Fomento no paga a Aumar el canon del puente desde hace tres años

La gestión del puente Carranza se encuentra actualmente en un limbo administrativo que deberá resolverse antes de fin de año. El Ministerio de Fomento y Aumar, la empresa concesionaria, mantienen un pulso contencioso-administrativo desde el año 2005 a raíz de que la nueva ley de contratos de la Administración Pública invalidara la prórroga automática de las concesiones de servicios públicos, como es el caso de esta infraestructura gaditana. El problema es que la adjudicación ya había sido renovada un año antes, en 2004, por un periodo de cuatro años, por lo que expira el próximo 31 de diciembre. Sin embargo, según explicó el director regional de Aumar en Cádiz-Sevilla, Carlos Rodríguez, el Ministerio ha aplicado esta prohibición con carácter retroactivo a la concesión en vigor y desde hace tres años no abona ni un euro del canon operativo estipulado en el contrato público. "Dicen de palabra, porque no ha habido ningún escrito, que el contrato no es prorrogable. Cuando decidieron no pagarnos hace ya tres años argumentaron que era porque estaban prohibidas las prórrogas tácitas, y aunque no se ha dicho hasta ahora documentalmente, cuando finalice el periodo de cuatro años y llegue el 31 de diciembre se acabó", explicó Carlos Rodríguez.

Mes a mes la "morosidad" ha aumentado, de forma que la cantidad acumulada entre el 1 de enero de 2005 y el 29 de febrero pasado es de 7.835.878,58 euros, una cantidad que supera hasta el propio coste de construcción que tuvo el Carranza (600 millones de pesetas). Este dinero no abonado por Fomento corresponde a los gastos de "conservación y operación" del puente, ya que Aumar -filial del grupo Abertis- asume el coste del funcionamiento y mantenimiento del Carranza. "Tenían que habernos comunicado que el contrato no existía, pagarnos lo que se debía hasta entonces y haberlo sacado a licitación de nuevo", concluyó el responsable territorial de la compañía. De confirmarse la nulidad o expiración de la concesión actual, se pondría fin a 26 años consecutivos de renovación automática (cada cuatro años) de la gestión del Carranza en su condición actual de autopista sin peaje (la liberación de los tres kilómetros hasta Puerto Real se produjo en mayo de 1982). Pero, además, la licencia de Aumar es heredera de la obtenida por Bética de Autopistas en 1972 para todo el tramo Sevilla-Cádiz, por lo que puede considerarse que la concesión actual data de hace tres décadas.

Ante esta situación y además de arbitrar una solución a este conflicto administrativo, el Ministerio debería convocar en los próximos meses un concurso público de este servicio que, por supuesto, estaría abierto a todas las empresas que cumpliesen el pliego de condiciones. De este proceso dependerá no sólo el futuro funcionamiento del puente, sino también el urgente arreglo de los pilares, una obra que, según Rodríguez, es responsabilidad de Fomento.