Cádiz

Fiscalía archiva la denuncia que hizo dimitir a Bauza

  • No aprecia elementos penales relevantes después de tomar declaración a los cincotrabajadores de Sufi Cointer que destaparon supuestas irregularidades de la empresa

La Fiscalía Provincial ha decidido archivar la denuncia presentada por cinco trabajadores de Sufi Cointer por presuntas irregularidades prolongadas en el tiempo y que incluirían mobbing a operarios, falsedad documental o enchufismo. Según se recoge en el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este medio, tras tomar declaración a los cinco denunciantes y estudiar la documentación aportada -entre ella dos cedés con grabaciones con conversaciones con el ex concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza- "no se aprecia la concurrencia de indicios de hechos penalmente relevantes que justifiquen el ejercicio de la acción penal".

Aunque la denuncia no concretaba el blanco de sus quejas y disparaba para todos lados, la polémica que fue generando, así como la publicación en los medios de comunicación de grabaciones que supuestamente relacionaban al edil de Podemos, cuarto cabeza de lista en las últimas elecciones municipales, con estas irregularidades, hizo que el Pleno del Ayuntamiento lo reprobara y posteriormente el alcalde le comunicara "la conveniencia de que deje el puesto", algo que hizo de manera inmediata.

Los cinco trabajadores denunciaron ante la Fiscalía Provincial determinados supuestos incumplimientos por parte de la empresa concesionaria de la limpieza de la ciudad. Además, señalaron que "la plantilla ha tenido que soportar diversos casos de mobbing, despidos, dos huelgas y diversos casos de injerencia de la empresa en actividades sindicales, incluyendo manipulación de elecciones y firmas de acuerdos ilegales", precisando que los tribunales han fallado contra esta empresa.

El tercer punto de la denuncia pone la vista en incumplimientos de tiempo y forma de los contratos, manipulación de los partes de trabajo entre la empresa y los inspectores municipales, algunos de los cuales, según los trabajadores, "obtienen como beneficio contratos para sus familiares".

En su fallo, la Fiscalía dice que "aún cuando dichas irregularidades e incumplimientos pudieran considerarse acreditadas, la suma de todos ellos no da necesariamente lugar a un delito. Y de ello parecen ser conscientes los propios denunciantes".

Considera igualmente que las irregularidades e incumplimientos "en caso de ser ciertos, determinación que no corresponde al Ministerio Fiscal, podrán dar lugar a las acciones correspondientes ante las instancias en cada caso competentes, así como, en su caso, a las exigencias de responsabilidad contractual a que pudiera haber lugar, pero no a un procedimiento penal por las razones anteriormente expuestas".

Tampoco encuentra la Fiscalía indicios delictivos en la actuación de los inspectores "y sí, probablemente, un defectuoso control respecto de las condiciones de prestación del servicio. Uno de los denunciantes, al ser preguntado por la actuación de los inspectores contestó lo siguiente: "Por la forma en que se hacen los partes en la actualidad no se puede conocer qué trabajadores están en cada sector y las ccircunstancias en las que se presta el servicio. Antes no se hacía así y probablemente ahora sea porque carezcan de medios humanos para hacerlo". El fiscal entiende que lo que se denuncia es lo supuestamente ineficaz de los vigentes mecanismos de inspección y control, algo que resulta de la máxima importancia desde el punto de vista de la administración pública, que ha de velar con celo por que el mismo se ajuste a las condiciones del pliego, pero, una vez más, aunque pudieran acreditarse estas irregularidades, no aparecen motivos que apunten a la existencia de delito", afirma.

En cuanto a los cedés con determinadas grabaciones de conversaciones con Bauza, los denunciantes reconocieron que las habían efectuado "para tener constancia de lo que se nos dijera ante el desengaño de muchas otras reuniones en las que se decía que iban a cambiar las cosas sin que ello sucediera". También reconocieron los trabajadores que sus interlocutores, tanto el entonces concejal Manuel González Bauza, como el director de Medio Ambiente, no fueron advertidos de que sus conversaciones estaban siendo grabadas. Uno de los denunciantes comentó en su declaracón que el contenido de las grabaciones era significativo porque en ellas Bauza "viene a reconocer, aunque no de forma explícita, que los partes se han manipulado y que a algunos inspectores se le han hecho favores y que eso hay que pagarlo. Que todo esto no es de ahora sino de algunos años atrás".

Los trabajadores reconocieron a Fiscalía que fueron ellos quienes entregaron las grabaciones a los medios de comunicación.

Tras escuchar los cedés, el Ministerio Fiscal no ve indicios suficientes para justificar "una ulterior investigación". Según reza en el escrito "los propios denunciantes parecen ser conscientes de ello. De una parte porque ante lo impreciso de las afirmaciones que en ellas se realizan por los interlocutores a los que graban, son los propios denunciantes los que extraen conclusiones con una claridad que dista de ser tal en las grabaciones. Así encontramos en sus declaraciones expresiones como el concejal viene a reconocer, aunque no de forma explícita, o el concejal hace determinadas afirmaciones, aunque no con claridad... Pero lo que es más importante, del examen de las grabaciones lo más que se podría llegar es a obtener indicios de la existencia de las irregularidades administrativas o incumplimientos contractuales y laborales que se denuncian. Pero ya se ha analizado que las mismas no integran los elementos típicos de infracciones penales y que, por ello, no es esta la sede para su esclarecimiento y depuración".

Ayer tarde el ex concejal comentó a este medio que el archivo de la denuncia le satisfacía "pero la denuncia no era contra mí", y anunció que la próxima semana, tras hablar con su abogado, realizará un comunicado público valorando la noticia.

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