El consejo de administración de Eléctrica de Cádiz certificó ayer lo que se anunciaba en las vísperas, es decir, que iba a aprobar el bono eléctrico social de carácter local y alternativo al estatal. Para sus promotores supone "un hecho histórico", como lo calificó el alcalde José María González, porque es el primero que se alumbra en el territorio nacional. Para sus detractores, supone una duplicidad de esfuerzos y un coste doble.

Después de que hace más de un mes la propuesta fracasara al oponerse el Partido Popular, el cambio de postura de esta formación tras la aceptación por parte de Podemos de una serie de peticiones, ha permitido que haya salido el bono social local.

González, a través de un comunicado, se ha mostrado muy satisfecho con la medida porque "por primera vez se implica a las empresas privadas en la lucha sistemática contra la pobreza energética". En este sentido ha indicado que "se trata de hacernos corresponsables, tanto las administraciones como las empresas, del objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos".

Según el Ayuntamiento de Cádiz, el bono social local beneficiará a unas 2.000 familias y se considera que es menos restrictivo que el estatal, además de que evita que los clientes de Eléctrica se tengan que cambiar de empresa para poder acceder al bono.

El Ayuntamiento explica que el bono social gaditano estará financiado con una donación voluntaria de beneficios de la suministradora de 600.000 euros, cuyos beneficios anuales han oscilado entre los ocho y los diez millones de euros en los últimos años.

Hay que tener en cuenta que en este consejo hay nueve miembros: tres de Endesa, uno de Unicaja, dos del PP, uno del PSOE y otro de Podemos. Al contar el Ayuntamiento con el 55% de la propiedad de Eléctrica de Cádiz, como socio mayoritario de la empresa, tiene la capacidad de aprobar una donación de beneficios para fines sociales si así lo desea.

El alcalde subrayó "el carácter participativo" de esta propuesta en la que "se ha involucrado a la ciudadanía con el objetivo de que desde las administraciones se pueda garantizar que las familias de Cádiz en situación de vulnerabilidad puedan tener asegurada energía y potencia suficiente para tener una vida digna. Ha sido una propuesta elaborada desde la ciudadanía por la ciudadanía".

De este modo explicó que "un hogar no es sólo cuatro paredes, las familias necesitan tener garantizados recursos básicos como la luz y el agua y gracias a este bono social gaditano y al del agua que se aprobará próximamente, podemos garantizar que tengan unas condiciones dignas".

Según el equipo de Gobierno, la propuesta del bono social está avalada por las organizaciones integradas en la Mesa contra la Pobreza Energética y entre ellas se encuentran Cáritas, Cruz Roja, Asociación Pro Derechos Humanos, la Asamblea San Mateo 15M, Mujeres de Acero, Asociación Cardjin, Agaden y la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de Abril entre otras.

A juicio del Ayuntamiento, la necesidad del bono social se deriva de que en la ciudad "el 80% de las familias tienen su suministro con la eléctrica municipal, la cual no puede ofertar el bono social estatal.