Entre los numerosos tesoros patrimoniales e históricos posiblemente más desconocidos de la ciudad se esconde que en el año 1812 fue sede del primer Alto Tribunal, o Tribunal Supremo de Justicia, a raíz de lo dictado en la Constitución que ese año se aprobara en Cádiz. Y aunque es archiconocido que el texto constitucional fue proclamado en el Oratorio de San Felipe Neri, no lo es tanto que ese Alto Tribunal (que es el actual Tribunal Supremo de Justicia) se instaló por vez primera en el Palacio de Recaño.

Por este hecho ya en su día se planteó destinar el edificio, o parte del mismo, para poner en valor ese antecedente judicial de la finca de la calle Marqués del Real Tesoro. E incluso anunció el Ayuntamiento (a principios de 2015) que iba a trabajar en este proyecto. Ahora, después del cambio de signo político que se produjo en San Juan de Dios hace ya más de un año, el colegio oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha vuelto a insistir en esta iniciativa. Y lo ha hecho enviando un escrito al alcalde en el que solicita su implicación para dotar al Palacio de Recaño de esta actividad judicial.

En ese escrito remitido por el presidente del colegio (y a su vez concejal de la oposición en el Ayuntamiento), José Blas Fernández, se le pide a José María González dedicar "parte del inmueble a que se instale una sede permanente dedicada a temas jurisprudenciales o de Derecho comparado", entendiendo el colectivo que podría albergar también "conferencias similares a una Academia de Jurisprudencia y Legislación como ya existen en otras ciudades iberoamericanas para que así todos los juristas que quieran tratar temas concernientes a esta disciplina puedan acudir a dicha sede".

La intención que propone Fernández es "poner en valor esa parte de nuestra historia posiblemente menos conocida pero no por ello menos relevante".

Conviene recordar que los últimos planes del Ayuntamiento pasaban por ubicar en el Palacio de Recaño el Archivo Municipal, algo que permitía (para el anterior equipo de gobierno) dedicar parte del inmueble a este recuerdo del origen del Tribunal Supremo. Para llevar a cabo este proyecto, Graduados Sociales llega a plantear en el escrito enviado al alcalde que distintas administraciones e instituciones podrían realizar aportaciones para evitar el desembolso municipal. Así, se menciona al Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, las Cortes Generales, los parlamentos autonómicos, los tribunales o cortes supremas de los países iberoamericanos, la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía "y la aportación humana y de cualquier índole que también llevaran a cabo los colegios o consejos generales de las profesiones de la Abogacía, Graduados Sociales, Procuradores, Notarios y Registradores de la Propiedad". Además, en el escrito solicita Fernández la creación de una comisión "para proveer en esta ciudad una sede que albergue a todos los profesionales del Derecho que lo deseen y que siempre sea alrededor de este primer Supremo Tribunal de Justicia que fue creado en Cádiz y que está reconocido mundialmente".