La Junta de Andalucía ha celebrado el quince aniversario desde la entrega de las primeras viviendas reformadas gracias a su ambicioso Plan de Rehabilitación del Casco Antiguo, dejando claro que los buenos tiempos han terminado y que el dinero que ponga sobre la mesa se va a dedicar fundamentalmente a labores de mantenimiento del parque ya existente, pero no a emprender la construcción de viviendas de nueva planta o la rehabilitación de edificios en intramuros, que es lo que sí se reclama desde colectivos como las asociaciones de vecinos y Derechos Humanos.

El pasado viernes 18, la Junta entregaba su última gran operación inmobiliaria en la ciudad: la ejecutada en Osorio, en el barrio de San Juan. Un claro ejemplo de la decadencia del programa iniciado en 1999 pues acumuló en su ejecución una década de trabajos y varios parones en las obras. Han sido 55 viviendas, 52 de ellas protegidas que combinan el régimen de compra venta con el de alquiler con opción a venta. No hay en perspectiva una operación pública de este calado en el resto de la ciudad, más haya de las que se construyen por parte del Ayuntamiento en el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Ni la segunda fase de Matadero, con un centenar de pisos destinados a realojo, tienen perspectiva de ejecutarse ni a medio ni a largo plazo.

Ya el consejero de Fomento, Felipe López, dejó claro en su visita a Osorio que las inversiones previstas se centrarán en la mejora y regeneración de espacios en el parque público de vivienda. Anunciaba una elevada inversión de unos 6,4 millones de euros para pisos ubicados en la barriada de La Paz, donde ya se han venido realizando trabajos en viejas promociones en materia de eficiencia energética, y en el casco antiguo. A la vez, ayer la Junta informaba la adjudicación de ayudas por un total de 86.430 euros destinadas a cinco comunidades de vecinos de la ciudad destinadas a la mejora de la accesibilidad, la seguridad estructural y la conservación de los inmuebles. En el conjunto de la provincia se destina poco más de un millón de euros, siendo Jerez y San Fernando las más beneficiadas pues entre ambas se llevan 600 mil euros en ayudas.

Con estas medidas, la Consejería de Fomento descarta la recuperación de varios proyectos de rehabilitación en fincas de su propiedad que llevan años abandonadas. Hace dos años, con esta consejería en manos entonces de Izquierda Unida, se planteó la recuperación de este plan que incluía, como novedad, una operación ejecutada mediante una cooperativa.

Asociaciones de Vecinos como la de Santa María ya propusieron a la misma Junta este tipo de operaciones para poder sacar adelante proyectos en el barrio: la administración cedía las fincas de su propiedad que se encuentran vacías mientras que los vecinos interesados asumían la ejecución de las obras. Las entidades vecinales y la Asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz han exigido a la Junta que active de nuevo proyectos de rehabilitación, a la vez que se criticaba el documento del Plan de Vivienda de la administración regional.

El Ayuntamiento tampoco se ha visto libre de las críticas de estas entidades. La escasa partida económica que el Presupuesto Municipal de 2016, aún sin aprobar, dedica a la vivienda no ha sentado nada bien en Derechos Humanos, que considera claramente insuficiente el medio millón de euros que el gobierno local pretende dedicar a actuaciones en materia de infravivienda.

La ciudad cuenta actualmente con unas 150 fincas, tanto de propiedad privada como pública, que se encuentran sin uso alguno. Curiosamente es la iniciativa privada la que en los últimos dos años ha puesto en marcha proyectos tanto de nueva planta como de rehabilitación en diversas zonas del casco antiguo, además de los emprendidos en Puertas de Tierra.