Defensa de la legalidad del sistema y desconocimiento de los reparos de la Intervención que alertaban de las numerosas irregularidades. Con esta doble argumentación se defendió ayer el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán de las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que le reclama una condena de seis años de cárcel y 30 años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. El ex presidente declaró durante unas siete horas ante el tribunal que juzga la pieza principal de los ERE y lo comenzó su alegato defendiendo que no recibió ninguno de los informes con los reparos de la Intervención General de la Junta a las ayudas porque estos informes no alertaban de que se hubiera producido ningún "menoscabo o riesgo de menoscabo" de los fondos públicos y por tanto no se requería ninguna "actuación directa" suya, en su condición de consejero de Economía y Hacienda, cargo que ocupó entre los años 2004 y 2009.

El ex presidente explicó a preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra que si esas "debilidades", como denominó a las deficiencias detectadas en las ayudas de la Consejería de Empleo que se pagaban a través del IFA/IDEA, no han sido objeto de ese informe de actuación se porque no han sido consideradas de relevancia por la Intervención, puesto que "la gravedad que emite el interventor actuante es la que promueve o no el informe de actuación si considera" que el organismo lleva tiempo sin subsanar las deficiencias o se detecta ese menoscabo o riesgo de menoscabo, y es en esos supuestos cuando se requeriría la intervención del consejero de Economía y Hacienda para su elevación al Consejo de Gobierno de la Junta.

En cualquier caso, el ex presidente afirmó que "jamás se le ha dado traslado de un informe que pidiera una actuación directa del consejero". Griñán relató que todos esos informes se presentaron de acuerdo con el artículo 12.3 del decreto 9/99, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta, pero nunca plantearon la realización de un "informe de actuación", que figura en el artículo 12.5, por lo que esos dictámenes "no pedían nada en particular" que debiera hacer la Consejería.

El ex presidente señaló que la entonces viceconsejera de Economía y también acusada Carmen Martínez Aguayo no le remitió ninguno de esos informes con los reparos de la Intervención porque en ellos no se solicitaba ninguna actuación del consejero, argumento en el que la declaración de Griñán coincide con la que prestó Aguayo ante este mismo tribunal.

Griñán rechazó también que Aguayo le transmitiera, por sus reuniones y conversaciones con el interventor Manuel Gómez, el uso inadecuado de las transferencias o que se ocasionara un déficit en el IFA y una falta de control de las ayudas. "Ignoro si esa conversación existió y si existió no se me comunicó", sentenció Griñán, que también dijo que "nunca despachó" con el director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, el principal acusado.

El representante del Ministerio Público le preguntó, con ocasión de las deficiencias recogidas en uno de esos informes, por qué su departamento no actuó. "¿Qué facultades tiene Hacienda?", se preguntó el ex alto cargo, que afirmó que la Consejería de Hacienda "no tiene ninguna supremacía sobre las otras consejerías" y las actuaciones de la Intervención iban dirigidas a las consejerías "concernidas" por esos informes.

El ex presidente también trató de desmontar otro de los pilares de las acusaciones respecto a que el uso de las transferencias de financiación al IFA/IDEA omitía la fiscalización previa de las ayudas, al defender la legalidad de las transferencias, que a su juicio simplemente son un "mecanismo presupuestario" para "allegar unos recursos" entre organismos y que además es utilizado por todas las administraciones públicas. "No hay una sola ley que diga que las transferencias sólo pueden usarse para compensar pérdidas", afirmó Griñán, en contra de la tesis que sostienen los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

A lo largo de su declaración, Griñán avaló la legalidad del sistema por el que se concedían las ayudas y así puso como ejemplo que cuando él llega a la consejería de Economía y Hacienda, en el año 2004, se habían aprobado por el Parlamento andaluz tres presupuestos que incluían las transferencias de financiación para el pago de las ayudas y la Cámara de Cuentas no había realizado "ningún reproche", por lo que estaban en la ley y "son legales". El ex presidente se extendió en esta respuesta al manifestar que en las cuentas generales que se remitieron a la Cámara de Cuentas este organismo de fiscalización externa "nunca hizo tacha de ilegalidad ni reproche alguno al programa 31L y a las transferencias". La Intervención, continuó Griñán, "siempre ha considerado que las transferencias eran inadecuadas pero legales".

Griñán dijo que el ex interventor general Manuel Gómez es "una persona muy rigurosa" y era "el alma de los acuerdos del Consejo de Gobierno que promovían las modificaciones para mejorar el Control Financiero Permanente", destacando que el propio interventor en 2005 señaló que se incrementó la plantilla con cinco personas. "No es verdad que no se hiciera nada en el Control Financiero Permanente, es que se hizo mucho hasta llegar a la encomienda de gestión" del año 2009.

El ex alto cargo defendió igualmente que en el año 2009 la Junta de Andalucía ha sido la administración pública que "por primera vez en España ha regulado ampliamente y a instancias de la Intervención la figura de la encomienda de gestión", y agregó que la que está "bajo sospecha históricamente" es la encomienda de gestión, no las transferencias de financiación, que son "inocentes" porque las transferencias "no reconocen ninguna subvención" y el IFA ejecutaba el pago de una ayuda que "se había reconocido" en Empleo.

El interrogatorio de Griñán estuvo marcado por un intenso debate eminentemente técnico, sobre materia presupuestaria y contable, que mantuvo con el fiscal, dando la impresión por momentos que sólo el acusado y el fiscal eran capaces de seguir el debate dada su complejidad técnica, y de hecho hubo momentos en los que ambos se enzarzaron en una discusión sobre si las transferencias se hicieron mediante el "capítulo VIII" o el "capítulo IV" de los presupuestos.

Al inicio de su declaración, Griñán afirmó que "no conocía" por su denominación la partida presupuestaria 31L y negó que las ayudas generaran un déficit en el IFA.

El fiscal le preguntó por órdenes del Ministerio de Trabajo de los años 1994 y 1995 que él firmó como titular del Ministerio, y aseguró que mientras la primera era "aplicable directamente" a Andalucía, sin necesidad de que fuese desarrollada por una normativa, la del 95 la aplicaba el Ministerio "con los presupuestos generales del Estado" y si otras comunidades autónomas querían aplicarla "tendrían que ponerlo en sus propios presupuestos".

El juicio se reanudará el próximo lunes con la declaración del ex presidente Manuel Chaves.