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Tribunales

Diputación presenta en el juzgado la demanda contra la Junta por el edificio de la Audiencia Provincial de Cádiz

Fachada de la Audiencia Provincial de Cádiz.

Fachada de la Audiencia Provincial de Cádiz. / Jesús Marín

La Diputación Provincial ha presentado este lunes una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz por lo que entiende que se ha producido un incumplimiento en el convenio de la permuta que sirvió para que entregara los terrenos de la Institución Provincial Gaditana a la Junta de Andalucía para hacer la nueva Ciudad de la Justicia y a cambio, recibía el edificio de la Audiencia Provincial, que se iba a a destinar a oficinas de la Diputación.

Ese fue el objeto del protocolo de intenciones firmado el 18 de febrero de 2002, tal y como refleja la denuncia de la Diputación a la que ha tenido acceso este periódico, y también en una  adenda que se hizo justo un año después.

En ese protocolo lo que se dejaba claro era la urgencia de abordar la construcción de la denominada Ciudad de la Justicia de Cádiz, que debía realizarse en el solar que la Diputación de Cádiz iba a aportar a la permuta "y no en otro".

En esa misma adenda se reflejaron, además, otras cuestiones. Primero que habría que hacer unas valoraciones de los dos bienes y en el caso de que el saldo fuera favorable a una de ellas, debía compensar a la otra.

Una de las cláusulas que se incluyó en esta adenda fue que la Consejería de Justicia y Administración Pública necesitaba seguir haciendo uso del edificio de la Cuesta de las Calesas donde está ubicada la Audiencia Provincial hasta que no se construyera la Ciudad de la Justicia. 

En este sentido, la Diputación asumió el compromiso de arrendar el edificio a la Junta en el caso en el  que pasara a ser de su propiedad.

El saldo de la permuta era a favor de la Junta por un importe de 1.124.284,96 euros, lo que se decidió, tal y como aparece en la denuncia, es que la compensación se produjera con los importes que como arrendamiento tendría que abonar la administración autonómica a la provincial en tanto y en cuanto no se hiciera la Ciudad de la Justicia. Esto lo deja muy claro la Diputación en su demanda, el contrato de arrendamiento se hizo como una fórmula para igualar el desfase que había entre el bien aportado por una y otra institución.

Desde la adenda hasta que se firmó el contrato de permuta transcurrieron cinco años, de manera que éste se firmó el 22 de octubre de 2008. En la misma firma ante notario se hizo un contrato de arrendamiento por cuatro años desde ese día y por importe de 1.124.284,96 euros que era la compensación que debía pagar la Diputación. Lo que se hace es que durante esos cuatro años, la Junta no paga realmente nada sino que la diferencia se compensa con la renta por el uso del edificio de la Cuesta de las Calesas.

En una de las cláusulas también se pactó que en el caso de que la Ciudad de la Justicia no estuviera hecha a los cuatro años, el contrato se ampliará hasta el momento del traslado de los órganos judiciales, pero la Diputación no recibiría renta alguna por ello.

Así, los cuatro primeros años se pagó esa renta compensatoria pero desde el 22 de octubre de 2012 la Junta de Andalucía ha venido ocupando el inmueble de la Cuesta de las Calesas sin pagar renta alguna en estos casi 11 años. 

No sólo eso, sino que tal y como denuncia la Diputación en la demanda: "A día de hoy la Junta aún no ha puesto en servicio una nueva sede para los órganos judiciales en Cádiz ni existe previsión temporal de cuándo se pondrá en funcionamiento".Y no solo eso, sino que además se va a hacer en otro emplazamiento distinto al suelo que cedió la Diputación.

A ello se le une que tampoco se va a hacer en el solar que con tanta urgencia le fue transmitido por la Diputación" y también han visto que en el presupuesto de la comunidad autónoma para 2023 las cantidades destinadas a este proyecto "son meramente testimoniales".

Todo ello ha tenido consecuencias: "La inacción de la Junta de Andalucía ha provocado que desde el año 2012 la Diputación Provincial de Cádiz no haya podido destinar el edificio situado en la Cuestas de las Calesas s/n, a ubicar en él sus oficinas administrativas", por lo que se ha visto obligada "a suscribir contratos de arrendamiento con un altísimo coste".

La Diputación Provincial reclama en la demanda una cuantía de 281.071, 24 euros, que sería el coste de una anualidad de renta de aquí en adelante hasta que ek edificio vuelva a manos provinciales.

Dentro de los fundamentos de derecho de la demanda se dice que desde que finalizó el plazo de cuatro años "queda a la exclusiva voluntad de la Junta de Andalucía continuar con la ocupación del inmueble, pues solamente a ella le compete tener disponible una nueva sede para los órganos judiciales.

Además, hay otra cosa y es que en virtud de los años que han pasado y en los que no se ha abonado renta "se ha alterado el equilibrio de las prestaciones".

El argumento que da la Diputación, según el Código Civil para el contrato de arrendamiento, es que éste viene caracterizado porque la cesión del uso de la cosa arrendada se haga por un tiempo determinado y como contraprestación se establezca un precio cierto. Esto, a su juicio, no sólo resulta de la ley sino que pone de manifiesto numerosa jurisprudencia en este sentido.

De este modo, concluye la Diputación que el hecho de dejar la duración del arrendamiento "a la exclusiva voluntad del arrendatario, como sucedería en el presente caso, conculca la propia naturaleza del contrato".

Los servicios jurídicos de la Diputación entienden que la desaparición de esos dos elementos esenciales, el tiempo y la renta, "convierte el contrato, que las partes han calificado simplemente de arrendamiento, en un contrato de comodato o préstamo de uso, una vez transcurrido el periodo pactado para la compensación de la renta con el precio de la permuta".

El comodato se define como aquel contrato en virtud del cual una de las partes entrega gratuitamente a la otra una cosa no fungible para que se use se ella durante un cierto tiempo y se la devuelva.

Pero va mas allá, y es que el alargamiento indefinido de la situación "ha provocado que la cesión gratuita haya perdido su causa y que la situación posesoria se haya convertido en un precario, que es esencialmente resoluble a la sola voluntad del dueño". Esta se produce "cuando la situación de comodato se alarga temporalmente o queda al arbitrio de la voluntad unilateral del ocupante".

Por ello, la demanda de la Diputación tiene varios grados. La primera de ellas es que sea declarada la relación entre la Diputación y la Junta como precaria, de manera que se pueda resolver en cualquier momento por la Diputación.

En el caso de que el juzgado determine que no se está ante un caso precario sino de comodato, que se fije el plazo de duración del mismo y que no sea indefinido. No obstante, Diputación advierte que la prórroga sin derecho a renta se estableció en el contrato con una clara finalidad transitoria en tanto y en cuanto no se acabaran las obras. Sin embargo esta duración dura 11 años y por ello la Diputación "transmitió el solar de su propiedad a cambio de un edificio del que no puede disponer para su uso ni percibir una renta que compense los gastos que debe afrontar en el alquiler de sus propios edificios administrativos.

Por último, en lo que califican "improbable" caso de que el tribunal determine que sigue habiendo una caso de arrendamiento, pide que se fije un plazo de duración del mismo  y la renta que deberá abonar la Junta, "que debe ser la inicialmente pactada pro actualizada "y todo ello sin perjuicio de que por la Diputación de Cádiz se proceda a la reclamación de las rentas que hubieren podido devengarse en otro procedimiento".

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