, "puesto que podría alcanzar un acuerdo con la Zona Franca para destinar ese solar a la edificación de viviendas, un aparcamiento, un equipamiento deportivo, etc.". "Con esta operación -resalta- ganaría toda la ciudad, y sobre todo el barrio, porque cualquiera de esas posibilidades que planteo tiene mayor interés para la zona que la Ciudad de la Justicia, que incluso podría acarrear problemas por falta de espacio para aparcar, por ejemplo".

Mantiene que el espacio proyectado años atrás para acoger las sedes judiciales no es el idóneo en cuanto a movilidad, accesibilidad, aparcamiento e impacto urbano. Y, en cambio, considera que su alternativa es difícilmente mejorable, al ubicarse en la entrada de Cádiz y estar conectada con toda la Bahía. También resalta las condiciones de accesibilidad, la conexión de la zona con el transporte público y la capacidad de aparcamiento.

López Gil confía en que en un plazo de "quince días o un mes" se pueda reunir con la alcaldesa y también presidenta del Consorcio de la Zona Franca, Teófila Martínez, para abordar este asunto. "Espero que la alcaldesa cambie de opinión con respecto a esta operación, puesto que es buena tanto para Cádiz como para la provincia", garantiza.

Cabe recordar que Martínez, tras recibir la carta del delegado del Gobierno, le manifestó por escrito que no tenía "ningún inconveniente" en mantener una reunión con él para tratar el tema. Pero hasta el momento no se ha puesto fecha al encuentro.